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Resumen de noticias para el viernes 23 de septiembre de 2022
P. Rico-Fiona/Presidente Biden se compromete a cubrir todos los gastos de emergencia por un mes e incluye a Mayagüez, Hormigueros y Añasco en declaración de desastre mayor
San Juan, 23 sep (INS).- En conversación con el gobernador Pedro R. Pierluisi, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que autorizó el ciento por ciento de financiamiento federal por un mes para realizar rescates, remover escombros y reestablecer servicios esenciales para continuar atendiendo efectivamente los efectos del huracán Fiona en la isla.
“La recuperación ágil y efectiva para todos los afectados por el huracán Fiona es la máxima prioridad en este momento. El presidente confirmó la aprobación del ciento por ciento de los costos compartidos de emergencia dentro de los primeros 30 días del evento”, comentó Pierluisi.
Agregó que “él y la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Deanne Criswell, confirmaron la inclusión de Mayagüez, Añasco y Hormigueros en la declaración de desastre mayor”.
Y, de hecho, la administradora de FEMA confirmó que más municipios serían añadidos en los próximos días.
Biden comentó que al aprobar la declaración acelerada de desastre mayor para proveer ayuda y asistencia pública, espera que los recursos federales ayuden a la ciudadanía “a reconstruir sus vidas. A la gente de Puerto Rico, que tras cinco años aún se recuperan del huracán María, les digo: estamos con ustedes y no los vamos a dejar solos”.
Mientras, Criswell comentó que “me alegra que el presidente Biden haya aprobado la declaración acelerada de desastre mayor solicitada por el gobernador. Cuando recorrí las zonas afectadas de la isla los dos últimos días, vi de primera mano los daños y el sufrimiento que el huracán Fiona ha causado a tantas familias. Esta declaración de catástrofe permite a FEMA actuar con rapidez y ampliar sus recursos disponibles para proporcionar la ayuda necesaria a los damnificados y a las comunidades”.
Asimismo, el presidente felicitó a los primeros respondedores, incluyendo a los miembros de la Guardia Nacional, porque “si los desastres naturales son traumáticos para la ciudadanía, para ellos también”.
Por eso, recordó que FEMA tiene disponibles servicios de consejería profesional a través de todo Puerto Rico, lo mismo que hace la Agencia de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).
También Pierluisi instó a que tal como se hizo para el huracán María con la aprobación de la Ley de Presupuesto Bipartita de 2018, FEMA pueda financiar proyectos de restauración de infraestructura dañada, garantizando que estas sean construidas de acuerdo con los códigos y estándares de construcción más recientes y con medidas de resiliencia.
Asimismo, Pierluisi urgió a que FEMA active su programa de reparación y construcción de vivienda permanente, al igual que el programa de reparación de emergencia que permitirá que la población afectada pueda permanecer en sus hogares hasta que se realicen las reparaciones permanentes. Otra petición del gobernador fue que permita adelantos de fondos de hasta el 50 por ciento para proyectos de trabajo permanente, como se aprobó recientemente en el programa Working Capital Advance.
Para conocer de primera mano las necesidades de los municipios y de la ciudadanía, el gobernador y la administradora, junto al componente gubernamental, visitaron varios de los pueblos más afectados, como Maunabo, Yabucoa, Salinas, Utuado, Patillas, Aguas Buenas y Ponce.
En un encuentro con la prensa, el gobernador reiteró que no está satisfecho con la cifra de abonados con servicio energético entregado por LUMA Energy, que asciende a 38%.
“No estoy satisfecho. Quiero que eso aumente significativamente. Tengo que exigirle a LUMA y Energía Eléctrica y les tengo que poner metas agresivas. Yo quiero que hoy gran parte de la población, es decir, yo quería que eso pasara ayer, pues que pase hoy”, recalcó.
Cuando se le preguntó si entendía que le habían mentido, el primer ejecutivo dijo: “Yo no voy a entrar en ese tipo de juicio. Para qué. No le veo propósito alguno. Los tengo que tener motivados. Motivados a responder. Los tengo que tener con unas metas agresivas, porque de otra manera no tendremos resultados. Ese es mi rol como gobernador”. INS
P. Rico-Fiona/Alcaldes asociados exigen que todos los municipios afectados sean incluidos en la declaración de emergencia: “No aceptaremos discrimen contra nadie”
San Juan, 23 sep (INS).- El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, reaccionó ayer a las denuncias de que no se está tratando con igualdad a todos los municipios afectados en la isla por el paso del huracán Fiona.
“Recibimos información de un oficial de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) acerca de que la decisión de incluir a sólo 55 de los 78 municipios en la asistencia individual para personas afectadas por el huracán Fiona se basó en la solicitud que hizo el gobierno de Puerto Rico, y eso es inaceptable”, señaló el también alcalde de Villalba.
Hernández expresó que la posición del gobierno es que solicitó asistencia individual y pública para los 78 municipios de la isla, como parte de la petición para que el presidente Joe Biden declarara una zona de desastre mayor tras el azote del huracán Fiona.
Así lo confirmó el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy Rivera: “La métrica de 10 pulgadas de lluvias que provee el National Weather Service fue una determinación del gobierno federal para evaluar la inclusión de los municipios en la declaración por desastres, y no del COR3, como ha trascendido erróneamente. El gobierno de Puerto Rico solicitó la declaración por desastres para los 78 municipios”.
Hernández cree que “aquí hay un choque de declaraciones conflictivas. Nuestra posición es que todos los municipios deben ser incluidos, tanto para ayuda comunitaria como para ayuda individual. Ya tenemos la amarga experiencia de la llamada recuperación post María y estamos abogando por Puerto Rico completo. No aceptaremos discrimen contra nadie”. INS
P. Rico-Fiona/Organizaciones apoyan la continuación de litigios y piden cancelación de la deuda de la AEE
San Juan, 23 sep (INS).- Debido a la nueva crisis energética provocada por el huracán Fiona, la coalición de organizaciones Queremos Sol y el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda apoyaron ayer poner fin a las negociaciones con los acreedores, junto a solicitar la cancelación de la deuda en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como única vía para contar con los recursos que aseguren la estabilización y transformación del sistema eléctrico puertorriqueño.
“Ante la crítica situación que enfrenta el país con su sistema eléctrico desde el huracán María (en 2017) y ahora con Fiona, y la precaria realidad económica de la corporación pública, lo sensato es cancelar su deuda como expertos en finanzas han recomendado”, declaró Myrna Conty, portavoz de Queremos Sol.
Estableció que “no se pueden aceptar acuerdos bajo los parámetros que los bonistas pretenden imponer, que solo buscan aumentar el costo de la luz para garantizar el pago total de sus bonos”.
“La negociación con los bonistas no es la única vía; debe retomarse el litigio que cuestiona los derechos de cobro de los bonistas”, recalcó Conty.
En tanto, la abogada Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, remarcó que “desde el día uno hemos expresado que los bonos de la AEE son deuda no asegurada y que no gozan de ningún privilegio en pago por encima de los costos operaciones y el sistema de pensiones, ni los bonistas tienen derecho sobre los activos de la corporación pública”.
“La lucha en los tribunales ahora evita litigios futuros por nuevos impagos, aumentos en la factura y más costos a largo plazo”, añadió Prados Rodríguez.
Expertos en el tema, como el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA), con base en Ohio, han recomendado que la respuesta correcta para la AEE es no repagar su deuda en bonos y que sean las aseguradoras y otros intereses financieros los que respondan a los bonistas.
Luego de tres intentos fallidos de procesos de negociación voluntaria con los bonistas, la ruta correcta es cancelar la deuda para poder darle a la corporación pública un respiro que le permita enfocarse e invertir sus recursos en la recuperación del sistema eléctrico.
Por otro lado, nuevos aumentos en la tarifa para el pago de la deuda puede tener impactos demoledor en el bolsillo de la gente y la población más pobre de Puerto Rico que podría terminar dedicando cerca del 42 por ciento de sus ingresos para el pago de electricidad.
De igual forma, esta deuda no ha sido auditada y los informes pre-auditoría señalan irregularidades en esas emisiones, deuda emitida ilegalmente por la corporación y préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó, en la madrugada del 17 de septiembre de 2022, una moción urgente para dar por terminada la mediación y establecer un itinerario de litigio, sin dejar de negociar con las partes, dado a que el equipo de mediación no ejerció su prerrogativa de extender la mediación.
Ayer jueves, tras recibir el informe del equipo de mediación, el tribunal federal de quiebras ordenó que se someta una nueva propuesta para continuar el proceso.
“Tampoco podemos bajar la guardia. El tribunal favorece la mediación y la experiencia en el pasado ha sido que se puede presentar un nuevo acuerdo en cualquier momento”, aclaró Prados Rodríguez.
La letrada expuso que “es indispensable” que la Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro R. Pierluisi actúen de forma proactiva en defensa de los mejores intereses del pueblo puertorriqueño.
La coalición Queremos Sol está compuesta por diversas organizaciones ambientales, laborales y comunitarias, entre las que se encuentra Cambio, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Sierra Club, Comité Diálogo Ambiental, El Puente y la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración. INS
P. Rico-Fiona/Fiscalía federal pide denunciar por sospechas de fraudes relacionados con la ayuda por el huracán
San Juan, 23 sep (INS).- El fiscal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, instó ayer a la ciudadanía a denunciar las sospechas de fraudes relacionados con las operaciones de ayuda por desastre y la financiación federal para las víctimas del huracán Fiona.
Para eso, está habilitada la línea directa del Centro Nacional de Fraude por Desastre (NCDF), en el 1-866-720-5721 o en el portal en línea del NCDF para las denuncias en https://www.justice.gov/disaster-fraud/webform/ncdf-disaster-complaint-form .
“En coordinación con nuestros socios federales y locales encargados de la aplicación de la ley, la Fiscalía federal investigará y perseguirá los esquemas de fraude en las ayudas por el huracán. La línea directa de la NCDF puede recibir e introducir denuncias en un sistema centralizado al que pueden acceder todos los fiscales de Estados Unidos, así como los componentes de litigación y aplicación de la ley del Departamento de Justicia para identificar, investigar y perseguir los esquemas de fraude”, afirmó.
El fiscal Muldrow también advirtió a “aquellos individuos y organizaciones sin escrúpulos y depredadores que utilizan este trágico evento para aprovecharse de los necesitados y que buscan beneficiarse ilegalmente de este desastre natural a expensas de los residentes de Puerto Rico”.
Advirtió que a los delincuentes “se les perseguirá agresivamente, incluyendo a aquellos que para enriquecerse intenten deliberadamente retrasar o interrumpir la entrega de suministros básicos a los necesitados, incluyendo agua, gasolina, combustible diésel y otros materiales”.
“El fraude en las catástrofes y los actos de corrupción conexos perjudican a quienes más lo necesitan en el momento de mayor necesidad. Esto debería sacudir la conciencia de todos y mover a cualquier persona que sea testigo de tales actos a la acción inmediata”, dijo el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en San Juan, Joseph González.
Algunos ejemplos de esquemas de fraude relacionados con el desastre incluyen:
- Suplantación de funcionarios de las fuerzas del orden federales.
- Robo de identidad.
- Presentación fraudulenta de reclamaciones a las compañías de seguros y al gobierno federal.
- Actividad fraudulenta relacionada con la solicitud de donaciones y obras de caridad.
- Actividad fraudulenta relacionada con individuos y organizaciones que prometen altos rendimientos de inversión a partir de los beneficios de los esfuerzos de recuperación y limpieza.
- Exageración de precios.
- Robo, saqueo y otros delitos violentos.
Se recuerda a los ciudadanos que deben tener una mirada crítica y actuar con la debida diligencia antes de hacer contribuciones a cualquier persona que solicite donaciones en nombre de las víctimas de la catástrofe. Las solicitudes pueden provenir de correos electrónicos, sitios web, colectas puerta a puerta, envíos por correo, llamadas telefónicas y otros métodos similares. INS
P. Rico-Fiona/Rivera Lassén solicita al secretario de Agricultura que extienda plazo para que agricultores reporten daños y reciban beneficios del seguro de inversiones
San Juan, 23 sep (INS).- La senadora Ana Irma Rivera Lassén, portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana, solicitó ayer al secretario de Agricultura, Ramón González, que extienda el plazo que tienen los agricultores para reportar sus daños y enviar la declaración post pérdida que activa el seguro en protección de sus inversiones.
La Ley 166 del 11 de agosto de 1988 estableció la Corporación de Seguros Agrícolas para proveer seguros que protegieran la inversión de los agricultores, de las instituciones crediticias que financian empresas agrícolas y las que hace el gobierno en la agricultura a través de programas de incentivos.
La ley fue enmendada por la ley 99 de 2 de julio de 2002 para requerir un seguro obligatorio a los agricultores que reciben subsidios estatales. No obstante, la activación de esta cubierta exige que los agricultores completen un formulario denominado declaración post pérdida (CSA-PR-122, rev. 03/2022) y lo envíen por correo certificado dentro de 48 horas a partir del descubrimiento del daño o del restablecimiento de las comunicaciones, y no más tarde de cinco días de haber ocurrido los daños.
“Cumplir con tan corto plazo es claramente imposible para muchos de nuestros agricultores, que todavía no han podido llegar a sus tierras por estas haber quedado gravemente saturadas por las lluvias. El plazo máximo de cinco días está a punto de vencer, por lo que exigimos al secretario que lo extienda inmediatamente para que no vayan a perder los beneficios que les provee la póliza de seguro”, explicó la senadora. INS
ndc