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El fiscal Wilson Camacho. / Inter News Service
Santo Domingo, 15 sep (INS).- La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, ordenó el mantenimiento en prisión preventiva de siete acusados del entramado de corrupción administrativa denominado Coral y Coral 5G, en el que están involucrados varios generales, coroneles y otros militares de altos rangos.
La decisión fue asumida durante el conocimiento de revisión obligatoria de la medida de coerción que culminó el pasado año en la privación de la libertad de los implicados que se encuentran recluidos en la cárcel de Najayo de la provincia San Cristóbal (región Sur).
La magistrada Rivas consideró que los encartados representan peligro de fuga para los procesos penales venideros.
La ordenanza jurídica fue ratificada contra la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez y el general Julio Camilo de los Santos Viola, de la Fuerza Aérea Dominicana, vinculados a los citados hechos delictivos que involucran a policías y militares.
La misma decisión pesa contra Tanner Flete Guzmán, hijo de la predicadora, que también había solicitado una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario.
Al general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el coronel Franklin Mata Flores, de la Armada Dominicana, y a José Manuel Rosario Pirón también les fue ratificado el confinamiento retentivo.
El coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, considerado por el Ministerio Público como el cerebro del alegado entramado de corrupción Coral, también fue dejado tras las rejas.
Con relación al cabecilla de la supuesta red, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, su conocimiento de revisión fue aplazado a solicitud de las partes y será visto más adelante. Este oficial fue el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) en el mandato del gobernante Danilo Medina Sánchez (2012-2020). La próxima revisión obligatoria de todos los justiciables será el 14 de diciembre.
Los señalados formaban parte de un grupo de generales y de otros oficiales de distintas instituciones castrenses sometidos por cometer acciones ilícitas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hechos que se han denominado Coral y Coral 5G y con los cuales se habría estafado al Estado con más de cuatro mil millones de pesos (más de 74 millones de dólares).
En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista y Julio Camilo de los Santos Viola; Además, el capitán de navío, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
También, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. En ambos procesos, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 individuos, 30 personas físicas y 18 jurídicas.
Al concluir la audiencia de revisión de la medida cautelar, el fiscal Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indicó que existen peligros de fuga para tutelar las demás etapas del proceso, razón por la que la magistrada Rivas decidió mantener la prisión.
“Nosotros construimos los casos para que puedan resistir cualquier embate. Esperamos que el tribunal se coloque a la altura”, manifestó.
La investigación del caso Coral, iniciada en el 2020, sobre el supuesto entramado de corrupción militar, religioso y policial que era utilizado para sustraer fondos públicos de los cuerpos de seguridad, fue cerrado con 31 personas acusadas.
Según dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, estas personas y empresas incurrieron en lavado de activos y otros crímenes, e incrementaron sus patrimonios con dinero sustraído del erario.
Establece que el “entramado criminal, aprovechando sus funciones, su cercanía y apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, cometió una serie de acciones que se subsumen en tipos penales graves”.
Se les atribuye incurrir en los delitos de corrupción, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, testaferrato, estafa y otros delitos contra el Estado. INS
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