P. Rico-Asociación de Industriales cree que situación de LUMA y la AEE retrasa el desarrollo económico del país

San Juan, 15 sep (INS).- La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Yandia Pérez, dijo hoy que “con energía cara, ineficiente y sucia no puede haber desarrollo económico”, en relación a la situación que enfrentan actualmente LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La dirigente se manifestó durante la tercera vista pública convocada por la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador Javier Aponte Dalmau, mediante la Resolución del Senado 588 para investigar el contrato de LUMA.

Pérez señaló que “así no puede haber promoción industrial ni desarrollo económico sostenible”, y explicó que el incumplimiento de LUMA con el mandato de Ley y de la AEE de marginar los mandatos de la Ley 17, “además se une a una ineficiencia operacional de parte de LUMA que también pretende marginar la Ley 17. Este planteamiento no son meras expresiones generales”.

Añadió que “el efecto del colapso AEE/LUMA se manifiesta en un servicio poco confiable, inestable y de alto costo. Esto es una receta para impedir el desarrollo socioeconómico con el cual está comprometido el país y en particular la AIPR y su membresía”.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, quien estuvo acompañada de José Pou y José Feliciano, miembros de la Asociación, destacó que las nuevas leyes 57 de 2014 y 17 de 2019 establecen parámetros claros de eficiencia energética, establecen el desarrollo de la implantación de la energía renovable llegando al 100 por ciento en el 2050, abre y ordena al sistema a interconexión de energía distribuida, micro y minigrid, establece el Wheeling, manejo de demanda de energía siendo estos otros derechos/deberes de los consumidores.

También la deponente sostuvo que nadie está a cargo de la supervisión de LUMA. “Esta situación antes señalada se complica porque la ‘supervisión de LUMA’ está fraccionada y el resultado es que nadie está a cargo. Ni la AEE ni la APP ni AFFAF ni COR3. En fin, repetimos: nadie está a cargo. Por lo tanto, la responsabilidad tiene que recaer en cuanto a la ejecución ejecutiva en el gobernador”.

Para Aponte Dalmau, “esta vista con la Asociación de Industriales ha sido esencial. Los puntos que ellos han traído como entidad privada, como entidad independiente, han definido específicamente los defectos en el lenguaje de este contrato y, por primera vez, se reconoce aquellas áreas en el contrato donde LUMA con toda probabilidad está logrando el mayor incumplimiento”.

Añadió que “es la primera ponencia que reconoce asuntos de la mitigación de los fondos de recuperación del huracán María y que en esta área ha sido a través de dilemas entre la AEE y LUMA quienes han encontrado el mayor problema a través del COR3 y FEMA para el cumplimiento de estas mejoras. Además de las áreas donde el contrato debe evaluarse y modificarse”.

Aponte Dalmau preguntó por qué no llegaron las principales empresas norteamericanas de energía a participar de la subasta para el contrato de transmisión y distribución de energía.

A lo que Pérez respondió que no tiene las razones, pero dijo “es preocupante que siendo nosotros el segundo sistema energético más grande de Estados Unidos no vinieran empresas de la más alta calidad a la isla”. También expresó que las condiciones en el país no son atractivas para estas empresas, porque el equipo está obsoleto. Igualmente, a preguntas del senador sobre si le parece que esto ha sido sospechoso, la deponente respondió que es cuestionable.

Sobre el contrato, Pérez mencionó que es pobre en su redacción y padece de serios defectos. A manera de ejemplo, detalló que la distribución de riesgos es absolutamente desbalanceada entre la AEE y a favor de LUMA; la inmunidad de LUMA por los daños que cursa su negligencia; la falta de controles adecuados para el “pass through” de costos de las propias afiliadas de LUMA y la absoluta falta de estructura de supervisión de la operación de LUMA tanto en la AEE como en la APP; entre otros factores.

A su vez, Pérez presentó recomendaciones para atender el problema de manera inmediata, como establecer un plan ordenado y técnicamente viable para reemplazar el retiro de plantas de generación del sistema; establecer acciones para integración de nueva capacidad/tecnología para garantizar abastecimiento de la demanda de manera confiable, económica y técnicamente sostenible.

Además de coordinar con las agencias para contar sistema de gestión de permisos que permita la integración de nuevos proyectos de energía de manera expedita; y establecer un plan y fondos para contar con un sistema transmisión y distribución más efectivo.

“Cada vez que se atrasa la implantación de la Ley 17, cada vez que no se hace una interconexión, cada vez que se arrastran los pies para aprobar producción privada y producción de los propios industriales y comerciantes, es un impedimento más al desarrollo económico, a la promoción económica y a la calidad de vida en Puerto Rico”, puntualizó. INS

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