Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 13 de septiembre de 2022
P. Rico-Senado pasa por encima a veto del gobernador Pierluisi para aumentar salario mínimo a empleados públicos
San Juan, 13 sep (INS).- El Senado de Puerto Rico avaló con 18 votos a favor pasar por encima del veto del gobernador a la medida que busca establecer la “Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de establecer un nuevo salario base de $10.50 la hora, de manera escalonada.
El Proyecto del Senado 563, que fue visto en su reconsideración, dispone que el primer día del mes próximo de la aprobación de esta Ley, se aumentará el salario mínimo de los Empleados Públicos a $8.50 la hora. Para el 1 de julio de 2023, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $9.50 la hora.
Mientras, el 1 de julio de 2024, el aumento al salario mínimo de los empleados públicos será de $10.50 la hora, a menos que la Comisión emita un Decreto Mandatorio variando el mismo. Además, del 1 de julio de 2024 en adelante, el salario mínimo de los empleados y empleadas públicos será aquel establecido por la Comisión.
El Alto Cuerpo también aprobó el Sustitutivo de la Cámara al Proyecto de la Cámara 1063, que propone crear la “Ley especial para acelerar los procesos para otorgar títulos de propiedad bajo el Programa de Autorización de Títulos adscrito al Departamento de la Vivienda”, para que a través de un trámite expedito se pueda obtener la titularidad de los terrenos de estructuras damnificadas por fenómenos naturales y las respectivas situaciones de emergencia que éstos provocaron.
El portavoz por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, llamó la atención de que “aunque es necesario buscar alternativas, no estamos hablando de procesos iguales, este proyecto claramente define las guías por las que (se debe facilitar otorgar los títulos de propiedad); esto no puede ser en el futuro la idea, nadie debe utilizarlo como proceso para establecerlo” aclarando que esto se daría sólo en situaciones de emergencias.
También se expresó a favor de la medida, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, al sostener que “me parece que en el informe de la medida cuenta la necesidad de que las personas deben tener un techo para vivir…”
“La medida no cuenta con todo lo que debería, pero ayuda… vemos que establece que hace falta hacer un proceso expedito, flexible y medidas de carácter temporero, este proyecto muestra que hace falta mirar todo lo que tiene que ver con las leyes registrales y de notarial”, sostuvo la senadora de Victoria Ciudadana.
Igualmente, fue aprobado el Proyecto del Senado 686 de la autoría de Aponte Dalmau para añadir nuevos incisos a la “Ley del Procurador de Ciudadano (Ombudsman)”, a los fines de ordenar la limitación de participación en actividades político- partidistas a la Procuradora o Procurador del Ciudadano (Ombudsman).
Aponte Dalmau mencionó que la lista debe ser mucho más amplia de funcionarios que ejercen función de política pública que no deben participar de actividades político-partidistas.
“Hay unas áreas grises de unos funcionarios si en realidad hace una determinación extraordinaria…hay que mirar ese principio de la mera apariencia para determinar si se debe participar de una actividad partidista… debemos llevar un mensaje contundente de que todo aquel que tenga que ver de manera directa en decisiones de política pública, no debe participar de ninguna actividad político partidista”, sostuvo.
El senador independiente José Vargas Vidot expresó que “me parece que esta medida es acertada; hace tiempo debemos buscar la manera de que en vez de hablar de transparencia se convierta en acción… hay personas que no deben estar metidos en la politiquería debido al desempeño de sus labores”.
Por otro lado, se avaló el Proyecto del Senado 681 presentado por petición mediante el senador del distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera, para crear la “Ley para el Cernimiento y Diagnóstico de la Hepatitis C en Puerto Rico”, a los fines de establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la erradicación del virus de la hepatitis C para el 2030.
También, se le dio paso al Proyecto el Senado 338 de la senadora Keren Riquelme Cabrera, del Partido Nuevo Progresista (PNP), para que la página de internet del Departamento de Estado provea para que las personas no videntes puedan tener acceso, de manera sencilla, a las leyes, reglamentos y resoluciones aprobadas en formato de audio, y para otros fines relacionados.
Por otra parte, fueron aprobados los Proyectos del Senado 761 y 904; los Proyectos del Senado en su reconsideración 150, 459, 582 y 891; la Resolución Conjunta del Senado 6 y 257; la Resolución del Senado 654; el Proyecto de la Cámara 995, 1194; la Resolución Conjunta 69 y 136.INS
P. Rico-Incumple Vivienda desembolso de fondos para agricultores del programa ReGrow
San Juan, 13 sep (INS).- El Departamento de la Vivienda confirmó ayer, lunes, que el Programa Renacer Agrícola (ReGrow) ha desembolsado $16.6 millones en asistencia de los fondos CDBG-DR correspondiente a 252 casos, una métrica significativamente inferior a la meta de atender un promedio de 150 casos mensuales propuesta hace un año.
Por tal razón, la agencia indicó a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes que el pasado julio estableció un método alterno junto al Departamento de Agricultura para agilizar el proceso de evaluación de las solicitudes, aunque el acuerdo de subrecipiente suscrito el 8 de noviembre de 2021 aún sigue vigente.
“El Departamento de Agricultura está cumpliendo con el acuerdo. No necesariamente son los números que nos gustarían ver, pero sí está cumpliendo con el acuerdo porque están haciendo su trabajo”, expresó Maytte Texidor, secretaria asociada del programa CDBG-DR, durante una vista pública para actualizar los datos sobre el manejo de ReGrow.
“Lo cierto es que estamos tratando de que se agilice el proceso de desembolso para que ese dinero pueda llegar a las manos de los agricultores”, abundó.
Según Vivienda, hay cerca de $3.9 millones en etapas dirigidas al desembolso de los fondos CDBG-DR, lo que equivaldría a 60 agricultores adicionales asistidos.
De igual forma, al 9 de septiembre de 2022 el Programa ReGrow tenía 2,757 casos activos. De este total, 1,239 habían pasado por el proceso de evaluación de elegibilidad, el cual ha resultado en 1,079 solicitudes elegibles y otras 160 no elegibles.
Otras 1,518 solicitudes están siendo evaluadas de acuerdo con los criterios de elegibilidad definidos en las guías del programa, así como su cumplimiento con las regulaciones federales y locales.
“Realmente aquí, al final, no hemos adelantado casi nada desde que comenzaron estas vistas. Y los casos que han salido son por las vistas, a consecuencia del trabajo de la comisión, porque, si no, nadie recibe (las subvenciones) o no tendríamos conocimiento ninguno de dónde están los 92 millones (de dólares)”, manifestó el representante Jorge Rivera
Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura y quien destacó la “desesperación” que existe entre los agricultores del país.
“No le estamos dando las herramientas a los agricultores de poder tener la única oportunidad -porque estos fondos no se van a repetir- de restablecer sus fincas… No hay manera de (garantizar) seguridad alimentaria de esa manera. No existe ni existirá en este país”, agregó el legislador popular.
Durante la audiencia pública, Texidor confirmó a preguntas de Rivera Segarra que del presupuesto de $92 millones para ReGrow se han destinado partidas para los gastos administrativos de las cinco compañías subcontratadas para el manejo del programa.
La letrada no pudo brindar una cantidad oficial, por lo que deberá entregar la información a la comisión cameral durante los próximos cinco días laborables. Además, la portavoz de Vivienda reconoció que, como resultado de estos pagos administrativos, los agricultores elegibles a ReGrow pudieran recibir una subvención menor a la que les corresponde.
Texidor explicó que los fondos del programa estarán disponibles hasta septiembre de 2026, pero la expectativa es que antes de diciembre de 2025 todos los programas y casos estén finalizados. Hasta el momento, aún quedan 1,496 solicitudes que esperan ser evaluadas para determinar su elegibilidad.
“En esta investigación lo que hemos podido ver es cómo la manera en que se diseña el programa hace que la consecuencia final es que, de esos fondos, lo que llega a la persona que se supone que sea beneficiada son unas gotitas”, impugnó la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.
“Realmente, los fondos federales de todo el proceso de recuperación están hechos para beneficiar a las compañías que están antes de la persona beneficiada. Y eso es horrible”, dijo la legisladora.
Texidor igualmente aceptó que las guías del programa han sido enmendadas en cinco ocasiones con el fin de “ajustarse a las realidades” para atender controversias en ciertos casos individuales.
Ejemplo de uno de esos casos fue el de una empresa agrícola puertorriqueña en la que uno de sus socios reside en Estados Unidos y, tras determinar que la finca cumple con los objetivos del programa, se enmendó la guía para que pudiera ser elegible.
Rivera Segarra también solicitó la entrega del listado de agricultores y entidades agrícolas que han recibido las subvenciones hasta la fecha. Al ser cuestionada si algún familiar del secretario de Agricultura ha recibido los fondos del programa, Texidor dijo no tener conocimiento.
“A mí me choca visualizarme en mi mente la estructura del andamiaje que han hecho para poder llegar a sacar un cheque… Yo puedo entender, tal vez, que son procesos, pero llevamos cinco años de María; cinco enmiendas a las guías”, puntualizó el representante.
“Se ha gastado más dinero en administración, que en el dinero otorgado a los agricultores. Es una falta de respeto al país y a nuestros agricultores que llevan esperando tanto tiempo”, señaló. INS
P. Rico-Anexionistas marcharán el miércoles por calles de la capital de Estados Unidos para urgir la aprobación del HR-8393
San Juan, 13 sep (INS).- Militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y de otras organizaciones que impulsan la anexión de Puerto Rico, marcharán mañana miércoles, 14 de septiembre, a través de varios sectores de Washington para reclamar la aprobación del HR-8393, una medida bipartida —republicanos y demócratas— dirigida a viabilizar una consulta de estatus en esta isla del Caribe.
La iniciativa de la senadora Keren Riquelme, junto al representante José Aponte Hernández, que anunció entre los líderes del PNP confirmados a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; el secretario general del PNP, senador Carmelo Ríos, el representante José Enrique Meléndez, así como los legisladores Ángel Morey, José Che Pérez y Georgie Navarro, entre otros.
“El HR-8393 es el instrumento que tenemos en estos momentos para romper con las cadenas de la inmoral colonia, con el actual estatus que nadie quiere y que nos condena a la pobreza”, dijo Riquelme.
La senadora afirmó que “esta marcha surge para enviar un contundente e inequívoco mensaje al Congreso, que Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos desde finales de la Guerra Hispanoamericana de 1898, quiere la igualdad de derechos para sus ciudadanos; queremos la aprobación del HR-8393, el cual ya cuenta con 38 coautores, lo antes posible”.
También asistirán los denominados delegados congresionales Zoraida Buxo, María “Mayita” Meléndez y Roberto Lefranc Fortuño.
“Es necesario traer a la atención de los congresistas para que completen el trámite de aprobación del HR-8393 que le provee a los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico la oportunidad de expresarse sobre la solución final del problema centenario del territorio, de la colonia”, señaló Aponte Hernández.
Refirió que aquellos que no puedan participar físicamente, que lo hagan con su expresión de manera virtual a través de las redes sociales.
“Hemos dialogado con varios congresistas, tanto demócratas como republicanos, y habrá sorpresas el miércoles. El apoyo por la estadidad, por la justicia para nuestra gente está creciendo. Como nunca, en la capital federal. El miércoles será otra señal de ese vertiginoso crecimiento”, apuntó la senadora Riquelme.
La marcha está pautada para las 10:00 de la mañana del miércoles, 14 de septiembre, y tiene como punto de salida el área norte del Capitolio federal, en la zona del Visitor Center, y culmina en el área de los veteranos de Puerto Rico en el Monumento de la Segunda Guerra Mundial, localizado en el National Mall.
La expresión a favor de la igualdad de derechos para los ciudadanos norteamericanos que residen en la Isla también cuenta con el apoyo de diversas entidades, como Puerto Rico Statehood 51 y Puerto Rico Escogió Estadidad.
Por otro lado, un considerable grupo de veteranos también viajará a la capital estadounidense para, además de reclamar la aprobación de la medida, rendir tributo a los soldados puertorriqueños que perecieron en la Segunda Guerra Mundial. INS
P. Rico-La Cámara le exige al Negociado de Energía que verifique las métricas de cumplimiento entregadas por LUMA
San Juan, 13 sep (INS).- Los representantes Rafael Hernández Montañez, Luis Raúl Torres Cruz y José Rivera Madera sometieron la resolución 822, que le requiere al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que investigue la veracidad de los datos presentados por LUMA Energy respecto al cumplimiento del 84 por ciento de las métricas de desempeño estipuladas en el contrato.
En una vista pública celebrada el pasado lunes, los directivos de las agencias encargadas de fiscalizar el contrato con LUMA -el NEPR, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)- admitieron que no cuentan con el personal suficiente ni con el peritaje requerido para supervisar el contrato, y que no habían preparado el plan de acción para la supervisión y manejo del contrato.
Esto, según lo ordena la sección 8 de la Ley 120-2018, que indica que debía ser redactado por esas tres dependencias.
“Es inaceptable que, a casi año y medio de la entrada en vigor de este acuerdo, el gobierno solo tenga un borrador para fiscalizar a LUMA. Es por eso que le estamos exigiendo al NEPR que certifique la veracidad de los datos presentados por LUMA, para evidenciar el incumplimiento de la empresa con las métricas pactadas”, expresó Hernández Montañez, presidente de la Cámara.
Asimismo, los funcionarios del Ejecutivo no pudieron contestar cuántos empleados tiene LUMA, ya que mientras en redes sociales el consorcio dice contar con sobre tres mil empleados, al NEPR le informa que tiene entre 1,200 y 1,300, y el director de la AAPP, Fermín Fontanés, aceptó que no ha corroborado si los datos que LUMA le entregó son los mismos que la empresa le proveyó a la Cámara.
“En la vista pública quedó evidenciada la incompetencia y la negligencia de esta administración, que se ha rehusado a fiscalizar a LUMA y a exigirle que cumpla con las métricas del contrato. El propio Fontanés admitió que LUMA continúa sin supervisión y haciendo su voluntad, aun cuando sus actos pueden constituir un incumplimiento con el contrato”, aseveró Torres Cruz, presidente de la Comisión de Energía.
Igualmente, el NEPR, la AAPP y la AEE desmintieron que los fondos federales asignados a la reconstrucción del sistema eléctrico estén condicionados a que LUMA sea la encargada de administrar la red eléctrica, ya que los fondos solo están disponibles para entidades gubernamentales o instituciones sin fines de lucro, de acuerdo con el Stafford Act.
En tanto, Rivera Madera cuestionó la “dejadez” del NEPR, que no ha impuesto multa alguna por incumplimiento a LUMA y solo le ha cursado advertencias, y su presidente, Edison Avilés Deliz, aceptó que las métricas son provistas por el consorcio y que el NEPR no ha corroborado su veracidad.
“No permitiremos que, mientras todos los puertorriqueños sufrimos las consecuencias provocadas por los apagones e interrupciones de servicio de LUMA, esta empresa continúe por la libre y sin cumplir con sus responsabilidades, por lo que el NEPR tiene la obligación de certificar la veracidad de su supuesto cumplimiento”, precisó Rivera Madera.
Torres Cruz agregó que “es la falta de supervisión por parte de la AAPP y, en menor medida, la fiscalización insuficiente por parte del NEPR respecto al desempeño de LUMA, lo que ha resultado en la crisis energética que vivimos hoy”.
El presidente cameral reiteró que la Cámara continuará fiscalizando a LUMA y exigiéndole resultados, mientras trabajan para lograr la cancelación del contrato y reformar el sistema eléctrico de Puerto Rico.
La resolución de la Cámara 822 le requiere al NEPR que, antes del 10 de octubre, provea ante la Secretaría de la Cámara de Representantes un informe que contenga los hallazgos de investigación sobre la veracidad de los datos que presenta LUMA Energy al NEPR con relación al supuesto cumplimiento del 84% de las métricas de desempeño, según establecidas por el Negociado. INS
P. Rico-Censuran expresiones del presidente de la Federación de Béisbol contra cuatro periodistas a quienes deseó la muerte
San Juan, 13 sep (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), el Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico (Apdpur) rechazaron hoy las expresiones vertidas por el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), José Quiles Rosas, quien “de manera destemplada les deseó la muerte a cuatro periodistas del periódico El Nuevo Día a raíz de un artículo sobre el nombramiento del dirigente del combinado nacional en el Clásico Mundial de Béisbol”.
En entrevista telefónica con Cucuito Pizarro para el programa “Foro deportivo” en la emisora Victoria 840 AM, Quiles mostró su desagrado por un artículo firmado por el periodista Antolín Maldonado en el que se dio a conocer que Quiles había llegado a un acuerdo con el jugador de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, Yadier Molina, para que dirigiera el equipo, sin que el gerente general de la novena, Eduardo Pérez, lo supiera.
La situación provocó que Pérez anunciara este ayer lunes al cargo al que había sido nombrado el 7 de julio debido a “diferencias con el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles Rosas, en asuntos muy importantes con relación a la confección del equipo”.
En la entrevista, Quiles menospreció el trabajo de Maldonado y de los colegas Rubén Rodríguez, Carlos Rosa y Esteban Pagán, al aducir que tienen una agenda en contra suya y del trabajo que ha realizado al frente de la FBPR.
En un momento de la conversación, Quiles señaló: “Cuando yo abro el periódico El Nuevo Día, la primera parte que yo voy a ver, ¿tú sabes cuál es? las esquelas, y puede ser que en algún momento vea los nombres de ellos en las esquelas”.
La Asppro, el OPC y la Apdpur condenaron las declaraciones. “El lenguaje inflamatorio utilizado por Quiles en diálogo con un cronista deportivo pone en peligro la vida y la seguridad de los colegas y eso es impermisible. Discrepar de lo que se reporta en los medios no le da derecho a nadie a insultar y menospreciar el trabajo de profesionales de primer orden”, señala el escrito.
Agrega que “la libertad de expresión y de prensa es un derecho fundamental altamente reconocido. Podemos diferir en criterios. En lo que no estamos de acuerdo es en que se utilice un lenguaje ofensivo para intimidar, atropellar o menospreciar la libertad de prensa”.
De igual manera, la Asppro, el OPC y la Apdpur esperan que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) intervenga “en esta penosa situación provocada por un presidente federativo que pertenece al ente deportivo nacional”. INS
ndc