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Resumen de noticias para el miércoles 7 de septiembre de 2022
P. Rico-Comisión de Salud del Senado ordena a la ASEM y al Colegio de Médicos comparecer a vista pública so pena de desacato
San Juan, 7 sep (INS).- Durante una vista pública de la Comisión de Salud del Senado sobre la crisis en los servicios médicos, el presidente de la comisión, senador del Partido Popular Democrático (PPD) Rubén Soto Rivera, ordenó a la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y al Colegio de Médicos Cirujanos comparecer la próxima semana so pena de desacato.
Al inicio de la audiencia, Soto Rivera se expresó sorprendido por la ausencia de ambos organismos, a pesar de la importancia del tema de la crisis en los servicios de salud. El senador explicó que, pese a que el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, confirmó su asistencia, fue excusado, al igual que Jorge Mata, director ejecutivo de ASEM, quien también se excusó de los trabajos.
“La situación que hay en el país es crítica. Los médicos día a día se van, los empleados no están recibiendo un salario digno, y hay dinero de sobra, lo que pasa es que no está llegando a donde tiene que llegar. No me temblará la mano en actuar para que el gobierno y las entidades le den la cara al país con soluciones”, puntualizó Soto Rivera.
La vista se realizó en torno a la Resolución del Senado 146, que busca investigar la prestación de servicios de salud en Puerto Rico y la crisis en estos servicios.
Pese a la ausencia de los directivos de ASEM y del Colegio de Médicos, el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, comenzó su ponencia describiendo las condiciones de trabajo y los salarios que reciben los empleados en el sector de la salud.
“Ninguno de ellos gana, en la actualidad, el salario que merece ni tiene las condiciones de trabajo idóneas para laborar y sentirse plenamente satisfecho y realizado”, expresó Guzmán López.
A preguntas de Soto Rivera sobre las áreas más significativas en la salud que se deberían priorizar, el presidente de UGT respondió que el sistema de salud agoniza en su totalidad, aunque señala que la salud mental no se atiende, y lo que colocan son “parchos” a esta área de la salud.
“Si el sistema de salud no ha colapsado, estamos bien cerca. El gobierno y la empresa privada no pueden sostener la crisis de salud”, expresó el sindicalista, quien coincidió con el senador en que hay dinero de sobra, pero no está bien administrado. Además, añadió que más del 35 por ciento del presupuesto de salud se queda en las aseguradoras.
Asimismo, el senador Soto Rivera resaltó que quien pone las reglas en este juego de la salud es la ASEM, y que el problema no es de dinero, sino de política pública, pues favorece al ente privado. También señaló que en Puerto Rico “le ponen una piedra a los pacientes para que no puedan tener una salud accesible”.
Luego de que el senador preguntara qué se debe hacer para retener a los médicos, el presidente de la UGT dijo que es importante tener salarios competitivos, y añadió que “los salarios que están ofreciendo son de miseria. No hay forma de entender que un técnico quirúrgico tenga un salario base de 1,300 dólares en el año 2022. Esto es lo primero que debe revisarse”.
Asimismo, Soto Rivera sostuvo que “ya es hora de que el gobernador acepte y reconozca que hay una crisis de salud y que el sistema está arrastrando a los puertorriqueños con médicos que se van al exterior, porque no se les paga lo justo”.
Añadió que “el dinero está para que el sistema funcione. Aquí lo que hay que tener es voluntad y reconocer que la cosa no está funcionando y comencemos a actuar”, puntualizó.
El presidente de la comisión cerró los trabajos hasta el próximo martes. INS
P. Rico-Representante del PPD apunta al desconocimiento de LUMA como su mayor dificultad para atender el sistema eléctrico
San Juan, 7 sep (INS).- La falta de empleomanía, desconocimiento sobre asuntos neurálgicos y la ausencia de planes concretos con planificación y organización por parte del conglomerado privatizador de la red de trasmisión y distribución de energía eléctrica en el país, LUMA, “es un asunto que pone en riesgo la seguridad nacional y la vida de nuestros conciudadanos”, opinó el representante José Rivera Madera.
Tras la vista pública de la Cámara que atendía el tema de cumplimiento de la empresa, el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) enumeró una decena de puntos en disconformidad con las informaciones vertidas con anterioridad por parte de funcionarios gubernamentales, así como los acuerdos estipulados en el contrato, en la que resaltó el hecho de que Fermín Fontanés, director de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), aceptará que, “contario a lo estipulado por ley, (120-2018) no ha preparado el Plan de Acción para la Supervisión y Manejo del contrato”.
“Esto demuestra un proceder desastroso en todos los sentidos. La privatizadora ha estado sometiendo información manipulada a su favor al Negociado de Energía, en particular sobre la frecuencia de los apagones, datos que han sido certificados por el Negociado sin corroborar su veracidad. Ante este hecho, solicitaremos al ente fiscalizador realizar una investigación exhaustiva sobre toda información relacionada a métricas que someta LUMA Energy”, apuntó.
Agregó que “más que irrisorio, resulta una mofa al pueblo que se ponga al ladrón a cuadrar la caja en la trastienda y llevando a su vez el control del inventario sin que nadie pueda tener un detalle confiable”.
Para Rivera Madera, LUMA ha mentido desde la frecuencia de los apagones hasta la cantidad de empleados con los que cuenta para atender el sistema de energético del país, “lo que pone en riesgo nuestra seguridad como nación y la vida de nuestros conciudadanos”.
En este particular destacó el hecho de que, de los 432 celadores con la que alega la empresa contar, 250 tienen dos años o menos de experiencia, y 160 provienen de Estados Unidos y Canadá, sin experiencia en el sistema de transmisión y distribución de la isla y la realidad topográfica de la isla. INS
P. Rico-Senadora del PNP reclama acción ante crisis fiscal y solicita auditoría forense a la deuda de aseguradoras con hospitales
San Juan, 7 sep (INS).- La senadora Keren Riquelme solicitó a la Oficina del Comisionado de Seguros una auditoría forense a la deuda que tienen las aseguradoras de servicios de salud con los hospitales de la isla, tanto públicos como privados.
De igual forma, la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) pidió a la Asociación de Hospitales, así como al Colegio de Administradores de Servicios de Salud, informes financieros detallados el concepto de deudas por compañía aseguradora, tanto las adscritas a Plan Vital como a las privadas.
“El sistema de salud se encuentra en momentos difíciles ante muchas realidades, algunas de las cuales están sujetas a las fuerzas del mercado. Parte esencial de esta estructura es la red de hospitales. Vemos cómo algunas instituciones médico-hospitalarias han confrontado problemas de diversos tipos, uno de ellos es la falta de pago puntual por parte de las aseguradoras de servicios médicos, por lo que es importante una auditoría forense de esa deuda”, dijo Riquelme.
Adelantó que estará realizando su petición a través de la Secretaría del Senado, para así no esperar por la aprobación de una resolución conjunta para tales efectos.
A mediados de agosto, la Administración de Seguro de Salud de Puerto Rico (ASES) informó que las compañías de seguros que brindan servicio al Plan Vital, incluyendo First Medical, Triple-S Salud, MMM Multi Health y el Plan de Salud Menonita, sometieron la documentación sobre deuda con proveedores, incluyendo a los hospitales.
La pasada semana, el Hospital San Jorge anunció la radicación de una petición para acogerse al Capítulo 11 de Reestructuración de la Ley de Quiebras federal.
“Esta auditoría forense es para conocer la verdad sobre la deuda, no solo lo que nos envían las aseguradoras, y empezar las gestiones de cobro de forma expedita. La salud de nuestro pueblo no se puede ver afectada por deudas de aseguradoras que cobran su dinero, pero se tardan en pagar a los proveedores de servicio, en este caso los hospitales”, sostuvo la senadora. INS
P. Rico-Carente el país de un plan de fiscalización a LUMA Energy como parte de un proyecto para actualizar su sistema eléctrico
San Juan, 7 sep (INS).- La carencia de una fiscalización efectiva a LUMA Energy denota que la actual administración de gobierno del gobernador Pedro R. Pierluisi no tiene un plan concertado de desarrollo infraestructural del sistema de electrificación, que es el sostén en tiempos modernos de la economía del país.
Es inexplicable cómo las administraciones gubernativas de turno en las últimas décadas dejaron deteriorar y caer en la obsolescencia el sistema de electrificación de Puerto Rico, que con esfuerzo y dedicación se logró construir.
Las fallas identificadas de fiscalización a LUMA Energy, empresa a la que se le entregó la administración de la transmisión y distribución del sistema de electrificación del país tras la privatización de esa función de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), han acuciado el consenso entre legisladores de todos los partidos políticos, incluyendo el partido en el poder, para pedir la renuncia o la destitución del director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, por no estar haciendo su trabajo.
Quedó evidenciado en vistas públicas camerales que a 15 meses del contrato otorgado a LUMA Energy todavía no existe un plan de supervisión a esa empresa privatizadora y que permita un eficiente examen del cumplimiento de lo pautado en la contratación.
El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique “Quiquito” Meléndez se mostró sumamente crítico tras la admisión de Fontanés de que el plan para supervisar el cumplimiento del contrato no está listo y dijo que ello “es señal inequívoca de que debe partir de su puesto”.
“Quizás es momento de que la AAPP tenga una nueva dirección. Reconocemos que el cargo es de la confianza del señor gobernador, pero esto no aguanta más”, abundó Meléndez en un comunicado de prensa.
Igualmente, críticos con la labor de Fontanés se manifestaron el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón, y la representante del del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, entre otros legisladores.
También, el representante del PNP Víctor Parés, quien afirma que “el contrato de LUMA amerita una fiscalización agresiva, mucho más fuerte”, por lo que -en su opinión- debido a que lo que Fermín Fontanés informó a la Comisión de Energía en las vistas públicas de ayer fue que lo único existente hasta ahora es meramente un borrador de las guías, “pues creo que debe renunciar”.
Agregó Parés: “Ciertamente, eso demuestra la incapacidad que tuvo Fermín Fontanés en manejar este contrato y supervisarlo, porque, ciertamente, todos estamos hablando de aumentar la fiscalización y de ser más fuertes en el sentido de darme más garras para que haya mayor fiscalización”.
Lo que se visualiza en este panorama no es sino una carencia de un plan definido por parte de la actual administración gubernamental, en cuanto a la necesidad urgente de fortalecer y poner al día con los avances tecnológicos modernos la infraestructura eléctrica, como parte de un necesario paradigma económico, porque la electricidad en nuestros tiempos es el sostén de la economía de un país. INS
P. Rico-Aprueban que la OIPC represente a consumidores que sufran pérdidas debido a los apagones
San Juan, 7 sep (INS).- El Senado aprobó el Proyecto del Senado 845, que enmienda la Ley de Transformación y Alivio Energético para que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) represente a los clientes que sufran pérdidas asociadas con la falta del servicio eléctrico.
El proyecto, autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, permite a la OIPC presentar querellas, recursos legales y reclamaciones en el Tribunal General de Justicia y en los tribunales federales en representación de los clientes.
“Esta medida busca hacer justicia a los miles de puertorriqueños que sufren pérdidas de sus electrodomésticos, entre otros, por causa de los apagones e interrupciones en el servicio de energía eléctrica. Una vez convertido en ley, el proyecto permitirá que los ciudadanos tengan un ente que les represente ante los tribunales y les haga justicia por las pérdidas”, anunció Rosa.
La pieza legislativa enmendará el artículo 6.42 de la Ley para que OIPC también participe o comparezca como parte peticionaria o interventora en cualquier acción legal y en representación de los clientes.
“Esta enmienda hace justicia a los consumidores, que en múltiples ocasiones carecen de los recursos necesarios para cobrar por los servicios y electrodomésticos que perdieron a causa de las bajas en voltaje, interrupciones en el servicio y apagones. Además, les facilitará en el proceso burocrático de reclamaciones implementado por la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora de LUMA Energy”, concluyó la legisladora. INS
ndc