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Resumen de noticias para el martes 6 de septiembre de 2022
P. Rico-Director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas se desliga de responsabilidad en supervisión del contrato de LUMA
San Juan, 6 sep (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez, se desligó de su responsabilidad directa en la supervisión del contrato de LUMA Energy, y aseguró en la Cámara que “las funciones de supervisión de la AAPP son mayormente sobre asuntos presupuestarios o gerenciales. Todo asunto técnico o pericial sobre el servicio eléctrico es función del Negociado de Energía”.
En la vista pública citada por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara, presidida por Luis Raúl Torres Cruz, el funcionario agregó que “todo lo relacionado con la generación de energía continúa a cargo de la AEE. La AEE es responsable de la operación y mantenimiento diario de todas las plantas de generación de energía”.
Sobre la supervisión del contrato, el director ejecutivo puntualizó que conforme a las leyes 29 y 120, la AAPP tiene un rol importante de supervisión como administrador del contrato.
Pero destacó que la supervisión de AAPP está subordinada al peritaje y al rol fiscalizador expresamente delegados al Negociado de Energía, que, por ley, es la entidad independiente a cargo de regular el mercado energético en Puerto Rico y de asegurar el cumplimiento con su Resolución y Orden aprobando el Plan Integrado de Recursos (PIR).
Fontanés continuó por señalar que la Ley 57 dispone que el Negociado de Energía tiene el poder de fiscalizar el servicio eléctrico provisto por cualquier compañía de energía certificada en Puerto Rico; establecer estándares de confiabilidad de la red eléctrica de Puerto Rico y fiscalizar el cumplimiento con los mismos; llevar a cabo inspecciones, investigaciones y auditorías, de ser necesarias, para alcanzar los propósitos de la ley”.
Subrayó que “es el Negociado de Energía y no la AAPP la que, mediante su peritaje, análisis, estudios y métricas puede establecer de manera objetiva cualquier señalamiento técnico u operacional contra LUMA, que viabilice la posibilidad de reclamar un incumplimiento de ejecución al amparo del contrato”.
“A su vez, añadió, la AEE es responsable de toda la compra del combustible para poder generar energía eléctrica, de conformidad con los precios establecidos en el mercado. Y LUMA es responsable de la operación y mantenimiento diario de la red de transmisión y distribución de electricidad, y depende de la energía generada por la AEE para suplir electricidad a todos los abonados”.
Fontanés enfatizó que “es imperativo que la AEE y LUMA trabajen en equipo y realicen sus funciones de manera adecuada para no afectar el servicio eléctrico. Tienen que investigarse las causas de la interrupción en el servicio eléctrico para identificar si la responsabilidad recae sobre las funciones asignadas a la AEE o LUMA”.
Dijo que la ley 120 autorizó a la AAPP y a la AEE a disponer de los activos del sistema eléctrico y a delegar cualquier operación o función del mismo por medio del modelo de las alianzas público-privadas (APPs) establecido en la Ley de Alianzas Público-Privadas. La Ley 120 estableció claramente la situación del sistema eléctrico en Puerto Rico bajo la AEE.
El director ejecutivo reiteró que la AAPP ha sido responsable en su rol de administrador del contrato. Mencionó, por ejemplo, que desde que LUMA comenzó a operar el 1 de junio de 2021, la AAPP ha enviado 31 requerimientos de información a LUMA sobre asuntos relevantes a la operación del sistema de T&D.
Entre otros asuntos que maneja la AAPP, Fontanés señaló la aprobación de los contratos materiales del sistema, que sobrepasen 10 millones de dólares anuales (o 30 millones en agregado). A esta fecha, la AAPP ha evaluado y aprobado 15 contratos materiales del sistema. Además, la AAPP tiene un rol en la preparación y aprobación del presupuesto de LUMA.
Añadió que el contrato también autoriza a la AAPP, al Negociado de Energía, a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (COR3) y a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG) a llevar a cabo auditorías en relación con el desembolso de fondos para proyectos de mejoras capitales sufragados con fondos federales y que esas auditorias se llevan a cabo una vez se construye el proyecto y FEMA emite el reembolso, cosa que aún no ha ocurrido.
Con respecto a las métricas de desempeño de LUMA, Fontanés señaló que el Negociado de Energía tiene la facultad en ley de aprobarlas, modificarlas, rechazarlas o imponer métricas adicionales. El 21 de mayo de 2021, el Negociado de Energía aprobó las Métricas de Desempeño aplicables a LUMA. Además, le ordenó a LUMA presentar informes trimestrales que reflejen su cumplimiento.
Fontanés fue enfático en señalar que “el Negociado de Energía es la entidad responsable y facultada en Ley para fiscalizar y/o establecer si LUMA cumple con las Métricas de Desempeño. Es el Negociado de Energía -y no la AAPP- la que interpreta los informes trimestrales de métricas presentadas por LUMA y toma acciones a tenor con los resultados y/o progreso reportado por el operador”.
Insistió en que una vez el Negociado de Energía evalúa estas métricas y realiza su análisis pericial, es que la AAPP podría iniciar cualquier proceso para remediar algún asunto técnico-operacional sobre LUMA de conformidad con el contrato. INS
P. Rico-Exhortan al gobierno a “decir la verdad” sobre el contrato de LUMA y desmienten a Fontanés
San Juan, 6 sep (INS).- La nueva Coalición para el Pensamiento Energético (CoPE) desmintió al director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, y exhortó al gobierno “a decir la verdad” sobre el contrato de LUMA Energy.
CoPE recordó que “Fontanés declaró ante los medios del país que su agencia está fiscalizando el contrato con LUMA Energy, que LUMA está en total cumplimiento con el contrato y que el contrato no se puede cancelar ni está por expirar”.
Agrega que Fontanés no dice la verdad porque: a pesar de un desempeño pésimo, la AAPP no ha enviado ni una sola notificación de incumplimiento a LUMA, el contrato tiene numerosas causas para dejarse sin efecto, por sus términos y condiciones expresos, el contrato suplementario expira el 30 de noviembre a la medianoche.
Además, el Negociado de Energía de Puerto Rico, la agencia reguladora en asuntos energéticos en Puerto Rico, ha declarado que LUMA ha tenido peor desempeño que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Esto, sobre la base de las estadísticas que LUMA le somete periódicamente al Negociado.
“La pretensión de Fontanés de contradecir esta información choca directamente con los datos que ha provisto LUMA. Además, difícilmente se le puede creer a Fontanés que está fiscalizando a LUMA, cuando ha admitido públicamente que no ha sometido ninguna notificación de incumplimiento por las fallas constantes de LUMA”, dijo Pedro Muñiz, presidente de CoPE.
“Respecto a la potencial cancelación del contrato de LUMA, no cabe duda de que eso sea posible. El propio contrato esboza varias cláusulas por las cuales se puede cancelar. Incluso, varios sectores han señalado que el contrato es nulo, debido a que violenta nuestro derecho civil” señaló Zoé C. Negrón Comas, co-portavoz de CoPE.
“Además, por la coyuntura en la que estamos, que no hay visos de que la AEE esté cerca de salir de la quiebra, ni siquiera es necesario ‘cancelar’ el contrato”, añadió Negrón.
Preocupa que Fontanés contradiga los términos expresos del contrato suplementario para decir que este no vence el 30 de noviembre. De no tratarse de desconocimiento genuino, esto podría representar una estrategia mediática para justificar la extensión del contrato con LUMA.
“Fontanés, más que nadie, debe saber que el contrato suplementario -que él gestionó con LUMA- tiene una vigencia de 18 meses y vence el 30 de noviembre de 2022. Incluso, el vencimiento de ese contrato, por sus propios términos, es automático, no requiere ni depende de la Junta de Control Fiscal ni gestión adicional alguna”, apuntó Jessica E. Méndez Colberg, co-portavoz de CoPE.
La también vicepresidenta del bufete Emmanuelli CSP agregó que “lo único que hace falta para que se active ese vencimiento automático es que la AEE siga estando en quiebra sin un Plan de Ajuste confirmado”, aclaró Méndez.
“Las expresiones de Fontanés harían que cualquier persona dude si ha leído el contrato. Resulta inconcebible que la persona encargada de negociar, firmar y fiscalizar el contrato desconozca estos asuntos” señaló Rolando Emmanuelli Jiménez, co-portavoz de CoPE y presidente del bufete Emmanuelli CSP.
“Por tanto, la postura que asume Fontanés debe responder a que sus intereses están con LUMA y no con el pueblo de Puerto Rico. Bajo estas circunstancias, el gobernador Pedro Pierluisi debe solicitarle la renuncia inmediatamente. Su comportamiento ante la debacle de LUMA es un peligro para nuestro país”, añadió Emmanuelli Jiménez.
Y afirma que CoPE “estará vigilante para seguir desmintiendo las expresiones falsas del gobierno”.
CoPE es una organización sin fines de lucro creada con el propósito de promover la educación sobre la situación energética del país, contrarrestar la desinformación y proponer la ruta hacia el desarrollo de un nuevo, resiliente y accesible sistema de energía eléctrica para Puerto Rico.
Como parte de su iniciativa, CoPE emitirá “copetazos”, que son comunicados breves para desmentir o aclarar la información equivocada o falsa que se propague a través de los medios y que atenta en contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. INS
P. Rico-DACO reclama más de 610 mil dólares a nombre de consumidores insatisfechos
San Juan, 6 sep (INS).- Ciento treinta y tres Peticiones de Hacer Cumplir Orden (PHCO) ante los tribunales fueron sometidas en agosto por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que significaron que a nombre de los consumidores se concedieran 610,896.93 dólares en remedios concedidos por el foro adjudicativo de la agencia, que cuentan ya con determinaciones finales y firmes.
De estas, 92 fueron para cobrar deudas a nombre de los consumidores, y 41 para reclamar el pago de multas administrativas a los comercios, por infringir alguna norma de protección al consumidor en Puerto Rico.
Según detalló el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, “se trata de casos en que los daños alegados en la querella fueron probados, y por eso se ordenó el pago de algún remedio. En la medida en que se trata de comercios que se niegan a acatar las determinaciones administrativas y, con ello, alargan innecesariamente los procesos, siempre recomendamos ver con cautela a estos negocios, cuyos nombres publicamos en las listas de ‘incumplidores’ que divulgamos todos los meses”.
En agosto, la deuda más alta corresponde a F&R Construction Group, Inc., con 129,696.28 dólares de una querella resuelta a favor de un condominio. Destacan también dos empresas de servicios de placas solares: Solar Energy Solutions, y Joel Brito h/n/c Son Energy, con deudas de 28,300 y 14,236, respectivamente, que el DACO busca recobrar a nombre de consumidores de Mayagüez.
Como es usual en las listas mensuales del DACO, resaltan concesionarios de vehículos de motor. En esta ocasión, Manuel Vélez h/n/c TMC Distributors (autos) destaca con dos resoluciones incumplidas; una en Ponce, que asciende a 17,550 dólares; y otra en Caguas, por 15,900. Otros concesionarios son CPO Auto; Cerillo Car Center y Golden Auto, con deudas de 17,998.5, 31,837.32 y 12,800, respectivamente.
Todo consumidor que cuente con una determinación final y firme a su favor que aún no se haya cumplido, puede comunicarse con la división de litigios del DACO, o remitir el formulario “Moción Informativa” que se encuentra publicado en www.daco.pr.gov , que puede entregarse en persona en cualquiera de las oficinas regionales de la agencia o enviarla al correo servicio@daco.pr.gov . INS
P. Rico-Hospital de la UPR expande sus servicios de obstetricia
Carolina, 6 sep (INS).- El hospital Doctor Federico Trilla, de la Universidad de Puerto Rico, amplió sus servicios de obstetricia y ginecología: la institución tiene licencia para cinco camas de Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos (NICU) y 10 camas de intermedio, y cuenta con sala de partos y siete obstetras-ginecólogos Board Certified, uno certificado en lactancia materna.
“En el hospital Federico Trilla estamos disponibles para atender las necesidades materno-infantiles de los residentes del área Este y de todo Puerto Rico. Actualmente, estamos aumentando el acceso a nuevos servicios para esta población, porque estamos comprometidos con su salud y la de sus bebés”, expuso Yelitza Sánchez, directora ejecutiva del hospital.
Recientemente, el hospital se convirtió en la primera institución hospitalaria con el ofrecimiento de cuidado prenatal en grupo, bajo el modelo de March of Dimes, dirigido a mujeres embarazadas. El proyecto, denominado Aurora, fue posible a través de una alianza establecida entre Triple S, March of Dimes y el hospital.
“Por primera vez en Puerto Rico, un hospital comienza un modelo de cuidado prenatal en grupo. En colaboración con March of Dimes y Triple S, hemos dado inicio a esta iniciativa para el bienestar de todas las mujeres embarazas de Puerto Rico. El programa se desarrolla en el hospital, porque aquí la mujer embarazada recibirá el cuidado ginecológico de obstetricia que necesita y también contará con una serie de especialistas y subespecialistas que disponibles para apoyar su cuidado prenatal”, agregó Sánchez.
Las mujeres participantes de Aurora reciben evaluaciones físicas por su ginecólogo-obstetra. También pueden participar de las siguientes actividades en un ambiente seguro e inclusivo:
a) Ejercicios para aprender a tomar y monitorear los signos vitales.
b) Sesiones educativas sobre información importante y habilidades relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto y el cuidado infantil.
c) Sesiones de apoyo en grupo con otras mujeres embarazadas para aclarar dudas y sentirte apoyada.
d) Entrega de material informativo. INS
P. Rico-Empleados municipales exigen al alcalde de San Juan mejores condiciones laborales y salariales
San Juan, 6 sep (INS).- El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT, Local 1996 SEIU) le exigió el lunes al alcalde de San Juan, Miguel Romero, que atienda las necesidades y las condiciones de trabajo de los empleados municipales y que proceda a iniciar la negociación colectiva para garantizar deberes, derechos y beneficios a los empleados de la capital.
En conferencia de prensa celebrada frente a la alcaldía, el presidente del SPT, Israel Marrero Calderín, denunció el incumplimiento del municipio con sus responsabilidades como patrono, la falta de materiales en los centros de trabajo, así como la negativa a iniciar la negociación de un nuevo convenio colectivo.
“En un día tan importante como (el) Día del Trabajo, es necesario destacar y resaltar la labor de los trabajadores del municipio de San Juan, quienes aseguran la limpieza, el ornato, la educación, la salud y otros servicios que se brindan la ciudadanía de la capital. Lamentablemente, el alcalde ha incumplido su promesa de mejorar las condiciones de trabajo, otorgar aumentos salariales e iniciar la negociación colectiva”, expresó Marrero Calderín.
Luz Yaniré Cruz Avilés, miembro del comité negociador del SPT en San Juan, sostuvo que el alcalde “ha postergado las promesas de aumentos salariales particularmente a los maestros del sistema educativo municipal y ha evitado atender nuestros reclamos para que inicie el proceso de negociación de un nuevo convenio colectivo que asegure mejores condiciones laborales”.
El SPT, unión afiliada a la Service Employees International Union, representa a cerca de dos mil trabajadores del municipio de San Juan, entre los que destacan empleados de limpieza y mantenimiento, educadores, personal administrativo, enfermeros y enfermeras, así como personal técnico, especialistas y coordinadores. INS
ndc