Resumen de noticias para el martes 30 de agosto de 2022
P. Rico-Mujer ciega denuncia que desde hace tres años la AMA no atiende su denuncia de acoso sexual por conductor de Llame y Viaje
San Juan, 30 ago (INS).- Con voz firma, diáfana, Alba Toro Rivera —una joven mujer ciega total— denunció que desde 2019 la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) no ha atendido con el rigor y la premura requeridos su denuncia de acoso sexual en su contra de un conductor del programa Llame y Viaje.
Después de su denuncia ante la gerencia de la AMA, la joven mujer ha tenido que enfrentarse a su acosador en cuatro oportunidades, tres de estas en marzo pasado, según trascendió en rueda de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas, en Miramar.
“Espero que este sea el inicio de un esfuerzo político, en el sentido de toma de decisiones dirigido a la prevención de situaciones como la que estoy denunciando, no solo a mi persona, sino a cualquier otra personas vulnerable”, expresó Toro Rivera, quien es graduada de trabajo social y trabajo social comunitario de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde realiza estudios doctorales con especialidad en política pública.
El acoso contra Alba se hace más violento, se indicó, por tratarse de una mujer que, debido a su impedimento visual, está imposibilitada de saber si su acosador está cerca, hasta tanto escucha su voz, lo que implica que se encuentra a suficiente proximidad como para alcanzarla físicamente.
Además, no solo la gerencia de la AMA no ha respondido a su reclamo, sino ningún otro organismo con injerencia en la lucha contra el acoso sexual y la discriminación, como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Trascendió que Alba ha agotado “todos los recursos razonables” para que la AMA y otras agencias encargadas de garantizar un espacio seguro, protegido y libre de avances de índole sexual tomen las medidas necesarias y urgentes para manejar estos casos.
Según se aseguró, como en otras manifestaciones de violencia de género, en este caso el conductor aumentó la severidad de su transgresión contra Alba cuando se hallaba en el vehículo oficial del servicio para personas con impedimento y personas viejas, por tratarse de transporte adaptado para estos fines.
“Lo más alarmante de esta situación es la indiferencia con que la administración, la alta gerencia de la AMA, la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres, y otras agencias han desestimado la gravedad del acoso sexual y, como efecto, la impunidad con que campean los acosadores cuando se somete una querella en el gobierno de Puerto Rico”, afirmó el Caucus de Mujeres del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), del que forma parte.
Luego de ver cómo el procedimiento implantado por la AMA desde que Alba denunció este atropello es insuficiente, sabemos que Alba no estaría en un espacio seguro; la han asignado a su acosador en cuatro ocasiones, tres de ellas desde marzo de 2022.
Si la AMA no puede garantizar la seguridad de Alba, la sociedad completa está llamada a prevenir que no se convierta en un caso más de violencia de género, como los miles que se registran en Puerto Rico anualmente, por lo que nació la iniciativa “Somos los ojos de Alba”.
Tal como se advirtió en la rueda de prensa, ante la respuesta vaga que obliga a Alba a enfrentar nuevamente el trauma de que la transporte su acosador, la AMA incumple con el estado de derecho, que exige a los patronos contar con e implementar la política contra el hostigamiento sexual.
“Nos unimos a Alba en su reclamo para que cualquier querella de acoso sexual sea investigada y atendida de manera expedita por la AMA, y que dicho proceso cumpla con todos los requerimientos establecidos por ley”, plantearon el Caucus de Mujeres y Se Acabaron las Promesas, junto a Ángel Quiles Vega, portavoz auxiliar del MST.
Además, se exigió que cada persona al volante reciba adiestramiento recurrentemente sobre la política pública contra el hostigamiento sexual, sin eufemismos, llamando al problema por su nombre, sobre todo si se trata de conductores querellados.
“Exigimos que quienes dirigen y manejan el programa Llame y Viaje tomen todas las acciones necesarias para enviar un mensaje inequívoco de que la agencia repudia cualquier práctica constitutiva en acoso sexual y que garantice un espacio seguro para las personas con impedimento, personas viejas y todas aquellas que usan el servicio de cualquier manifestación de discriminación”, se estableció.
Esta administración gubernamental y las agencias llamadas a velar por los derechos de sus ciudadanos/as, expusieron, deben asumir sus deberes ministeriales y cumplir con los estatutos que garantizan los derechos de las personas.
“Es urgente, particularmente en la crisis por violencia de género que llevamos años sufriendo”, apuntaron al invitar a la ciudadanía a unirse a la iniciativa Somos los Ojos de Alba, para en caso de que conozca o es testigo de alguna manifestación de acoso sexual, violencia de género o discriminación contra cualquier persona en la AMA de parte de conductores o el personal, lo denuncien.
Para esto deben llamar a los números del programa Llame y Viaje 787-274-1032 o 787-763-2473 (TTY para personas sordas), o a las oficinas administrativas en los números 787-294-0500 ext. 599 y 787-758-8112. Se recomienda que tome el nombre y puesto de la persona que atienda su llamada.
“En este clima en que las agencias no rinden cuentas sobre sus transgresiones debemos insertarnos en iniciativas solidarias como estas, que procuran que todas las personas disfruten de calidad de vida esperanzadora”, ratificaron.INS
P. Rico-Denuncian que la Asociación de Industriales pretende revivir la incineración de residuos sólidos en la isla
Arecibo, 30 ago (INS).- La Coalición de Organizaciones Anti Incineración denunció intentos de la Asociación de Industriales de revivir la propuesta de quema de residuos sólidos o incineración, para atender el problema del cierre de vertederos que se ha vuelto a señalar recientemente.
“Luego de varios años desde que se descartó el proyecto de incineración de Energy Answers en Arecibo, nuevamente escuchamos de parte de una organización, al parecer, desinformada, que debemos recurrir a dicho método para procesar el alto volumen de productos desechados por nuestra ciudadanía”, expresó Myrna Conty, portavoz de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración.
Mientras, el doctor Ángel González, del Comité de Salud Pública y Ambiental del Colegio de Médicos, se preguntó: “¿Dónde han estado los industriales todo este tiempo que hemos documentado el daño a la salud, al ambiente y a la economía que se producirían con esta quema? La quema no desaparece la materia, sino que crea sustancias tóxicas y dañinas que se emiten al aire o se impregnan en las cenizas”.
Agregó que “las cenizas contaminan el aire, el agua, el ambiente y los productos agrícolas comestibles. Ejemplos son la materia particulada microscópica inhalada, entre ellas las nanopartículas, que pueden producir enfermedad pulmonar o cardíaca. También el plomo o el mercurio, que pueden causar enfermedad neurológica”.
“Si se inhalan las dioxinas producidas por la quema de plásticos, que son de las sustancias más tóxicas conocidas por la humanidad, se pueden producir cánceres y múltiples enfermedades. Recordemos que las dioxinas pueden contaminar los pastos de las ganaderías y hacer inservible la leche de vaca, uno de los alimentos más importantes de nuestra dieta. Estos son sólo algunos ejemplos de los daños a la salud de la quema”, concluyó el galeno.
Conty denunció que “luego de la quiebra del país por culpa de los gobiernos corruptos del PNP y PPD, pretendían hipotecar aún más nuestro futuro con un proyecto de incineración de mil millones de dólares. Y eso sin contar con el costo de las enfermedades que produciría un proyecto como este, en un país con un sistema de salud en situación crítica”.
“La Asociación de Industriales debe informarse adecuadamente antes de hacer una propuesta tan descabellada. Varias organizaciones ambientales y de la sociedad civil han preparado una propuesta llamada Generación Circular para la reducción y el manejo ecológicamente responsable de nuestros residuos sólidos. El concepto sería que no haya que enterrar ni quemar dichos residuos y que no se produzca ningún producto que no se pueda integrar en una economía circular, al igual que hace la naturaleza, donde todo se recircula”, añadió Conty. INS
P. Rico-Recomiendan designación de un FEI para investigar al alcalde de Arecibo por supuesta malversación de fondos públicos
San Juan, 30 ago (INS).- El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó este lunes a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, por supuesta malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber.
Tras una investigación de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (Dipac) de la agencia, junto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de la Policía, el titular de Justicia concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde pudo haber cometido los delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber, así como violaciones al artículo 4.2 (b) de la Ley 1-2012, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental.
Esto, por reclutar, otorgar contratos y mantener en puestos en el municipio a personas que han resultado convictas y sentenciadas por la comisión de delitos, entre ellos, la exsenadora Maritere González López y el doctor Edgar Cancel Zapata.
La investigación preliminar de la Dipac reveló que Cancel Zapata, al momento de ser nombrado para ocupar el puesto irregular de médico para el Departamento de Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (Covid-19), era convicto por fraude en violación al título 18 USCA sec. 1028 (1)(2) y ello surge claramente de una resolución emitida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica que obra en los documentos relacionados a su reclutamiento en el municipio.
Más aún, la Dipac indicó que la investigación preliminar reveló que Cancel Zapata se encontraba inhabilitado permanentemente para ser empleado en el municipio de Arecibo por su convicción de delito en el foro federal, entre otras cosas. Por ello, indicó que nunca debió ser reclutado ni nombrado por el alcalde Ramírez Irizarry al puesto que ocupó y por el cual devengó un pago o desembolso que resulta ser ilegal.
Con relación al nombramiento de la exsenadora González López en el puesto de ayudante especial del alcalde y por el cual devenga un salario sufragado con fondos públicos, la investigación de la Dipac reveló que, una vez fue convicta por el delito de negligencia en el cumplimiento del deber y sentenciada a una pena a ser cumplida bajo el régimen de sentencia suspendida, el alcalde tenía el deber de iniciar un proceso de habilitación en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
Esto, según lo dispuesto en el Código Municipal, en el Reglamento de Habilitación para el Servicio Público y en la reglamentación del municipio de Arecibo. A pesar de los hallazgos, la Dipac concluyó que no es posible establecer el elemento de intención específica.
“En esta ocasión, aunque coincidimos con los hallazgos de la investigación, diferimos en cuanto a la interpretación del derecho realizada por la Dipac. Al amparo de mis facultades como secretario, recomendé la designación de un FEI conforme a los hallazgos de la investigación, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos en torno a si existe causa suficiente para creer que se ha cometido un delito grave”, confirmó el secretario de Justicia.
Debido a que la investigación continúa, ahora en la Opfei, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular. INS
P. Rico-Opfei no investigará denuncia contra la administradora de Servicios Generales
San Juan, 30 ago (INS).- Una querella presentada por el ciudadano José L. Navarro Flores por expresiones públicas de la licenciada Karla Mercado Rivera, administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), fue referida por el Departamento de Justicia a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) sin investigar, por no cumplir con los parámetros de la ley 2-1988.
El Panel sobre el FEI analizó la cuestión de derecho y coincidió con la apreciación de Justicia, de que al querellante no le constaba de propio y personal conocimiento las alegaciones vertidas contra la funcionaria.
Adujo el señor Navarro Flores que el 10 de junio pasado, Mercado Rivera expresó públicamente que personal de la oficina del representante Gabriel Rodríguez Aguiló se comunicó con personal de ASG en relación con cierto contrato de servicios.
Según reza la citada ley 2, para iniciar una investigación preliminar que pueda ser acogida por el Panel, el querellante debe tener propio y personal conocimiento del asunto que plantea y así hacerlo constar en una declaración jurada.
Ambos elementos no estuvieron presentes en la queja presentada por el ciudadano ante la Oficina de Servicios al Ciudadano del Departamento de Justicia.
Siendo fundamental este aspecto estatutario de la ley 2, supra, tanto Justicia como el Panel, adjudicaron la improcedencia legal de iniciar la investigación preliminar. En consecuencia, se ordenó el archivo del asunto.INS
P. Rico-Gobierno recluta a 13 nuevos fiscales para luchar contra la incidencia de crímenes motivados por abuso de drogas
San Juan, 30 ago (INS).- Con la intención de reducir la incidencia criminal y el tráfico de drogas en la isla, el gobernador Pedro R. Pierluisi y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunciaron el reclutamiento de 13 nuevos fiscales especiales para fortalecer el programa de salones especializados en casos de sustancias controladas, conocido como Drug Courts.
El programa atiende con una mirada salubrista a los acusados de cometer delitos no violentos, específicamente motivados por el trastorno por consumo de drogas y alcohol. Está basado en la corriente de justicia terapéutica, que procura una verdadera rehabilitación a través de herramientas y tratamientos efectivos que permitan reinsertar a las personas en la sociedad.
Los nuevos fiscales designados para atender los casos mediante el programa Drug Courts a través de los distritos judiciales en la isla, juramentaron hoy gracias a una asignación de 2.4 millones para atender el proyecto, entre otras iniciativas de impacto del Departamento.
“Los resultados de estas salas son claros: una gran mayoría de los participantes logra cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal y estos aprovechan los servicios y programas a los que son referidos. Más del 65%, tanto a nivel nacional como estatal, tienen resultados positivos cuando se compara con aquellos que se procesan en el sistema tradicional”, sostuvo Pierluisi.
Agregó que “la gran mayoría de los graduandos de las cortes de drogas permanece sin haber reincidido por al menos dos años luego de dejar el programa. Por el contrario, aquellos que son procesados en el sistema tradicional y entran en el programa de probatoria, casi la mitad vuelve a delinquir. Y de aquellos que son sentenciados a prisión, la mayoría vuelve a ser arrestado luego de salir de la cárcel. Estas estadísticas son impresionantes”.
Por su parte, el secretario de Justicia resaltó que la designación surge del firme compromiso del gobierno de implantar enfoques y estrategias para combatir el narcotráfico y la adicción a drogas procurando un cambio real.
“El trastorno de uso de sustancias controladas sin atender es, en muchas ocasiones, la razón detrás de la comisión de delitos no violentos y de la reincidencia criminal. La condición de adicción que no es atendida pronta y adecuadamente lleva al individuo a repetir conductas delictivas. En estos casos, el procesamiento criminal ordinario perpetúa el ingreso a las instituciones penales”, explicó Emanuelli Hernández.
A su juicio, “humanizar la ley y los procesos judiciales, atendiendo el aspecto emocional y sicológico, nos brinda resultados más favorables, porque no solo se rehabilita la persona sino su entorno familiar, al tiempo que disminuye la incidencia criminal y se renueva la sociedad, pues se detienen ciclos de violencia, abandono y delincuencia. Además, representa un ahorro al erario y alivia la carga de trabajo en el sistema de Justicia”.
La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, indicó que “la designación de fiscales especiales permitirá una mejor identificación, atención y sensibilidad en el manejo de los casos, a la vez que se reafirmaría la misión y compromiso del Departamento de Justicia de participar en el proceso de recuperación y rehabilitación de personas acusadas de delito, con relación al uso y abuso de sustancias controladas”.
Los nuevos fiscales recibirán adiestramientos especializados por tres semanas enfocados en considerar al derecho y los procesos judiciales, como una fuerza social capaz de producir consecuencias terapéuticas, que fomenten el bienestar físico y emocional de las personas, sin subordinar otros valores del Sistema de Justicia.
“Drug Court” tuvo sus orígenes en Puerto Rico en el año 1991, en la región de Arecibo, Ponce y Aguadilla (luego fue transferido a Carolina, desde 1995). Posteriormente fue establecido en San Juan (1997), Bayamón y Guayama (2000), Mayagüez (2003), Humacao (2004), Fajardo (2008) y Caguas (2010). Al momento, el programa opera en 10 de las 13 regiones judiciales y cuenta con 870 participantes activos, aproximadamente.
El propósito principal es ofrecer un “desvío” al acusado a un programa en el que se le provea el tratamiento y la ayuda especializada necesarias para que supere su adicción a sustancias controladas. Esto permite que el acusado que tiene una condición adictiva no forme parte de la población carcelaria, lo que redunda en beneficio para él y su familia, además de constituir un ahorro para el erario.
Los imputados o acusados deberán cumplir con un sinnúmero de criterios para poder participar en el programa “Drug Court”. El delito por el cual se le procesa debe guardar relación causal con su condición adictiva, no puede tener un caso de distribución de sustancias controladas, no puede tener convicciones por delitos violentos y debe demostrar interés y compromiso en participar del plan de tratamiento que recomiende Assmca.
El fiscal tiene la responsabilidad de informar a la víctima del delito en qué consiste el programa y cuáles son las consecuencias, en caso de incumplimiento. INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias