P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el viernes 26 de agosto de 2022

P. Rico-Crece la indignación contra LUMA Energy ante la defensa que hace el gobierno del contrato

San Juan, 26 ago (INS).- La indignación contra el consorcio privatizador LUMA Energy, pese a la defensa que hace el gobierno de Pedro R. Pierluisi, parece crecer cada día, no sólo por los constantes y extensos apagones en el último año, sino por la precariedad a que ha llevado la vida de cientos de familias debido a las fluctuaciones en el voltaje que ha fundido electrodomésticos.

La protesta fue disuelta con gases lacrimógenos por la Fuerza de Choque de la Policía luego de que un grupo de manifestantes comenzó a lanzar objetos a los agentes.

Al justificar su violento proceder, la Policía de Puerto Rico afirmó que a uno de los manifestantes, que fue arrestado, se le ocupó una pala.

En total, fueron arrestadas tres personas, incluida una chica.

A pesar de la lluvia que se produjo en distintos puntos del país, cientos de personas comenzaron a converger dos horas antes hasta La Fortaleza, en el Viejo San Juan, donde se combinaron consignas contra LUMA Energy y, a la vez, contra Pierluisi, objeto de múltiples insultos.

Diversas personalidades, desde la abogada Mayra López Mulero, comentarista política de radio televisión, hasta el otrora candidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, y connotados políticos ocuparon la tarima, además de sindicalistas.

También el activista Alberto De Jesús (Tito Kayak) fue detenido al terminar su discurso contra LUMA Energy y el gobierno de Pierluisi anunció que pasaría al otro lado de la valla colocada por la Policía para que no legaran hasta La Fortaleza.

Tito Kayak fue arrestado por varios agentes que se le abalanzaron de inmediato.

Pero no todos los políticos fueron bienvenidos, ya que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, tuvo que marcharse del lugar no bien había llegado bajo gritos de repudio.

Hernández Montañez, del Partido Popular Democrático (PPD), reiteró posterior al incidente su compromiso con la cancelación del contrato de LUMA Energy.

Contrario a otras protestas, en esta oportunidad había una gran cantidad de personas mayores con carteles en contra de Pierluisi y la privatizadora canadiense-estadounidense.

Ante los alegatos de que la protesta es impulsada por sectores de izquierda, el portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Ricardo Santos Ortiz, lo ratificó bajo la premisa de que tienen un auténtico compromiso con los sectores desfavorecidos.

El multimillonario contrato otorgado a LUMA Energy no sólo ha causado dolor de cabeza a la población puertorriqueña con los constantes apagones y fluctuaciones de voltaje, sino que ha duplicado y hasta triplicado la factura, sin que se de repuesta a los reclamos ciudadanos.

Dirigentes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), como Juan Dalmau Ramírez, María de Lourdes Santiago, Denis Márquez y Adrián González, reiteraron su llamado a rescindir el contrato de LUMA por incumplimiento craso.

A la vez, plantearon un curso de acción sobre lo que se puede hacer para enfrentar y subsanar el peor servicio energético que ha tenido Puerto Rico en la historia, frente a la actitud de complicidad asumida por el gobernador Pierluisi y los portavoces de su administración.

“Hay que seguir, junto a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ejerciendo presión con acciones concertadas como esta, para ver si logramos que el gobierno entre en razón y rescinden un contrato leonino con una empresa que han demostrado a la saciedad su incapacidad administrativa”, dijo Dalmau Ramírez.

La diputada Mariana Nogales Molinelli y el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), también ocuparon la tarima.

Portavoces de Mujeres Contra LUMA, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la Jornada se Acabaron las Promesas y la Alianza Energética, entre otras, anunciaron que proseguirán su lucha hasta que se anule el contrato de privatización de la energía eléctrica.INS

 

P. Rico-Director de la AAPP sostiene durante vista en el Senado que LUMA “no ha cumplido con las métricas más importantes”

San Juan, 26 ago (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, sostuvo durante una vista en el Senado que LUMA Energy ha cumplido con el 85 por ciento de las métricas establecidas por el Negociado de Energía (NE), pero ha fallado en las más importantes, como la duración en las interrupciones del servicio eléctrico.

En la vista pública de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal que preside el senador Juan Zaragoza Gómez, Fontanés explicó que conforme a lo contemplado en la Ley 29 y la Ley 120, la AAPP tiene un rol importante de supervisión como administrador del contrato.

“Ese rol es mayormente compartido con el Negociado de Energía, que a tenor con la Ley 17, es la entidad independiente a cargo de regular el mercado energético en Puerto Rico y de asegurar el cumplimiento con la resolución y orden dictada por dicho foro el 24 de agosto de 2020, aprobando el Plan Integrado de Recursos”, manifestó el deponente en su ponencia.

Zaragoza le preguntó qué nota del 1 al 10 le daría al rendimiento de LUMA en este año y medio, a lo que Fontanés respondió que “hay que mirarlo en diferentes áreas. Ellos han cumplido con el 85 por ciento de sus métricas. Las métricas que no han cumplido son las importantes como la duración de los apagones. En su totalidad cumplen, en comparación con la AEE, que no han cumplido con alrededor de un 48 por ciento con la generación”.

Además, dijo que LUMA está fallando en las medidas críticas y en la comunicación. “Yo le daría un 6.5, porque hay métricas importantes que están cumpliendo y fáciles de cumplir que la Autoridad de Energía Eléctrica nunca lo había hecho. Es positivo que el tiempo de respuesta telefónica es de menos de un minuto, pero la duración de los apagones es inaceptable. Tienen que mejorar las métricas que nos tocan como ciudadanos”.

El presidente de la comisión cuestionó también quién es el principal responsable de la supervisión del contrato de LUMA. Fontanés indicó que es un rol dual. “Nosotros somos administradores, el NE es el regulador independiente. Esos planes son parte de una transformación del sistema. Antes no existía, no había un plan a largo plazo. Esto no es un problema de fiscalización; sino de ejecución. Este es el contrato más fiscalizado en Puerto Rico”, añadió el deponente.

“El saldo final de la vista es que casi nadie quedó satisfecho por las contestaciones del señor Fontanés. Yo creo que hay mucha vaguedad, mucha gente supervisando y cuando mucha gente supervisa, nadie supervisa. Hay manipulación de datos por el Negociado de Energía. Yo creo que el saldo final, aunque él hizo un esfuerzo genuino, es que creo que aquí nadie quedó convencido de que por lo menos del lado de la APP se está haciendo una fiscalización efectiva del contrato de LUMA”, destacó Zaragoza.

En su turno, la senadora Migdalia Padilla, del Partido Nuevo Progresista (PNP), destacó que “el papel aguanta lo que se escribe, pero en el proceso de administrar y supervisar hay un lapso en que nos estamos quedando. Aquí hay muchas cosas relacionadas a la calidad del servicio”.

A la vez, preguntó qué mecanismos y evidencia utilizan para esto que está escrito (refiriéndose a la ponencia), y Fontanés respondió que hay diferentes entes que están velando. “Esto lo fiscaliza el COR3, FEMA, el contralor, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Es por diferentes áreas”, explicó.

Asimismo, el senador novoprogresista William Villafañe cuestionó a Fontanés si hoy LUMA sabe en torno a las piezas obsoletas, averiadas o condiciones en las diferentes subestaciones. El deponente respondió que en este momento sí lo sabe, porque la empresa ha estado trabajando directamente con esas áreas.

Igualmente, Villafañe preguntó sobre lo estipulado en el contrato si se diera el proceso de cancelación. El funcionario explicó que una cancelación de contrato con justa causa, no le costaría al pueblo, pero LUMA se tiene que quedar operando el sistema mientras se hace el proceso de conseguir un operador nuevo mediante licitación.

“La idea o el concepto de que se puede cancelar y LUMA se va mañana, no es así. Habrá que pasar procesos legales y de la corte de quiebra”, sostuvo. También explicó que en una cancelación sin justa causa habría que pagar una penalidad de 115 millones de dólares. INS

 

P. Rico-Cámara comienza evaluación de cuatro proyectos de ley sobre el aborto en la isla

San Juan, 26 ago (INS).- Con la participación de organizaciones y líderes religiosos, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inició ayer el proceso de vistas públicas para atender un bloque de medidas relacionadas con el tema del aborto en Puerto Rico.

Se trata del Proyecto del Senado 693 para establecer la Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad, que regulará la terminación de embarazos a partir de las 22 semanas en la etapa gestacional de viabilidad; el Proyecto de la Cámara 1084, para crear la Ley del Latido Cardiaco del No Nacido en Puerto Rico, para prohibir que un médico realice un aborto luego de la detección del latido cardiaco fetal.

El Proyecto de la Cámara 1403 para decretar la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes, con el fin de establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre estos derechos humanos; y el Proyecto de la Cámara 1410, para convocar un referéndum especial en el que el electorado exprese si desea reconocer “el derecho a la vida del concebido y, de igual manera, afirmar el derecho a la vida de la madre”.

En su carácter de abogado civil y sacerdote católico, Carlos Pérez recomendó la aprobación del PS 693 y PC 1084 “como un primer paso social consistente con la defensa de la vida humana”. Por la misma razón, pidió la aprobación del PC 1410, pues considera que es el mecanismo más democrático.

“Comenzamos por afirmar que en Puerto Rico el aborto nunca ha sido reconocido como un derecho fundamental de la mujer… Por eso el aborto solo tiene un carácter estatutario, regulado por el Código Penal en su artículo 98. Lamentablemente, nuestro estatuto penal sobre el aborto no ha sabido recoger las afirmaciones constitucionales del derecho a la vida del nasciturus”, expresó el sacerdote.

Mientras, opinó que el PC 1403 “oscurece y silencia una de las conquistas jurídicas de la jurisprudencia contemporánea”, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar el derecho al aborto en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

“¿Por qué usted cree que es urgente atender legislación dirigida a regular el asunto del aborto? ¿Hay una crisis en Puerto Rico con relación a ese tema?”, cuestionó el representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico.

“¿Cómo no es una crisis la defensa de la vida humana en el vientre materno? Por supuesto que es una crisis. Es una crisis estatutaria. Es una crisis, incluso, de naturaleza constitucional”, respondió Pérez.

Con el pastor concurrió el presidente de la Asociación Pro-Vida de Puerto Rico, Carlos Sánchez, un férreo portavoz en contra del aborto. Sánchez manifestó su rechazo contundente al PC 1403, mientras que su mayor respaldo fue dirigido a la medida que protege al feto desde la detección del primer latido cardiaco.

“Es cierto que la Ley del Latido Cardiaco no protegerá la vida humana inocente en su etapa más temprana, que es nuestro objetivo final. Sin embargo, si se promulga, salvará a innumerables bebés mientras continuamos trabajando para protegerlos a todos”, dijo Sánchez.

En su turno durante la audiencia pública, la portavoz del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, avaló las ponencias tanto de Pérez como de Sánchez, al tiempo que emitió declaraciones como defensora de la vida desde la etapa de concepción del feto.

“No hay un tal derecho al aborto… Nunca lo ha habido. Lo que hay es derecho a la vida”, argumentó la representante, quien defendió el trabajo que realiza el sector de la población que se denomina “pro-vida” una vez nace el bebé.

“Los pro-vida trabajan como las polillas, por debajo, nadie lo sabe. Pero se trabaja. Se trabaja todo el tiempo. Lo que pasa es que no se anuncia”, afirmó Burgos Muñiz.

En tanto, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, impugnó las exposiciones de ambas organizaciones en un discurso en el que reiteró que las mujeres y personas gestantes deben tener el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Según datos presentados por la legisladora, menos del 0.2% de los abortos en Puerto Rico se realizan luego de las 22 semanas de gestación. La representante hizo alusión al Reglamento de Centros de Terminación de Embarazos 7654 de 2008, vigente al día de hoy, y que exige la divulgación de estadísticas sobre las terminaciones de embarazo efectuadas en todo centro, institución o clínica hospitalaria.

“Todas las mujeres y todas las personas gestantes tienen que tener el derecho a decidir, y el Estado tiene la responsabilidad de establecer un marco regulatorio que garantice el derecho a decidir cualquier cosa: tener hijos o no tenerlos. Y eso es lo que nos corresponde a la legislatura de Puerto Rico”, manifestó Nogales Molinelli.

Algunos de los otros legisladores que consumieron turnos sobre las medidas fueron Jesús Manuel Ortiz González, Estrella Martínez Soto, Wanda del Valle Correa, Héctor Ferrer Santiago, José Meléndez Ortiz, José Aponte Hernández y Gabriel Rodríguez Aguiló, entre otros.

Al finalizar, Aponte Rosario adelantó que la próxima vista pública sobre estos proyectos de ley continuará el jueves 1 de septiembre, con la comparecencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia y entidades como el Colegio de Médicos Cirujanos.

De la misma forma, el legislador invitó a las personas interesadas en deponer sobre este asunto a comunicarse con la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. INS

 

P. Rico-Gobernador firma proyecto para elevar el tope del Fondo de Emergencia

San Juan, 26 ago (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi estampó su firma en una serie de medidas legislativas, incluyendo el Proyecto del Senado 98, que incrementa la aportación anual al Fondo de Emergencia, para asegurar su solvencia a perpetuidad, e incorpora la modalidad de contratos contingentes con cargo a dicho Fondo, a la vez que facilita su uso antes o durante una emergencia.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) señaló que los méritos de la medida, en torno a incrementar la aportación anual del Fondo de Emergencia, son cónsonos con el plan fiscal 2022 para Puerto Rico y el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) aprobado por la jueza Laura Taylor Swain.

Mientras, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) queda autorizado a efectuar contratos de manera contingente para los servicios y bienes cuya contratación o adquisición, luego de ocurrida una emergencia y siendo pertinentes para atenderla, pudieran escasear o resultar onerosos.

Estos contratos se podrán realizar una vez el gobernador emita una Declaración de Emergencia y se activen los acuerdos contractuales de la agencia.

También convirtió en ley el Proyecto del Senado 721, una medida de su administración que establece en el Código de Seguros de Puerto Rico un esquema de regulación de gobernanza corporativa que incida en el funcionamiento eficaz de los aseguradores y organizaciones de servicios de salud domésticas y que, a su vez, promueva un mercado confiable para las operaciones de negocios de salud en la Isla en protección de los consumidores de seguros e interés público.

La medida forma parte de un paquete de 13 piezas legislativas que el gobernador convirtió en ley, incluyendo el Proyecto del Senado 771, que enmienda varios artículos del Código Penal de Puerto Rico para hacer mandatorio la imposición de la pena de restitución en casos de delitos contra el erario cometidos por ciudadanos y funcionarios públicos.

En cuanto al Proyecto del Senado 771, se ordena que la pena de restitución será parte esencial de las sentencias por convicción en los casos de delitos cometidos contra los bienes o propiedad pública.

Por lo tanto, la pena de restitución de fondos y propiedades presentes y futuras aplicará en casos de apropiación ilegal agravada, extorsión, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos, alteración o mutilación de la propiedad, soborno, influencia indebida, incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

Mientras, en el proyecto de Administración enfocado en el Código de Seguros, y que fue radicado en enero de este año, crea el capítulo 32 de gobernanza corporativa. Además, establece los requisitos que los aseguradores o grupos de aseguradores domésticos deberán seguir al presentar un informe anual de divulgación de gobernanza corporativa ante la oficina del Comisionado de Seguros.

De esta manera, se procura que el Código de Seguros siga los estándares de regulación promovidos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, siglas en inglés), y se propende a un funcionamiento eficaz y un mercado confiable para las operaciones de negocios de seguros en la isla, en protección de los consumidores de seguros y del interés público.

El contenido de los informes sometidos permitirá comprender, revisar y evaluar periódicamente las prácticas del gobierno corporativo de las aseguradoras, incluyendo la estructura de gobernanza, roles, responsabilidades y experiencia del personal ejecutivo en la gestión de sus operaciones.

La pieza legislativa fue favorecida por la Oficina del Comisionado de Seguros, al igual que por el Departamento de Justicia (DJ).

También ya es ley el Proyecto del Senado 55, que enmienda la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado para eximir a las personas recluidas en una institución carcelaria bajo la custodia del gobierno del requisito de notificación al Departamento de Justicia sobre reclamaciones de cualquier clase relacionadas por daños a la persona o la propiedad, causados por culpa o negligencia.

La medida, que fue favorecida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras legislativas.

El gobernador también firmó el Proyecto del Senado 440, que enmienda la Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal para eliminar la anotación de rebeldía al deudor demandado y estipula que el Tribunal deberá citar a las partes a una vista o acto de mediación compulsoria en un término de 30 días.

Con relación a la nutrición, Pierluisi dio paso al Proyecto del Senado 18, que crea la Ley para la Divulgación de Información Nutricional para que las cadenas de restaurantes con 10 o más ubicaciones en la isla divulguen en los menús, el contenido de calorías y grasas que contienen cada uno de los alimentos.

Aparte, también firmó el Proyecto del Senado 732 que define, en la Ley para la Creación de Centros de Cuidado Diurno para Niños en los Departamentos-Agencias-Corporaciones o Instrumentalidades Públicas, el concepto de edad preescolar.

Otras piezas legislativas firmadas fueron los Proyectos del Senado 128 y 609. El primero aclara que los billetes de lotería se considerarán valores al portador y se reconocerá como único dueño de un premio a la persona que posea dicho billete y lo presente al cobro.

Mientras el PS 609 incluye en la Ley para Reglamentar la Profesión de Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico la definición de evaluación vocacional a la vez que amplía las facultades y deberes de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación, entre otros asuntos.

También contaron con el aval del gobernador la Resolución Conjunta del Senado 191, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la transferencia de varias fincas en Ponce al Departamento de la Vivienda (DV) y la Resolución Conjunta del Senado 108 que ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBI) evaluar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio del terreno e instalaciones que albergan la extensión de la escuela elemental Hato Viejo Cumbre al municipio de Ciales.

Del mismo modo, las Resoluciones Conjuntas del Senado 215 y 136 que designan con los nombres de Osvaldo Gil Bosh y Francis Omar Benítez Echevarría, los complejos deportivos en Humacao y Añasco, respectivamente. INS

 

P. Rico-Guardia Costera incauta 3,1 millones de dólares en cocaína y transfiere la custodia de ocho contrabandistas dominicanos a agentes federales

San Juan, 26 ago (INS).- La tripulación del guardacostas “Legare” y agentes del Caribbean Corridor Strike Force descargaron 330 libras (150 kilos) de cocaína en San Juan, tras interceptar una embarcación de contrabando cerca de Puerto Rico.

Los ocho hombres detenidos afirmaron ser de nacionalidad dominicana y se enfrentan a un proceso federal en Puerto Rico. El contrabando incautado tiene un valor estimado al por mayor de aproximadamente 3,1 millones de dólares.

Los agentes especiales están dirigiendo la investigación del caso, mientras los dominicanos se enfrentan a un juicio federal en Puerto Rico por cargos penales de contrabando de drogas y conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controlada sa bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción de Estados Unidos.

Los cargos conllevan una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

Durante las últimas horas de la noche del 16 de agosto, la tripulación de una aeronave de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó una embarcación sospechosa de 25 pies al norte de Isabela. Durante la intervención, los contrabandistas arrojaron al agua múltiples fardos de presunto contrabando.

El guardacostas “Joseph Doyle” detuvo la embarcación sospechosa, arrestó a ocho hombres y recuperó cinco fardos de la carga arrojada al mar.

El contrabando incautado y los hombres aprehendidos fueron trasladados a San Juan. INS

ndc