San Juan, 24 ago (INS).- La batalla contra el desplazamiento se da en diferentes frentes del archipiélago puertorriqueño porque las tácticas que usan los subadministradores, en complicidad con las personas ricas que invaden el país y la junta de control fiscal, son muchas y variadas alertó la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional (Ancodepo).
La entidad está integrada por distintas comunidades, sectores y organizaciones que se han unido para denunciar y combatir el desplazamiento de la población en Puerto Rico.
La Ancodepo se define como una organización política no partidista que tiene como fundamento la lucha contra el desplazamiento poblacional, por lo que se propone apoyar a aquellas comunidades, pueblos, caseríos y personas individuales bajo el asedio del plan para desplazar a las y los puertorriqueños de la tierra que les vio nacer.
Su misión es lograr a través de la educación y la información veraz, comunicar su visión de cuáles son las formas de desplazamiento que se están utilizando por quienes tienen poder económico y que influyen en los subadministradores de Puerto Rico.
El portavoz de Ancodepo, Miguel Ángel Reyes De Jesús, explicó que la batalla contra el desplazamiento se da en diferentes frentes del archipiélago porque las tácticas usadas, “en complicidad con los ricos que invaden y la junta de control imperial, son muchas y variadas”.
Estas tácticas son aplicadas en áreas como vivienda, con la venta desmedida de propiedades (a veces bloques completos) en comunidades históricamente habitadas y establecidas por familias puertorriqueñas, para el desarrollo de complejos residenciales para personas con un poder económico grande y para alquiler a corto plazo, como los AirBNBs.
Reyes De Jesús precisó que comunidades como Bieké, Viejo San Juan, Machuchal, Bayola, Torres de Sabana, Quebradillas, Puerta de Tierra, entre muchas otras, están enfrentando el desplazamiento sistemático de población y su sustitución.
Los alquileres a corto plazo también contribuyen a alterar la sana y pacífica convivencia en comunidades residenciales, ya que han surgido de la adquisición de propiedades por parte de extranjeros, según lo ha permitido la Ley 22, a precios de sobre tasación.
También a los residentes de vivienda pública mediante diferentes estrategias y tácticas, como abandono de las estructuras y relocalizaciones “temporeras”, han sido desplazados por considerarlos estorbos al desarrollo de complejos de alto costo para otro tipo de residentes, incompatibles con lo que históricamente han sido estas comunidades.
Además, la construcción de proyectos de viviendas de ingresos mixtos ha tenido el efecto de reducir dramáticamente el número de unidades de vivienda pública en Puerto Rico.
Comunidades costeras, igualmente, sometidas al mercado inescrupuloso de alto poder adquisitivo, financiero y económico en busca de la privatización de los bienes de dominio público (playas), y recursos naturales.
Reyes De Jesús destaca también el cierre de escuelas, que implica el desplazamiento de estudiantes con sus familias, lo que deja desempleados a maestras y maestros, aparte del comercio local debido a su clientela relacionada a las escuelas.
El contrato de LUMA Energy, como parte de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), implica el desplazamiento de empleados con alto nivel técnico a otras áreas no relacionadas o forzados al exilio, aparte del encarecimiento del coste de la luz.
En esta misma dirección está la reducción concertada de oferta académica en la Universidad de Puerto Rico (UPR) con el propósito de, mediante abandono, causando el desplazamiento de estudiantes y maestros fuera del país.
Igual situación ocurre en el área de la salud, lo que ha ocasionado desplazamiento de personal indispensable, tales como médicos, de enfermerías y técnicas de sala de operaciones, entre otros. INS
ndc
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