P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el jueves 18 de agosto de 2022

P. Rico-Negociado de Energía requerirá a LUMA y a la AEE documentación acerca del apagón

San Juan, 18 ago (INS).- El Negociado de Energía inició una investigación sobre el apagón de servicio eléctrico ocurrido este miércoles, por lo que les solicitará a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la conservación y entrega de toda documentación que pueda arrojar luz sobre el incidente, y sobre los esfuerzos o gestiones investigativas, correctivas o de cualquier otra naturaleza realizadas para determinar la causa del incidente.

“El Negociado de Energía fue creado para asegurar que la política energética que establezca el pueblo por medio de sus representantes electos sea efectivamente implantada, con transparencia, y siempre velando por el interés público. Así pues, en el descargo de sus deberes y funciones fiscalizadoras, entiende prudente y razonable iniciar una investigación sobre las causas del incidente y las acciones correctivas tomadas por LUMA y la AEE”, dijo el presidente del Negociado, Edison Avilés Deliz.

Energía aseguró que, en cumplimiento con su mandato de transparencia, hará pública toda la información que no sea parte de una investigación confidencial de las autoridades de ley y orden estatales o federales.

“El propósito de la transformación del sistema eléctrico es mejorar su desempeño y la calidad del servicio que reciben los consumidores. En la medida en que LUMA y la AEE fallen, y continuamente se disputen la culpa, nos tocará a nosotros asignar responsabilidades y exigir mejoras”, concluyó Avilés Deliz. INS

 

P. Rico-Comisión senatorial evalúa manejo de la Policía en intervenciones con menores

San Juan, 18 ago (INS).- En aras de atender el tema de violencia policiaca contra menores, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, llevó a cabo una vista pública para indagar sobre el problema y auscultar sobre soluciones reales que garanticen los derechos cobijados bajo la Constitución.

“Queremos que realmente haya cumplimiento, investigación y transparencia en el uso de la fuerza policiaca. Porque las personas que tienen armas, en este caso la Policía, deben saber que el uso indiscriminado de esa arma causa muertes”, expresó Rivera Lassén.

Las audiencias responden a la Resolución del Senado 209, que propone investigar la legislación relacionada a viabilizar el mandato constitucional de garantizar los derechos, libertades y principios esenciales de igualdad humana establecidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos.

La comisión citó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); a Kilómetro 0; a la Comisión de Derechos Civiles; el Comité Dominicano de Derechos Humanos y varios padres de menores víctimas de violencia policial, que presentaron su testimonio.

Uno que causó conmoción fue el de Suheil Nevárez, tía de Javier A. Cordero Nevárez, joven de 16 años que recientemente fue víctima de violencia policiaca.

La mujer leyó el testimonio de su hermana Sheila Nevárez, madre del joven, e hizo un llamado a que se haga justicia y para que se realice una investigación adecuada. “Como familia perdimos a un ser humano muy valioso. Esto es algo devastador para todos. Él no estaba armado, no era un riesgo para ellos. No tenían que acribillarlo como lo hicieron…Tomaron la justicia en sus manos”, detalló.

Mientras, José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, propuso durante su alocución la creación de una Comisión de la Sociedad Civil.

“Con las organizaciones aquí convocadas, se puede crear dicha comisión, para trabajar y fiscalizar el uso de la fuerza, las relaciones con las comunidades, el área de cumplimiento de dicha reforma, sobre todo en el aspecto administrativo, ya que le cuesta al erario la friolera de 20 millones anuales”, destacó Rodríguez.

“La Policía de Puerto Rico comenzó como un cuerpo militarizado… Llevamos muchos años documentando a la Policía y en nada ha cambiado. Cambiará solo cuando el pueblo se dé cuenta de que tiene derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas y que haya consecuencias por estos actos”, destacó William Ramírez Hernández, director de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Por su parte, Mari Mari Narváez, de Kilómetro 0, durante su ponencia emplazó al secretario del Departamento de Justicia a que se sepa cuáles son los resultados de las investigaciones en cuanto a la fuerza excesiva de la Policía en sus intervenciones con menores de edad.

La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado estará citando otras vistas públicas para darle seguimiento a este tema de la violencia policiaca en menores de edad. INS

 

P. Rico-Autoridad de Carreteras rechaza realizar cambios al sistema de AutoExpreso

San Juan, 18 ago (INS).- Durante una vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura sobre el Proyecto del Senado 775 y Sustitutivo de la Cámara a los proyectos 863 y 811, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) mostró reservas ante los cambios propuestos sobre el proceso de pago y notificaciones de AutoExpreso.

“Es deber de esta legislatura establecer mecanismos que, de alguna manera, beneficien a la gente. No buscamos que la gente no pague, porque si deben, tienen que pagarlo. Es buscar mecanismos justos y que ambas partes estén en el mismo nivel. Buscamos que la gente sea responsable, pero también que se les haga justicia por lo lacerado que están en diferentes aspectos”, sostuvo la presidenta de la comisión, senadora Elizabeth Rosa Vélez.

El PS 775 tiene como propósito establecer un sistema de cobro de peaje por ciclos de 30 días; eliminar las multas de AutoExpreso por insuficiencia de fondos; disponer que cuando no se salde monto de un peaje adeudado, según lo dispuesto en esta ley se adjudicará como gravamen a la licencia del vehículo por el doble del monto adeudado y dispone la aplicación retroactiva de esta ley en ciertos aspectos.

Aparte, el Sustitutivo de la Cámara a los Proyectos de la Cámara 863 y 811, busca extender a 15 días los que tiene el conductor para recargar; establecer que la penalidad por no recargar durante 15 días será una sola multa de 15 dólares y no una por cada transacción, y eliminar las multas expedidas entre el 1 de julio y la aprobación del proyecto.

En referencia al PS775, el ingeniero Marcos García, de la ACT, sostuvo que “entendemos que se debe realizar un estudio y análisis más profundo para entender el impacto de esta medida en las finanzas de la ACT. El enfoque principal de la ACT es cobrar los peajes, no las multas, pero eliminarlas tiene un impacto directo en el cobro de peajes, y esto se debe analizar más a profundidad antes de alterar el sistema de multas. Por esta razón, la ACT no favorece la medida”.

En términos del Sustitutivo señaló que no se opone a esta medida, sin embargo, entiende que se debe realizar un análisis más profundo del impacto que esto tendría en las finanzas de la ACT.

“En específico, aumentar de cinco a 15 días el período de recarga puede tener un efecto negativo en cuanto a los recaudos de peaje de la ACT, ya que esto podría llevar a los usuarios a recargar más tarde, lo que afectaría la liquidez de la ACT”, afirmó.

Igualmente, mostró su oposición a establecer que las multas expedidas entre el 1 de julio de 2021 hasta la vigencia de esta ley sean condonadas.

A preguntas de la senadora sobre los problemas de ciudadanos en el registro de AutoExpreso, García indicó que habría que evaluarlo caso a caso. En la misma línea, la presidenta de la comisión preguntó sobre lo que proponen ambos proyectos en términos de la eliminación de multas y cuál sería el impacto para la agencia. García señaló que los pagos pendientes de multas rondan los ocho millones.

En tanto, la senadora del Partido Nuevo Progresista Keren Riquelme, autora del PS775, se expresó sobre las notificaciones que recibe la ciudadanía referente al debido proceso de ley y entiende que se le está violando ese proceso a los clientes.

“La medida no quiere decir que no pagarán: es incentivar a que paguen”, aclaró. Además, la senadora preguntó a la ACT si entiende que con la notificación que se le da ahora al cliente, es o no notificado adecuadamente. García respondió que “ningún sistema es perfecto, siempre hay espacio para mejorar”.

El deponente añadió que dependen de la información que tienen disponible de cada ciudadano y recalcó la importancia del registro de usuarios en el sistema. Si no está registrado, solo dependen de la información que tiene en Cesco y la multa se envía por correo postal. Igualmente, mostró preocupación por cambiar de un sistema de prepago a uno de facturación.

Aparte, el director de la empresa Metropistas, Jorge Veci, que tiene a su cargo la PR-22 y PR-5, expresó que “entendemos que el sistema de multa actual tiene espacio para mejorar. No obstante, y dado que esto es un asunto de política pública, damos deferencia al Ejecutivo y a esta honorable legislatura en cuanto al monto y cálculo de la multa”.

Añadió que “no obstante, respetuosamente entendemos que la misma debe mantener un verdadero efecto disuasivo y debe guardar proporcionalidad entre la multa y la infracción cometida. En ese sentido, recomendamos a esta comisión que lleve a cabo un estudio exhaustivo sobre cómo se calculan las multas en otras jurisdicciones para tratar de lograr un balance razonable entre los intereses de todas las partes envueltas”.

Dijo que “sí podemos concluir que cambiar el sistema a uno completamente pospago y eliminar las multas pudiese tener consecuencias no deseadas sobre los recaudos de la ACT y los ingresos de Metropistas, toda vez que esos cambios tendrían el efecto de reducir la motivación de los usuarios para recargar sus cuentas”. INS

 

P. Rico-Informe destaca los bajos salarios y las condiciones críticas de los trabajadores de las empresas farmacéuticas en la isla

San Juan, 18 ago (INS).- El Center for Popular Democracy y Hedge Clippers publicaron un informe que destaca las prácticas patronales abusivas de las manufactureras farmacéuticas que operan en Puerto Rico.

“La promesa fallida de las farmacéuticas: cómo las grandes farmacéuticas perjudican a los trabajadores, eluden los impuestos y extraen miles de millones en Puerto Rico” es el primero de tres informes que se publicarán este año.

En este se detalla a través de una serie de entrevistas con el personal de limpieza y seguridad de las plantas farmacéuticas, cómo estos patronos abusan de sus empleados exponiéndolos a riesgos de seguridad y salud, salarios mínimos y beneficios míseros o ausentes.

La mayoría de estos empleados ha laborado por décadas en la misma empresa bajo el salario mínimo, mientras que los directores ejecutivos de estas empresas ganan en promedio 20 millones de dólares al año.

“Durante décadas, en Puerto Rico hemos escuchado acerca de los empleos bien remunerados que brindan las compañías farmacéuticas como la razón principal para otorgar enormes exenciones contributivas e incentivos económicos”, indicó Julio López Varona, codirector de campañas del Center for Popular Democracy.

Agrega que “nuestro informe demuestra que estas afirmaciones son más de las mentiras y promesas vacías para el pueblo. Cientos, sino miles, de trabajadores en Puerto Rico sufren condiciones de trabajo deficientes, incluso expuestos a riesgos de seguridad y salud, sobre todo durante la pandemia, mientras la industria farmacéutica continúa generando miles de millones”.

Se proyecta que el sector manufacturero de Puerto Rico, del cual la industria farmacéutica es una gran parte, recibirá 14,568 millones en exenciones contributivas en 2022. Esa cifra es mayor que el presupuesto operativo del gobierno de Puerto Rico. Y, sin embargo, el informe destaca que a pesar de más de 100 mil millones proyectados en exenciones contributivas entre 2017 y 2023, sólo se crearon siete empleos directos e indirectos en la isla.

Maggie Corser, analista senior de investigación del Center for Popular Democracy y autora del documento, señala que “el informe muestra cuan explotadoras son las compañías farmacéuticas estadounidenses en Puerto Rico. Cuando un director ejecutivo de una compañía farmacéutica gana 1,131 veces lo que ganan sus trabajadores, y no ofrece mejores condiciones de trabajo, solo podemos describir esta situación como poco ética y abusiva”. INS

 

P. Rico-Se sostiene determinación final sobre distritos electorales senatoriales y representativos pese a errores del Censo 2020

San Juan, 18 ago (INS).- La junta constitucional de revisión de los distritos electorales senatoriales y representativos notificó que se mantiene a firme su determinación final del 21 de julio pasado, y ratificada mediante resolución el 5 de agosto, sin oposición, tras vencerse el término que fue notificado al público para impugnar o emitir comentarios.

Conforme a lo que mandata la Constitución, la junta constitucional completó su encomienda valiéndose de los datos oficiales del Censo decenal de 2020 publicados por el Negociado del Censo en septiembre de 2021.

Estos datos oficiales permanecen inalterados y no se impactarán con los datos estadísticos estimados publicados por el Negociado del Censo como parte de una encuesta estadística (Post-Enumeration Survey (PES).

En el caso de Puerto Rico, el Negociado del Censo anunció el 16 de agosto de 2022, que el PES estima que durante el Censo 2020 se sobrecontó a la población por un 5.7% (174 mil personas), lo que no representa cambio estadístico significativo sobre el mismo margen de conteo mayor hecho después del Censo de 2010.

Los datos del PES publicados por el Negociado del Censo resultan de un estudio estadístico implementado para validar la calidad de los datos producidos por el Censo de 2020 en cuanto a la población y las unidades de vivienda en todos los estados y territorios de Estados Unidos.

Este estudio le permite al Negociado del Censo evaluar las fortalezas y debilidades de sus procesos y así apoyar y dirigir su plan de trabajo para el Censo de 2030. Es una herramienta de autoevaluación del Censo y no impacta los procesos de redistribución finalizados en los estados y en Puerto Rico en las pasadas semanas.

“Finalmente, esta junta constitucional completó su encomienda valiéndose de los números oficiales del Censo de 2020 y el PES no altera en nada los datos utilizados para la redistribución y que permanecen inalterados por los próximos 10 años”, señala la entidad.

Asimismo, se destaca que “esta junta logró trabajar una redistribución con un porcentaje de desviación igual o menor del 4%, por debajo del 6% de juntas anteriores y del 10% que se considera constitucionalmente válido. Tanto los funcionarios electos como la ciudadanía pueden confiar en que el trabajo arduo y dedicado de la junta constitucional logró el balance poblacional relativo requerido entre los distritos electorales para garantizar que toda persona ejerza su derecho fundamental al voto de manera igualitaria”. INS

ndc