R. Dominicana-El presidente de la Cámara de Diputados reclama un consenso de los legisladores para que se apruebe el nuevo Código Penal

Santo Domingo, 14 ago (INS).- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, exhortó a los sectores enfrentados por el tema del aborto, entre estos los legisladores, a buscar puntos de avenencias para aprobar el nuevo Código Penal Dominicano, una propuesta legislativa que lleva más de tres años debatiéndose en el Congreso Nacional.

El tema ha creado controversias en los diferentes estamentos sociales y políticos, pues mientras unos se muestran a favor de la aprobación del aborto, otros (como las iglesias y demás núcleos cristianos) se manifiestan en la dirección de que se mantenga la prohibición.

“Me gustaría que esos sectores depongan actitudes y busquen puntos de avenencias para que nos pongamos de acuerdo y aprobemos este Código que el país lo está reclamando”, expresó.

El congresista y miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostuvo que una vez se consiga el consenso, se compromete a continuar la lucha para que se validen las dos causales del aborto, que quedarán fuera de la pieza legislativa.

Asimismo, aseguró que el contenido del Código está acordado en un 99.9 por ciento, añadiendo que aspira “muy pronto, a partir del próximo 16 de agosto nosotros podamos tener ese Código debidamente aprobado”.

Pacheco dio estas declaraciones al ser entrevistado en el programa D´Agenda, transmitido por Telesistema Canal 11, bajo la producción del periodista Héctor Herrera Cabral..

En la República Dominicana los movimientos feministas y  organizaciones como el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), exigen la despenalización parcial del embarazo interrumpido de manera intencional, mediante en situaciones excepcionales: cuando la gestación sea producto de una violación sexual o incesto, si la vida de la mujer se encuentra en riesgo o cuando el feto presente malformaciones congénitas incompatibles con la vida.

En este debate se evidencian tres posturas: 1) La completamente restrictiva, que aboga por la prohibición absoluta asociada a una posición religiosa y esencialista; 2) Una menos restrictiva, que acepta que situaciones extremas o excepcionales ameritan la despenalización, pero sin cuestionar la idea de que el aborto es principalmente una acción antiética y punible; y 3) parte de la prevalencia de la dignidad y autonomía de las mujeres en tanto ciudadanas, defiende que es un derecho humano decidir sobre su cuerpo y mantener la autonomía sexual y reproductiva.

Desde el 2020 y 2021, los movimientos feministas han reiterado un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, al presidente de la Cámara de Diputados y a los miembros del Congreso  a no aprobar el Código Penal sin tener en cuenta las citadas condiciones, que permitiría garantizar un mínimo de derechos a la salud y a la dignidad de las mujeres, conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos del Estado dominicano.

Esos grupos consideran que remitir la penalidad del aborto a un proyecto de ley, como algunos diputados proponen, “es enterrar la posibilidad que se despenalice en sus tres causales y reenviar la decisión a un tiempo insostenible”.

“Es hora de que se garantice a las mujeres dominicanas sus derechos humanos, sexuales y reproductivos que figuran en las tres causales de despenalización del aborto, según la más moderna tendencia legislativa a nivel mundial. De esta forma podríamos por fin salir del vergonzoso grupo de países que en Latinoamérica prohíben totalmente el aborto, como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití”, señaló Manuel María Mercedes presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana.

En ese contexto, Gloria Cano, Secretaria General de la Federación Internacional por los Derechos Humanos  (FIDH), declaró en esa ocasión que «impulsar la despenalización de las tres causales del aborto es un avance imprescindible para el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres en República Dominicana. Forzar a una mujer o niña a llevar a término un embarazo resultante de una violación o cuando el feto no es viable constituye un acto cruel, inhumano y degradante». INS

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