P. Rico-Repudia dirigencia del PIP proceder de exprocuradora de las Mujeres

San Juan, 10 ago (INS).- La conducción del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), encabezada por su vicepresidenta María de Lourdes Santiago y el secretario general, Juan Dalmau Ramírez, repudiaron hoy el proceder de la exprocuradora de las Mujeres Lersy Boria Vizcarrondo, quien antes de dejar el cargo el martes anunció la imposición de una multa de $30 mil por no tener protocolos contra el acoso laboral o el hostigamiento sexual.

“Las faltas que imputa (Boria Vizcarrondo) es que el PIP como patrono no tenía protocolos para casos de acoso laboral o de hostigamiento sexual en el empleo y no tenía carteles puestos en este edificio para las personas que han sido empleadas aquí —ninguna de las cuales es o ha sido querellante”, dijeron los dirigentes independentistas, entre los que se encontraba Adrián González Costa, secretario de Organización, quien investigó las quejas de una militante.

Indicaron que, según el propio documento firmado por Boria Vizcarrondo, antes de saltar de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a la subsecretaría de Estado de Puerto Rico, no se imputa al PIP haber incurrido “en acoso laboral ni de ningún tipo”.

Durante la rueda de prensa en su sede central, la dirección partidista aclaró que la exprocuradora “llama investigación, lo que no es otra cosa que la información y los documentos provistos por el PIP en respuesta a dos requerimientos de la Procuraduría de las Mujeres, el primero del 16 de junio del 2022, y el segundo del 18 de julio de 2022”.

“Por razones que no se explican en la querella, la Lcda. Boria sólo tiene tres fuentes: Twitter, Facebook y nuestras propias respuestas, que fueron absolutamente francas y transparentes. La Sra. Boria escogió, al menos según refleja el escrito, no hacer entrevistas,  no obtener declaraciones juradas ni realizar ningún otro esfuerzo investigativo: sólo nuestras respuestas, que incluyen, según se nos ordenó proveer, toda la evidencia que tuvo ante su consideración la Comisión Especial sobre los casos en los que intervino”, expuso el PIP.

Aclaró que son tres casos: el de la militante de Aguada que en el año 2019 tenía a su cargo recopilar ciertos documentos necesarios para la radicación de candidaturas, y dos alegaciones —hechas a través de las redes— sobre acoso laboral.

Con respecto al chat que llevó por nombre «la unión falocrática”, se dejó sentado que se trata de una imprudencia mayor que tiene que ser repudiada el que se use un nombre como ese, mas “ese chat no era un instrumento de comunicación del PIP, ni de ningún comité, ni de ningún organismo político, sino un intercambio entre personas en su capacidad personal”.

“Nos enteramos de que existía cuando en abril, la querellante del primer caso, dijo que en ese chat se habían hecho expresiones misóginas sobre ella. Se entrevistó por separado, a tres participantes del chat, y ninguno recordó tales publicaciones sobre la querellante. Se les pidió que hicieran una búsqueda en el chat, y no aparecieron las expresiones. Así que, esa es la que hay con ese chat”, se argumentó.

La dirigencia del PIP observó que “con toda esa información en su poder, sobre los hechos, sobre las alegaciones de acoso y hostigamiento, y con todas las facultades en ley sobre investigación y citación de testigos, sobre eso, la Sra. Boria no hace ninguna declaración, ninguna alegación, ninguna determinación, ninguna imputación de violación de ley —nada más allá de transcribir algunas oraciones de lo que el Partido le proveyó”.

“Si hubiera existido evidencia de acoso, de hostigamiento, la Lcda. Boria tuvo oportunidad sobrada de hacer determinaciones sobre eso. Y como la evidencia demostraba claramente, tan claramente que ni podían tergiversarla, esas determinaciones no se hicieron. Lo que en efecto  constituye el documento firmado en su último día en funciones en la Procuraduría por Lersy Boria, es una confirmación de las determinaciones de la Comisión Especial y de la corrección de los procesos”, resumió el PIP al reiterar que “con toda la evidencia en sus manos, la señora subsecretaria de Estado no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento”.

A la organización le preocupa que se filtraran desde la Procuraduría de las Mujeres documentos que forman parte de la investigación realizada por el PIP.

Igualmente, observaron que “el castigo de $30,000 –que es mucho más que la suma de las cinco multas administrativas que impuso en el 2021— es que el PIP no tenía para sus empleadas y empleados, protocolos y reglamentos al amparo de la Ley 17, que es la ley de hostigamiento sexual en el empleo, y de la Ley 90-2020 que es la de acoso laboral, y que por cierto no estaba vigente para la fecha de las alegaciones que llaman de acoso laboral y además, es una obligación que entró en vigor hace menos de un año, y para la cual en todo caso, la ley no provee penalidad en caso de incumplimiento”.INS

ndc