R. Dominicana-Poder Ejecutivo pone en funcionamiento la polémica Ley de uso de Medios Digitales en el Poder Judicial objetada por varios sectores

Santo Domingo, 31  jul (INS).-El presidente Luis Abinader promulgó la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, norma legislativa que calificó como un avance significativo para el país y la comunidad jurídica debido a que aumentará el acceso a la transparencia, principal pilar de una judicatura confiable.

Previo a la publicación, el documento fue evaluado, elaborado y depositado ante el Congreso Nacional por una comisión de juristas de la Suprema Corte de Justicia tomando como referencia la Constitución de la República Dominicana.

En la ley se establecen los principios y lineamientos para el uso de los medios digitales en el Poder Judicial, sin afectar las normas procesales vigentes.

Con su aplicación, los ciudadanos podrán visualizar y dar seguimiento a sus expedientes y se facilitará el acceso a la justicia al permitir realizar solicitudes, depósitos o consultas a través del internet, desde cualquier lugar del país.

Con estas facilidades, abogados y personas con asuntos judiciales pendientes tendrán la opción de asistir a sus audiencias de manera virtual, en todas las materias excepto la penal.

Además, habilita el uso de la firma para jueces, juezas y servidores judiciales; la creación y acceso a las partes al expediente electrónico y otras facilidades.

La citada ley la elaboró la Comisión de Agenda Legislativa del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Justiniano Montero, Francisco Antonio Jerez, Manuel Alexis Read, Rafael Vásquez Goico, Napoleón Estévez Lavandier, Nancy Idelsa Salcedo Fernández, Vanessa Acosta Peralta y su presidente, Luis Henry Molina Peña.

Tras su promulgación, el alto tribunal deberá elaborar y aprobar el reglamento para su aplicación, en un plazo no mayor de seis meses.

Se recuerda que algunos sectores cuestionaron la propuesta, entre estos el Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPRODOM) que externó preocupación por aspectos fundamentales del proyecto que entran en contradicción con la sentencia TC 0286-21, de fecha 14 de septiembre del 2021, que dictó el Tribunal Constitucional y “violaba el principio de la tutela judicial efectiva que deben tener todos los ciudadanos y consagra una delegación inconstitucional de las atribuciones del Congreso Nacional, porque autoriza la modificación por la vía reglamentaría de los códigos de enjuiciamiento de la República Dominicana”.

Por igual, se refirió al tema la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, al considerar  que, aunque el uso de los medios digitales en la justicia es una gran ventaja, y agregó que “se hace necesario ir preparando el camino poco a poco, debido a las limitaciones que tiene una gran parte de la población en materia de tecnología”.

“Lo único que yo digo es que, eso ameritaba una preparación y una labor gradual. Porque ustedes conocen las limitaciones que en el conocimiento de esa materia tiene la generalidad de las personas”, dijo.

Mientras, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) recomendó algunas sugerencias al proyecto de ley, dentro de las que sugirió elaborar de forma clara las reglamentaciones, así como el cuidado de los temas de acceso a la justicia.

Asimismo, los abogados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), así como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), habían objetado el proyecto de Ley alegando que era  violatorio de varios artículos de la Constitución de la República. INS

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