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El canciller Roberto Álvarez (al centro) junto a participantes en la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas. / Inter News Service
Santo Domingo, 29 jul (INS).- República Dominicana conmemoró el jueves el Día Mundial Contra la Trata de Personas con la urgencia de una nueva legislación que esté acorde con la diversificación de este delito, que aumentó durante la pandemia de Covid-19.
El país cuenta con una ley que data del año 2003, pero que no se ajusta a estos tiempos y se espera que para este año se tenga otra normativa jurídica, cuyo proyecto está en manos de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, explicó que la modificación a la legislación conlleva sanciones agravantes de entre 15 a 30 años de prisión, así como condenas a quienes usen las herramientas virtuales para cometer el delito.
“El éxito futuro en la erradicación de la trata de personas dependerá de la forma en que las fuerzas del orden, los sistemas de justicia penal y otros puedan aprovechar la tecnología. Incluso, ayudando a mejorar la prestación de servicios de apoyo a las supervivientes”, consideró Álvarez.
El tema de este año se centra en el papel de la tecnología que puede permitir como impedir el trasiego de personas, por lo que el canciller señaló que es necesario que se realicen actividades de prevención y sensibilización sobre el uso seguro del internet y las redes sociales.
Durante el 2021, el gobierno identificó a 65 personas víctimas de esa acción, 56 nacionales y nueve extranjeras, provenientes de Haití, Colombia, Estados Unidos y Venezuela. La modalidad con más víctimas fue la trata sexual que afectó a 29 personas, de las cuales 23 (el 79%) eran menores de edad.
En ese contexto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) explica que esa infracción consta de tres elementos fundamentales: el hecho, el medio y el fin. “Los traficantes utilizan el abuso físico y sexual, el chantaje, la manipulación emocional y la sustracción de documentos oficiales para controlar a sus víctimas”, detalló.
La trata de personas se manifiesta de diferentes maneras, pero en la isla caribeña la sexual fue la modalidad con más víctimas identificadas el año pasado: 21 niñas fueron abusadas, mientras que los casos de niños se sitúan en dos.
En el acto de conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso aprovechó el escenario para pedir al Congreso Nacional la aprobación de la nueva ley sobre el tráfico ilícito de migrantes, por ser un instrumento que responde a las necesidades actuales sobre la persecución.
“Ninguna otra manifestación del crimen lacera tanto la dignidad humana y la vida de las personas como lo hace la trata. Convertir a un ser humano en una cosa o tratar de convertirlo en una cosa para obtener beneficio es un crimen horrendo, es un crimen terrible, es un crimen que merece una respuesta estratégica, sistemática y articulada de parte de los Estados”, señaló Reynoso.
Reconoció que “hay mucho por hacer” y por cultivar con relación a la protección de las víctimas, pero, a la vez, distinguió el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores para el nuevo marco legal para la protección de las personas y la persecución de los autores de esos hechos.
“República Dominicana no es ni será nunca un escenario en el que tratante tendrá un paraíso para cometer su delito. Jamás lo será”, destacó.
En el mundo, el problema afecta principalmente a mujeres y niñas, según el último informe global sobre este delito que realiza cada dos años la Unodc.
El 19 de julio de 2022, un informe presentado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que el gobierno dominicano no cumple con las normas mínimas para acabar con la trata de personas; sin embargo, reconoce que las autoridades del país están haciendo esfuerzos para lograrlo.
Pese al interés que menciona el reporte y al aumento de las acciones de prevención, protección y persecución de responsables de este delito, la nación se mantiene en la categoría 2 debido a que el gobierno “no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave”.
“Estos esfuerzos incluyeron condenar a más traficantes, abrir una cuenta específica de tráfico de refugio, remisión a la atención y recopilación de datos, ayudar a gobiernos extranjeros en casos de trata, y registrar y documentar a los migrantes venezolanos vulnerables a la trata”, detalle la documentación.
El Departamento de Estado de EEUU consideró que el trabajo para identificar a los perjudicados con esa práctica parecían “inequitativos”, ya que considera que el gobierno dominicano no brindó ayuda a los nacionales haitianos, no aprobó una ley que ampare a las víctimas de tráfico sexual en menores de 18 años y no financió adecuadamente los esfuerzos contra el delito. INS
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