P. Rico-“Miles de trabajadores del servicio público están indignados con el gobernador porque se les arrebató el derecho a un retiro incentivado”, advierte presidente de la CPT

San Juan, 29 jul (INS).- “Miles de trabajadores del servicio público están indignados con el gobernador, Pedro Pierluisi, y con los jefes de agencias que les arrebataron el derecho a un retiro incentivado con una pensión de 50% de salario”, advirtió hoy el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) Emilio Nieves Torres.

Esto, ante la determinación del gobierno y de la Junta de Control Fiscal de implementar la Ley 80 de 2020 a solamente 1,700 empleados públicos de los 11 mil que eran elegibles.

Nieves Torres argumentó que “esto es un crimen social a la vida de trabajadores que, en su mayoría llevan  más de 30 años de servicio y que se les ofreció  un retiro incentivado que ahora les niegan. Los trabajadores afectados por este acuerdo no se quedarán de brazos cruzados y vamos a llevar este reclamo directamente al Gobernador, Pedro Pierluisi“, concluyó el líder sindical..

“Solamente un 15% de los empleados públicos elegibles fueron seleccionados para un retiro incentivado. El 85% de los trabajadores fueron excluidos. Con este acuerdo se impone que solamente son elegibles los que el jefe de agencia o corporación pública determinó que son ‘no esenciales’”, apuntó.

Y explicó que “se supone que los 1,700 empleados ‘no esenciales’ ya fueron notificados por el jefe o director de agencia. Esto implica que los demás se quedan trabajando hasta que puedan retirarse para tener una pensión de entre 29% y 35%, lo que implica vivir una jubilación en la indigencia total”, apuntó Nieves.

“Los responsables de impedir que se les haga justicia a estos trabajadores son los jefes de agencias y corporaciones públicas que identificaron las plazas a ser eliminadas y que, por lo tanto, clasificaron a los trabajadores que las ocupan como no esenciales”.

Dijo que esto se aleja del espíritu de la Ley 80, que plantea hacer justicia a los empleados de la Ley 447-1951 y Ley 1-1990 y que contempla un ahorro multimillonario en nómina, lo cual viabiliza su implementación. La misma ley identifica un ahorro significativo al gobierno de más de 171 millones al año.

“¿Por qué se les niega ese derecho a los trabajadores si hay ahorros y existen mecanismos para garantizar el servicio a la ciudadanía? Parece que la respuesta a esta pregunta es que la intención del acuerdo entre el gobierno y la Junta es reducir la nómina del gobierno y negarles el derecho a miles de trabajadores a una pensión de un 50% de su salario”, concluyó el sindicalista. INS

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