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El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de dirigir un entramado de corrupción. Inter News Service
Santo Domingo, 25 jul (INS).- El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional notificó hoy la acusación a cada uno de los imputados del entramado de corrupción conocido como Caso Medusa, en el que figura como responsable principal el ex procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez, junto a otras 41 personas.
La corte fijó el juicio preliminar fijó el 12 de agosto luego de agotarse el proceso de depósitos de los documentos y las pruebas de parte del el Ministerio Público en el salón de audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual es uno de los más grandes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los abogados, los imputados y los representantes de las empresas involucradas en la estructura delictiva, a partir de ahora, deberán prepararse para ejercer su defensa en el juicio..
Mediante auto No. 059-2022-TFIJ-00112 de fecha 22 de julio de 2022, el juez titular del tribunal, Amauri Marcos Martínez Abreu, pautó el inicio del proceso, que se conocerá en la sala de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicada en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, debido a la cantidad de partes procesales que intervienen en el caso.
Con esta etapa empieza la aportación de la prueba en la que se determinará si la acusación tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo o de lo contrario se dictaría auto de no ha lugar (libertarlos).
Se recuerda que la pasada semana el tribunal concluyó el proceso de cotejo de evidencias aportadas junto a la instancia de acusación presentada por el Ministerio Público, el cual se realizó de forma ágil y en tiempo razonable.
La incriminación penal cuenta con más de 12 mil páginas y el avance en el proceso del cotejo fue posible debido al trabajo simultáneo entre las secretarías de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y del Tercer Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción.
Las evidencias
Videos y audios de reuniones y otras actividades, informaciones telefónicas, copias de documentos, incluidos cheques, y un amplio listado de pruebas testimoniales estructuran el blindaje que dice el Ministerio Público haber dado al expediente acusatorio contra los vinculados.
Las pruebas testimoniales constituyen el principal soporte contra la que los fiscales investigadores han denominado “una red criminal que cometió corrupción administrativa”, dirigida supuestamente por Jean Alain Rodríguez Sánchez, contra quien se dictó un mandamiento de prisión preventiva por 18 meses.
Rafael Canó Sacco, quien fue el jefe de Gabinete del Procurador, encabeza la lista de los 441 nombres que conforman las pruebas testimoniales, y con él, los acusadores pretenden probar “la forma en la que desde el inicio de la gestión del acusado Jean Alain Rodríguez, operó la estructura criminal dirigida por él, en coalición de funcionarios con los acusados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y compartes”.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también demostraría la participación de cada uno de ellos en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, “que era el proyecto político usado por el acusado Jean Alain Rodríguez para encausar sus aspiraciones presidenciales”
Pero muchos otros testimonios se destacan. Por ejemplo, un chofer que, según el expediente trabajaba para del acusado Alexander Solano Augusto y que en varias ocasiones fue enviado por éste “a sucursales del Banco de Reservas a llevar personas para recoger el dinero y tarjetas que éstos retiraban, que luego le entregó al acusado Alfredo Alexander Solano Augusto”. Indican además que el testigo identifica a varias de las personas que llevó al referido banco.
Además, citan las declaraciones de Juan Gabriel Lora López, señalado como accionista y gerente de la empresa Ingeniería JG Lora, S.R.L., que según la acusación fue a una oficina, en el tercer piso de la Procuraduría General de la República, “donde es recibido por Jonnathan Rodríguez y Rafael Mercedes, quienes le dicen que debe pagar un 20% del total de la obra, que equivalía a RD$ 14,000,000 (257.619 dólares) y que debía hacerlo en tres pagos”.
En el expediente se desglosan varias certificaciones de cheques con los que, según el Ministerio Público, se demuestran los pagos de sobornos, al pasar de una cuenta de personas vinculadas a las empresas contratadas hacia personal que laboraba o que está relacionada con personal de la Procuraduría.
Una muestra de eso, dice la acusación, es la copia certificada del cheque No. 00135, de fecha 1 de marzo de 2020, atribuido a la cuenta de la empresa DisplaySmart Ramírez, SRL, a nombre del señor Ramón Lucrecio Burgos Acosta, por el monto de RD$13,500,000 (unos 239.218 dólares).
Con el documento, la Pepca busca demostrar que desde la cuenta No.12000001158, del Banco Santa Cruz, de la empresa Displaysmart Ramírez, SRL, representada por el señor Ulises Francisco Ramírez Fondeur, se pagó sobornos al acusado Ramón Lucrecio Burgos Acosta, y a otros funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la República, por el monto señalado en el párrafo anterior. INS
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