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Resumen de noticias para el viernes 14 de julio de 2022
P. Rico-Se ausenta municipio de San Juan de vista pública de la Cámara sobre venta de parque en Condado
San Juan, 15 jul (INS).- Con la ausencia del municipio de San Juan, las comisiones de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas y la del Desarrollo y Fiscalización de los Fondos Públicos de la Capital de la Cámara de Representantes iniciaron la investigación sobre la venta y trámite de permisos para la construcción de un edificio en un solar enclavado en lo que fue un parque comunitario en Condado.
Ambas comisiones citaron a los portavoces de las comunidades aledañas al parque Borinquen y a diferentes agencias de gobierno, incluyendo al municipio de San Juan, que envió una comunicación excusándose de la vista.
Ante esto, el representante Luis Raúl Torres Cruz expuso que el ayuntamiento municipal será citado so pena de desacato para que comparezcan en la próxima vista pública.
Asimismo, el arquitecto y urbanista Pedro Cardona Roig confirmó que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) nunca fue dueño legítimo del parque y, por lo tanto, no tenían la capacidad para venderlo a las corporaciones Krug Properties LLC y Bayola Ventures por 145 mil dólares (equivalente a 810 el metro cuadrado), con el objetivo de construir un condominio residencial de hasta 12 plantas.
A su vez, Cardona Roig expuso que “el parque está actualmente inscrito en el Registro de la Propiedad a favor del municipio de San Juan desde 1972, como parte de la finca 13,818. “En efecto, el DTOP no es el dueño de este parque, sino el municipio”, afirmó.
Aparte, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, aseguró que cualquier ente gubernamental o privado que haya envenenado los árboles que yacen en el parque bajo disputa lo realizó en contra del marco legal del país.
“Ni el municipio de San Juan ni ningún municipio, ni personas privadas pueden envenenar árboles. El DRNA no tiene un procedimiento para envenenar árboles. De ordinario, la agencia puede hacerlo, pero con la finalidad de controlar especies invasoras”, argumentó Rodríguez Vega.
Más tarde, Torres Cruz preguntó a la jefa de la agencia si ordenará un cese y desista sobre la posible manipulación del área vegetativa. “Si dentro de mis facultades está realizar una orden de cese y desista, así lo haré”, aseguró la secretaria interina.
Mientras, el DTOP indicó que recibió la solicitud formal para la adquisición del terreno en el año 2019. Entonces, el 3 de julio de ese año pidió al Registro de la Propiedad inscribir el terreno a nombre del gobierno, porque “no existía evidencia que acredite el dominio a persona, entidad o agencia alguna”.
La solicitud del desarrollador fue sometida ante el Comité Evaluador de Disposición de Bienes Inmuebles (CEBI). En la vista trascendió que, el 17 de septiembre de 2020, el Comité recibió la transacción. En ese momento, CEBI estaba compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
La exdirectora ejecutiva de CEBI, Sylvette Vélez Conde, dijo que el Comité aprobó por mayoría la transacción. Los funcionarios que votaron a favor fueron el actual secretario de Estado, Omar Marrero, y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy Rivera.
En tanto, vecinos del Condado, entre ellos el portavoz de la comunidad, Amaury Rivera, destacó que el espacio -de unos 179 metros cuadrados- ha sido por años de recreación para los residentes de la zona. “Estamos muy indignados. Le han quitado el parque a toda una comunidad. Los parques no se venden y ahí se cometió claramente un crimen, por lo que procederemos a realizar una demanda”, adelantó.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Transportación, José Aníbal Díaz Collazo, dijo que “esto es un tema importante y queremos con los trabajos de estas vistas públicas aclarar los detalles para el bien de todos y, en específico, de las comunidades aledañas al parque. La información que hemos recibido hoy es clave y seguiremos trabajando para buscar esclarecer la situación”.
Torres Cruz advirtió que “todo aquel que haya cometido irregularidades, deberá responder ante la Cámara de Representantes, el pueblo y la comunidad de Condado”.
Postura del municipio
Respecto del caso, el municipio de San Juan emitió un comunicado en el que señala que “de acuerdo a los archivos pertenecientes al municipio, no existe ningún documento que establezca que esa propiedad fue registrada o matriculada a favor del municipio de San Juan”.
En cambio, agrega, de los registros existentes la propiedad en cuestión fue matriculada “por el Departamento de Transportación y Obras Públicas en el año 2019 y fue vendida al actual titular en febrero de 2021”.
“Cabe aclarar que de la información que obra en los archivos del municipio, para el año 1952 se hicieron unas expropiaciones para lograr la conexión de la avenida Ashford con la calle McLeary. En aquel entonces, el municipio procedió a vender a manos privadas los predios remanentes que sobraron después de dicha construcción”, añadió el escrito.
“Sobre el predio de terreno de referencia, su titularidad nunca fue registrada por el municipio de San Juan a su favor. En cambio, durante la administración anterior de la alcaldesa Cruz Soto, en el 2019, cuando ocurrió la inscripción de titularidad a favor del DTOP, se pudo haber levantado algún argumento antes de que el gobierno estatal procediera a registrar dicho terreno, pero tampoco se hizo”, argumenta.
Y concluye: “Por lo tanto, al día de hoy, el municipio nunca tuvo ni tiene titularidad debidamente registrada sobre dicho terreno… Estaremos solicitando a la legislatura municipal de San Juan que investigue todas las acciones y roles que tuvo el municipio en 2019 cuando el gobierno estatal lo reclama como suyo”. INS
P. Rico-Inician vistas públicas para investigar supuestos maltratos en hogar de cuido de ancianos en Ponce
San Juan, 15 jul (INS).- La presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado, Rosamar Trujillo Plumey, inició las vistas públicas en torno a la Resolución 107, para investigar supuestos casos de maltrato en el Hogar Las Águilas, en Ponce, dependiente del Departamento de la Familia (DF).
A la audiencia comparecieron bajo juramento las funcionarias del DF, la exdirectora de la oficina de Licenciamiento Llelidza Santiago Santiago; la especialista en licenciamiento a nivel central, Rosa Correa Ortiz; el director ejecutivo del programa de servicio de adultos bajo la Administración de Familias y Niños (Adfan), Eddie García Fuentes, y Marisabel Vázquez Mojica, especialista en trabajo social en el servicio de maltrato institucional de adultos y quien ha laborado por 24 años en la agencia.
“Mis respetos a las funcionarias que se presentaron a esta vista. Las expresiones son preocupantes, porque son funcionarias especializadas con años de experiencia y, según lo escuchado en sala, se les está llevando a ejecutar procedimientos contrarios a lo que la ley y los manuales rigen”, dijo la legisladora del Partido Popular Democrático (PPD).
A su entender, el proceso de apelación que lleva no detiene la cancelación de licencia, “así que ellos han sido responsables diciendo que hay un hogar operando sin licencia, el procedimiento del Departamento de la Familia no solamente para esto, sino para todos los hogares es la responsabilidad de que sus viejos estén bien, así que lo han hecho”.
Ante preguntas de Trujillo Plumey, los deponentes señalaron que recibieron notificación por parte del DF indicándoles que, de acudir a la audiencia, estarían asistiendo en su carácter particular. Esto fue cuestionado por los deponentes, quienes fueron citados por sus responsabilidades dentro del DF.
La senadora preguntó por qué el Hogar Las Águilas sigue abierto. Santiago indicó que desconoce la razón, pues renunció a su puesto de confianza el pasado 16 de junio y había un plan de egreso que culminaba en 30 días (al 18 de junio) y vencían luego de su renuncia. “Así que desconozco las razones por las que sigue operando”.
Santiago leyó detalles de su carta de renuncia, donde indicó que recibió instrucciones verbales de la subsecretaria, Terilyn Sastre, de volver a evaluar la determinación de cancelación de licencia en busca de alternativas para que el establecimiento continuara operando, mientras se llevaba a cabo el proceso ante la junta adjudicativa.
Vázquez Mojica señaló que avaló la recomendación de no renovar la licencia al hogar y declinó entrar en detalles por haber una investigación en curso.
“De acuerdo con mi criterio profesional, no debía darse más tiempo de lo señalado, que fue un mes. Entendíamos que ese era el tiempo ordenado para el proceso. Más allá de ese período no era seguro que los residentes permanecieran en el lugar y así lo notificaron”, explicó.
Mientras, Carmen González, secretaria del DF, envió una ponencia escrita, en la que señala que no puede hacer expresiones sobre este asunto por existir una investigación y proceso en curso.
“Es de conocimiento que el Hogar Las Águilas fue objetivo de una investigación por parte de la Unidad de Maltrato Institucional de la Adfan. Y que la determinación está siendo apelada ante la junta adjudicativa. De igual manera, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada (Oppea) lleva a cabo su propia investigación. Finalmente, el asunto está referido ante la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia, por lo que dicha dependencia tiene una investigación criminal en curso”, apuntó. INS
P. Rico-Exigen a la secretaria del DRNA que actúe contra empresa del exalcalde de Santa Isabel por no remover verja que está dentro del mar
San Juan, 15 jul (INS).- El alcalde de Santa Isabel, Rafael Burgos Santiago, exigió hoy a Anaís Rodríguez Vega, secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), que intervenga con la empresa Aquamak, del exalcalde Enrique Questell Alvarado, por incumplir con la orden de remoción de una verja que toca el mar.
La fecha límite para el retiro de la cerca fue el 11 de julio de 2022, según una orden emitida por la propia agencia el 10 de mayo pasado.
“Nadie está sobre la ley. Questell Alvarado tiene que respetar las determinaciones gubernamentales. Este es el momento para que la agencia demuestre que protege y favorece los intereses del pueblo y no los caprichos de una familia en particular. La secretaria tiene que demostrar que es digna del puesto que ocupa”, reclamó Burgos Santiago.
La orden obliga al exalcalde a colocar la estructura de metal y “cyclone fense” dentro de los límites territoriales de su propiedad. La verja se encuentra aún dentro del mar, por lo que Burgos Santiago solicitó la reevaluación de las amonestaciones y que se pongan en vigor todas las leyes que aplican por las violaciones incurridas. INS
P. Rico-Legislador PNP busca evitar que ejecutivos de LUMA puedan contratar con el gobierno por dos años tras su renuncia
San Juan, 15 jul (INS).- El representante Víctor Parés Otero, del Partido Nuevo Progresista (PNP), anunció que presentará una medida para prohibir que cualquier miembro del equipo gerencial de LUMA Energy que renuncie, pueda directa o indirectamente recibir un contrato de servicios pagado a través de fondos públicos por espacio de dos años después de su salida.
“La transparencia en el manejo del contrato de LUMA Energy debe ser completa en todo momento. A esos fines, en la próxima sesión ordinaria presentaremos el proyecto que establece claramente que ninguna persona designada como miembro del equipo gerencial de esa empresa puede contratar con el gobierno, sea directa o indirectamente”, destacó Parés Otero.
Ayer, la cadena radial Notiuno reveló que LUMA Energy firmó un contrato de servicio para poda y desganche con la compañía Centurion Group el pasado 25 de mayo por 60 millones. Según detalló Notiuno, Todd McLaren, quien fue vicepresidente de LUMA, ahora se desempeña como vicepresidente de Centurion Group.
“Respetamos las prácticas comerciales en ley. La democracia se basa en la libre competencia y el sector privado es el eje en una economía de mercado como la nuestra. Pero levanta muchas sospechas que LUMA prescindiera de las empresas que hacían este trabajo para contratar a una empresa que no cuenta con el personal o equipo alguno para esta labor, además de tener a un alto ejecutivo de LUMA en puesto de gerencia”, añadió el legislador. INS
ndc