R. Dominicana-Ministerio Público revela que el exprocurador Jean Alain prestó a Danilo Medina drones comprados con fondos de la Procuraduría General de la República

Imagen de archivo de Jean Alain Rodríguez en una sala de audiencia. Inter News Service

Santo Domingo, 11 jul (INS).- La Procuraduría General de la República Dominicana señaló que en el expediente levantado con relación al entramado de corrupción conocido como el Caso Medusa, el exprocurador Jean Alain Rodríguez habría comprado con fondos de esa institución drones y equipos de desactivación de señal digital que no solamente fueron utilizados para su uso personal, sino “para prestárselos al entonces presidente Danilo Medina Sánchez”.

El nombre de Medina Sánchez, actual presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aparece por lo menos en 26 ocasiones en las indagaciones presentadas por el Ministerio Público contra el exfuncionario y los demás implicados.

En la experticia se establece que Rodríguez tenía un apoyo incondicional del entonces mandatario dominicano (2012-2020), quien ha evitado referirse al tema.

Según la acusación, la Procuraduría General de la República se quedó sin dinero para el proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario La Victoria, que en principio había ideado construir con los pagos de sobornos otorgados en el país por la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos privilegiados de obras estatales, por lo que Jean Alain Rodríguez “vuelve donde su aliado, el presidente Danilo Medina Sánchez, y obtuvo fondos de la presidencia a los fines de continuar con el proyecto”.

La acusación dice que todas esas acciones “eran conocidas, permitidas y en algunos casos aupadas” por el anterior gobernante con posturas como permitir que el órgano de persecución de delitos se embarcara en la Construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, sin tener planificación.

En el caso de los drones, el argumento está sustentado en las declaraciones testimoniales de Rafael Stefano Canó Sacco, otro de los 41 imputados, que decidió colaborar con los fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca).

El documento acusatorio detalla que Rodríguez habría empleado estos equipos en su villa de Casa de Campo, un exclusivo lugar ubicado en La Romana, región oriental dominicana.

Las autoridades aseguran que los citados aparatos fueron comprados “bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales, en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización”.

A raíz del testimonio de Canó Sacco, el Ministerio Público indicó que “probamos la participación de cada uno de los acusados, en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, que era el proyecto  usado por el acusado Jean Alain Rodríguez para encausar sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría General de la República como su trampolín público”.

Explicó que la creación “y desarrollo de un entramado comunicacional” diseñado para “exaltar” la figura de Rodríguez mediante el uso de fondos públicos.

Con el testimonio de Rafael Stefano Canó Sacco, los investigadores dicen probar que el exprocurador “dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política”.

Agrega que fueron probados por los fiscales “los grandes montos en temas de movimiento de tierras y el equipamiento de las cárceles, se hicieron con la intención del acusado en obtener beneficios económicos a su favor”.

Con 47 años, el abogado Jean Alain Rodríguez tiene en su haber costosas y lujosas propiedades que desde hace un año están bajo tutela de la Pepca, que lo incrimina de enriquecerse a costas de los fondos del Estado dominicano a través de prácticas ilícitas en su gestión durante el período 2016-2020.

El organismo dice éste tuvo “toda la intención de distraer recursos del patrimonio público» desde antes de llegar a la administración pública y por eso habría falseado su declaración jurada presentada el 30 de agosto del 2012, cuando fue nombrado director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), cuando   en aquella ocasión reportó un patrimonio de 220,586.137.47 pesos (equivalentes a 4.023.116 dólares).

Rodríguez lleva un año en prisión y desde entonces ni él ni su familia han tenido acceso a muchas de sus propiedades. El Ministerio Público le ha incautado su oficina de abogados, cuentas bancarias y costosos inmuebles. INS

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