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San Juan, 28 jun (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales de los programas Head Start y Early Head Start de Sabana Grande, toda vez que reveló que el municipio no obtuvo el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para la construcción de un techo de “galvalume” y otras mejoras en el centro Head Start de La Parguera, en Lajas.
La situación no permitió a la OGPe ejercer su función fiscalizadora previo al inicio de la construcción.
El 1 de marzo de 2000, el municipio de Sabana Grande comenzó a operar como agencia delegada del Programa Head Start y concesionario de Early Head Start (y agencia delegada a partir del 2015). En la actualidad cuenta con una matrícula de 411 niños en los 26 centros ubicados en Cabo Rojo (seis), Guánica (cuatro), Lajas (cinco) y Sabana Grande (11).
La auditoría de tres hallazgos señala que no se obligaron las asignaciones presupuestarias para el pago de tres contratos y cuatro enmiendas formalizados para la instalación de generadores eléctricos y la construcción del techo del Head Start de La Parguera.
El hecho de no obligar las partidas presupuestarias al momento de otorgarse los contratos impide mantener un control eficaz, puede propiciar sobregiros y litigios innecesarios.
Los auditores identificaron que se ordenaron y pagaron cuatro compras de dos vehículos por 56,659 dólares para los cuales se incluyeron marca y modelo en las requisiciones, y 15 tabletas para las cuales se incluyó la marca.
Los vehículos fueron adquiridos bajo la administración del exalcalde y las tabletas bajo el exalcalde interino. Estas decisiones propician el favoritismo en la adjudicación y limita la competencia.
El municipio de Sabana Grande no notificó a la Oficina el Contralor, según dispone el Reglamento 41, la pérdida de dos tabletas nuevas con valor en inventario de 1,598 dólares y tampoco habían realizado la investigación administrativa requerida.
Además, no se localizó una tableta valorada en 799 dólares en una inspección realizada por los auditores de la Contraloría en septiembre de 2021. Estas situaciones privan a la Oficina del Contralor de tener la información de la pérdida ocurrida, e impiden también al municipio contar con información detallada para fijar responsabilidades.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe de Sabana Grande cubre el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
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