P. Rico-Colegio de Abogados pide a la Cámara que apruebe resolución para solicitar a la American Bar Association una moratoria de seis años para cumplir con el estándar de acreditación 316

San Juan, 27 jun (INS).- La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), Daisy Calcaño López, le solicitó a la Cámara de Representantes le dé paso a una resolución concurrente que propone pedirle a la American Bar Association una moratoria de seis años para cumplir con el estándar de acreditación 316.

A su juicio, “eso permitirá y promoverá un proceso inclusivo, participativo y transparente entre las escuelas de Derecho, el poder Judicial y su junta examinadora de aspirantes al ejercicio de la abogacía y la notaría, los estudiantes, la comunidad jurídica, y el Caapr, en el que se logre una reforma efectiva del proceso de examen de reválida, que refleje de manera justa y adecuada el conocimiento, el esfuerzo y la capacidad de nuestros aspirantes”.

La resolución concurrente 55 fue radicada el 23 de junio por los representantes Rafael Hernández Montañez y José “Conny” Varela, presidente y vicepresidente de la Cámara, respectivamente, por petición del Caapr y de las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; de la Universidad Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

“Esta resolución, en su exposición de motivos, recoge la urgencia y necesidad de la moratoria. La pérdida de la acreditación es un asunto muy serio, porque afectará negativamente el acceso a préstamos estudiantiles, así como poder tomar la reválida federal o ejercer en otras jurisdicciones”, reaccionó la líder del gremio.

El propósito de la resolución es solicitarle a la American Bar Association que exima, por un término de seis años, a las tres escuelas de Derecho del país del cumplimiento con los requisitos del estándar de acreditación 316”, explicó la abogada.

Calcaño López tiene particular preocupación por los estudiantes de escasos recursos, quienes estarían en riesgo de no poder sufragar sus gastos de estudio. “Sólo podrán estudiar que tengan los recursos económicos. Ello, quebrando metas académicas y profesionales de cientos de estudiantes de clases menos privilegiadas y afectándose el acceso a la Justicia”, afirmó.

“Nuestra urgente solicitud a la Cámara es que esta resolución sea aprobada antes de finalizar esta sesión, por tratarse del más alto interés público y social”, concluyó Calcaño López. INS

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