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San Juan, 24 jun (INS).- La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Daisy Calcaño López, reiteró la política de la institución de respaldar el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar las decisiones relacionadas con la terminación de un embarazo, a tenor con la disposición de la Constitución de Puerto Rico que garantiza de forma expresa el derecho a la privacidad.
Su planteamiento surge a raíz de que este viernes el Tribunal Supremo de Estados Unidos “ha decidido en contra del derecho reconocido a las mujeres durante cinco décadas de tomar una decisión que es fundamental para sus vidas, para su salud física, mental y emocional, la de terminar un embarazo no deseado”.
“Al revocar los casos de Roe vs Wade y Planned Parenthood vs Casey, el Tribunal compuesto mayoritariamente por jueces ultraconservadores, nombrados los últimos por el expresidente Donald Trump, ha devuelto a los estados la autoridad para reglamentar el aborto al concluir, de forma equivocada y por razones ideológicas en nuestra opinión, que no es un derecho protegido constitucionalmente”, señaló Calcaño López.
La presidente del CAAPR expuso que “conociendo la polarización política existente en Estados Unidos entre republicanos y demócratas podemos esperar que los conservadores se inmiscuyan en las terminaciones de embarazo, inclusive con una prohibición total de llevarlos a cabo; en Puerto Rico no debe ocurrir esa situación”.
Se refirió a que, contrario a lo que ocurre en la jurisdicción federal, la sección 8 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico protege expresamente contra ataques a la vida privada o familiar y nada puede ser más privado que tomar la decisión de llevar un embarazo a término o interrumpirlo.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos no es un mandato para que los gobiernos de estados y territorios cambien sus legislaciones sobre tan importante asunto y que, por lo tanto, “en esta ocasión la condición colonial de Puerto Rico no nos obliga a actuar de determinada manera”.
“El aborto en la isla está adecuadamente legislado y no existe ninguna crisis de salud, médica o social sobre el particular que justifique restringirlo, como se intenta con el P. del S. 693, aprobado recientemente en el Senado. Por tal razón, exhortamos al gobierno a no promover legislación que atente contra el derecho a la privacidad de las mujeres y personas gestantes”, enfatizó la presidenta del CAAPR.
De otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Duarte se ha expresado a favor del derecho al aborto, en consideración al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución puertorriqueña.
Calcaño López finalizó que a través de la Comisión de la Mujer María Dolores (Tati) Fernós López-Cepero, quien fue defensora por excelencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se mantendrán pendientes al tema y apoyando los esfuerzos organizativos para garantizar que las mujeres tengan un vida digna y sean la dueñas de sus cuerpos y de sus decisiones.INS
ndc