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San Juan, 23 jun (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Guaynabo, tras revelar que la vicealcaldesa en funciones, otorgó, el 29 de marzo de 2019, un acuerdo supletorio por 30,888 dólares con carácter retroactivo para cubrir los honorarios por una póliza de seguros vigente, del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018.
Esta situación, contraria a la ley, se remitió a la consideración del secretario de Justicia el 5 de febrero de 2021. Una situación similar se había comentado en el informe de auditoría M-17-42 de 2017.
La auditoría de cinco hallazgos señala deficiencias con el proceso de adjudicación de propuestas para los servicios de mantenimiento y reparación de la flota vehicular. Contrario a la ley, el comité evaluador de solicitud de propuesta solicitó una propuesta de servicio a la compañía que ya estaba contratada por el municipio y recomendó su contratación.
Esta situación resta confiabilidad a los procesos de adjudicación de servicios y propicia el favoritismo. Además, aumentó los costos de 17,082,600 (2008), a 23,690,000 (2016).
Los auditores hallaron que dos de los empleados de la compañía que prestaba los servicios de mantenimiento de los vehículos municipales no estaban autorizados a ejercer la profesión, por carecer de licencias.
El comité evaluador de solicitud de propuesta no había solicitado al presidente de la compañía evidencia de las licencias emitidas por la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de sus empleados de refrigeración. Además, el examen de comprobantes de desembolso no incluía la certificación de labor realizada ni las facturas describían los servicios prestados.
Al 28 de febrero de 2018, el informe mensual de ingresos y desembolsos reflejaba siete fondos especiales con recursos económicos por 370,240 dólares que habían permanecido inactivos hasta tres años. Además, el incendio de un camión municipal con valor de 72,500 dólares no se notificó a la Oficina del Contralor ni se realizó una investigación administrativa al respecto.
El informe comenta que el exalcalde hizo alegaciones de culpabilidad por dos infracciones a la Ley 54 y a otros dos delitos menos graves. El 18 de febrero de 2022 el Tribunal de Primera Instancia acogió el preacuerdo de las partes y dictó sentencia que impuso sanciones y penalidades al exalcalde (Héctor O’Neill García).
Al 31 de octubre de 2018, el municipio contaba con 551 empleados en puestos transitorios, de los cuales el 93% había ocupado dichos puestos por períodos de hasta 27 años.
Otro comentario del Informe indica que el municipio desembolsó 50 mil dólares en el 2018, por una demanda por represalias, discrimen, daños y perjuicios, sin recibir ningún beneficio a cambio. Esta situación afectó los recursos para prestar servicios a los ciudadanos.
Al 30 de junio de 2019, Guaynabo tenía 21 demandas pendientes de resolución por los tribunales por 16,214,062 dólares. Además, tenía pendiente para recobrar 13,400 pagados en exceso a un proveedor, de una recomendación del Informe de Auditoría M-17-42 del 2017.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
Este primer informe de Guaynabo, cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
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