P. Rico-Alcaldes asociados presentan opciones a la Junta de Supervisión Fiscal, al gobernador y a la legislatura para atender la situación presupuestaria de los municipios

San Juan, 21 jun (INS).- El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, presentó hoy las opciones sometidas ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para atender la situación presupuestaria de los municipios y la propuesta eliminación del Fondo de Equiparación.

“Durante todo este año hemos trabajado sin descanso distintas iniciativas para enfrentar la crisis fiscal a lo que nos asumió el nefasto plan fiscal de 2017. Para ello, creamos el Comité de Estabilidad Fiscal, que lleva analizando ideas realistas para solucionar la situación presupuestaria de los municipios. Porque para el presupuesto pasado, intentamos que el Ejecutivo y el Legislativo se pusieran de acuerdo para llegar a soluciones. Lamentablemente, eso no ocurrió”, detalló.

El también alcalde de Villalba expuso que, en esa ocasión, los componentes estaban divididos en sus posturas, “pero en esta ocasión estamos ante un panorama diferente. Lo primero es que estamos ante una encrucijada. Si no resolvemos, se le va la vida a más de la mitad de los municipios de Puerto Rico. Lo segundo es que al fin hemos logrado una unidad de propósito”.

En las pasadas semanas, los alcaldes han tenido reuniones importantes con el legislativo y la JSF. “Hoy finalmente recibimos de parte de la Cámara de Representantes las propuestas que serán incluidas en el presupuesto 2022-23”, expuso el presidente de los alcaldes asociados.

Aquí los puntos más importantes:

1. Por primera vez se presentará al final del proceso un presupuesto que reducirá partidas estatales para incluir 101 millones a favor de los municipios. Esto se desglosará en 44 millones para el fondo de equiparación (manteniéndolo en 88 millones) y 57 millones para cubrir la aportación municipal de la Administración de Seguros de Salud (ASES).
2. El legislativo pedirá una moratoria por dos años para mantener el fondo de equiparación a cambio de un paquete de medidas que traerán fondos recurrentes que podrán sustituirlo. Estas medidas se desglosan de la siguiente forma:

• Reestructuración del CRIM (proyecto 827): este proyecto con sus enmiendas presentadas por la Asociación y Federación, se estima que recaudara 87 millones.
• Uniformar el Room Tax: para que un 2% pase a los municipios. Se estima que recaudará 22 millones.
• Ley de Tragamonedas: se estima que recaudará 40 millones.

3. Para garantizar que estas iniciativas no sean impugnadas por la JSF se integrará en un solo proyecto que incluirá otras piezas legislativas de alto interés para el gobierno, legislativo y la propia JSF.
4. Aparte, se logró que el Senado integre un lenguaje al presupuesto que cumpla con nuestra iniciativa de crear el Programa de Reestructuración Municipal. Con ello se logra acceder a 66 millones que la JSF aún no ha permitido utilizar a los municipios (Consolidation Fund).

Para ello se establecerá un comité compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, OGP, Hacienda, JSF, Asociación y Federación de Alcaldes. Ellos establecerán las guías para el uso en beneficio de aquellos municipios que más se afecten por la merma del fondo de equiparación.

• Se logró que el Senado establezca un fondo para crear consorcios para el manejo de fondos y propuestas federales. Para eso se asignarán cinco millones.

“Es importante que se atienda a las enmiendas a la ley de decretos contributivos y sea una facultad única del municipio poder otorgarlos, ya que son los municipios los que se ven afectados cuando son otorgados”, explicó Hernández.

Añadió que “es importante que nos mantengamos unidos en esta lucha, que busca resolver la crisis a la que fuimos asumidos al aprobarse el plan fiscal en el 2017. La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico apoya estas iniciativas y le solicita tanto al gobernador como al Legislativo que sean incorporadas en el presupuesto 2022-23”.

Finalmente, Hernández Ortiz aseguró que darán “la batalla en todos los foros, junto a los alcaldes y alcaldesas, ante la posibilidad de que la JSF se aferre a su idea de imponer sus medidas filosóficas en contra de la ciudadanía”. INS

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