Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el sábado 11 de junio de 2022
P. Rico-La Cámara investigará denuncia de la administradora de Servicios Generales en contra de la oficina del representante Gabriel Rodríguez Aguiló
San Juan, 11 jun (INS).- La Cámara de Representantes realizará una investigación sobre la denuncia de la administradora de Servicios Generales, Karla Mercado Rivera, en contra de la oficina del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), acerca de que recibió una llamada para que favoreciera la contratación de una compañía privada.
“Ante las denuncias que hizo la administradora de la Administración de Servicio Generales (ASG), Karla Mercado, y como presidente en funciones, he dado instrucciones de celebrar una audiencia pública sobre la denuncia que ésta realizó, al amparo de la R. de la C. 763, radicada el 24 de mayo de 2021”, dijo el presidente en funciones, portavoz Ángel Matos García.
Recordó que esa medida “fue aprobada unánimemente el pasado de 7 junio, con el propósito de investigar y evaluar la implementación de las disposiciones de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como Ley de la Administración de Servicios Generales para la centralización de las compras del gobierno de Puerto Rico de 2019”.
Añadió que “la vista será realizada por la Comisión de Hacienda y he encomendado al compañero Jesús Santa que, de inmediato, se garantice la comparecencia de la testigo y que se le extiendan todas las garantías que el reglamento de la Cámara confiere”. INS
P. Rico-Unión General de Trabajadores denuncia brote de Covid-19 en Consorcio de Aguadilla del Departamento del Trabajo
San Juan, 11 jun (INS).- La secretaria de Organización de la Unión General de Trabajadores (UGT), Mayra Cordero, denunció un brote de Covid-19 en la oficina del Consorcio de Aguadilla, donde 15 empleados del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) se han contagiado con el virus en una semana.
“El gobierno ha dejado en manos de los individuos la adopción o puesta en práctica de medidas sanitarias de prevención para no contagiarse. Y también parece ser la posición adoptada por el Consorcio de Aguadilla y el DTRH, pues desde hace una semana se le notificó a Alexandra Salgado, subsecretaria del Trabajo, sobre lo ocurrido, cuando sólo eran ocho los contagiados”.
Cordero explicó que al atender la solicitud para que se tomaran medidas, la funcionaria indicó que se habría de proceder a desinfectar el área afectada.
“Cinco días más tarde y ante el reporte de siete nuevos contagios en la misma oficina, queda de manifiesto que las medidas implementadas resultaron insuficientes”, añadió Gerson L. Guzmán López, presidente de la UGT.
Agregó que “si bien es cierto que los niveles de fatalidades por el contagio de Covid-19 han descendido, no es menos cierto que con cada caso que se sume se hace necesaria la estricta aplicación de los protocolos de seguridad y la adopción de medidas mayores, como el teletrabajo y la realización de pruebas a todos los empleados expuestos”.
Guzmán López concluyó requiriendo “una acción inmediata del secretario del Trabajo, Gabriel Maldonado González, para implementar las recomendaciones que se le brindaron para proteger la integridad física y la vida de los trabajadores que laboran en las oficinas del Consorcio de Aguadilla, sus familias y a la ciudadanía que acude a esa oficina a solicitar servicios”.INS
P. Rico-Gobernador prefiere esperar antes de emitir un juicio sobre caso que involucra a Rodríguez Aguiló
San Juan, 11 jun (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi esperará la versión del representante Gabriel Rodríguez Aguiló ante de emitir una opinión sobre el supuesto caso de corrupción denunciado por la administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercader Rivera, de que había recibido una llamada desde la oficina del legislador para que la agencia que dirige favoreciera la contratación de una empresa
“No me voy a adelantar a los eventos. La política pública mía es que la ley hay que cumplirla y si la administradora de Servicios Generales ve cualquier irregularidad, ella tiene mi autorización. Las directrices que tiene es que refiera cualquier irregularidad a las autoridades, cualquier situación irregular que detecte. De este incidente particularmente yo no tengo los detalles”, dijo el gobernador.
Agregó que ha recibido quejas en cuanto a la supuesta lentitud que hay en la ASG con las compras, y “por eso no puedo hacer afirmaciones generales porque depende de si la comunicación se da meramente para pedir agilidad, y eso es una comunicación. Otra sería si fue para favorecer a alguien en particular y yo no tengo esos detalles”. INS
P. Rico-Rodríguez Aguiló pide investigación sobre el caso de corrupción que lo involucra y afirma que no le renovará contrato a empleado de su oficina que llamó a Karla Mercado
San Juan, 11 jun (INS).- El representante Gabriel Rodríguez Aguiló pidió a la Cámara que se investigue el caso de supuesta corrupción en el que se ve involucrado y anunció que no renovará el contrato de Manuel Matos, luego de que la administradora de Servicios Generales, Karla Mercado Rivera, lo identificara como el empleado que la llamó -a nombre del legislador- para interceder con un contratista en un trabajo en el que se necesitaba asfalto.
El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) le escribió al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, para que se investigue la denuncia que hizo en su contra la titular de la Administración de Servicios Generales (ASG).
Le solicitó que inicie “inmediatamente una investigación exhaustiva sobre estos asuntos, en la que incluya a este servidor, al empleado imputado, así como a todos los empleados que laboran en nuestras oficinas, tanto en el Capitolio como en el distrito”.
En conferencia de prensa en su oficina legislativa, el representante dijo haber interrogado a todos los empleados que trabajan para él y afirmó que todos negaron haber hecho la llamada. Sin embargo, adelantó que a Manuel Matos, quien termina su contrato el 30 de junio, “no se le renovará”.
Rodríguez Aguiló acusó a Mercado Rivera de tener “una agenda política en mi contra” y aseguró que continuará la fiscalización que realiza a la agencia que dirige la funcionaria. INS
P. Rico-Presentan cargos menos graves contra Questell Alvarado y le imponen una fianza de cuatro mil dólares
Ponce, 11 jun (INS).- La jueza Ginny Vélez Carrera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, por dos cargos criminales relacionados con influencia indebida.
La jueza le impuso una fianza global de cuatro mil dólares y pautó la vista preliminar para el 22 de junio. El exalcalde pagará la fianza y será fichado el lunes 13 de junio, a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
Los fiscales especiales independientes Emillo Arill García y Manuel Núñez Corrada presentaron dos cargos criminales. Uno por violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos, para obtener -directa o indirectamente- para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
El segundo cargo era por el artículo 292 del Código Penal sobre ejercer influencia indebida, por presuntamente haber infringido varias disposiciones legales al nombrar a Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio.
Las imputaciones están relacionadas a la pesquisa sobre las intervenciones que se alega realizó Questell Alvarado con el exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, en relación a una querella que su compañía Aquamak tenía en esa agencia.
Los representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer Santiago se querellaron ante el Departamento de Justicia, luego de que en una vista legislativa de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, Machargo expusiera que en el verano de 2020 se reunió en una residencia privada de Questell Alvarado en relación con una querella en su contra pendiente en el DRNA.
Martínez Soto recordó que “radicamos la Resolución de la Cámara 260, para investigar el reclamo de los pescadores de Santa Isabel por una rampa que ha sido motivo de discordia durante décadas por su titularidad y uso. Aunque en el proceso de vistas públicas Questell Alvarado estaba citado como actual presidente de Aquamak Corp., nunca compareció, pero eso no detuvo nuestra investigación”.
Agregó que “el compañero Héctor Ferrer Santiago y esta servidora entregamos los hallazgos al Departamento de Justicia. Hoy se evidencia que la labor realizada cumplió su cometido. Perpetrar actos de corrupción es inaceptable, así como tratar de evadir las investigaciones”.
Según informes de la legislatura municipal de Santa Isabel, los terrenos fueron adquiridos por el municipio en 1958.
“En enero de 2019, Questell Alvarado, siendo alcalde, cerró el acceso a dicha rampa por alegados problemas de seguridad. En marzo del mismo año, la legislatura municipal de Santa Isabel, con mayoría novoprogresista, creó una comisión especial para investigar la titularidad de dichos terrenos. La misma estaba compuesta por legisladores de tres partidos y, en agosto de 2019, la comisión concluyó que los terrenos son del municipio”, dijo la representante.
Contra Aquamak, la compañía de Questell Alvarado, el DRNA presentó en 2019 una querella porque entre 2015 y 2016 realizó cinco estructuras en la zona marítimo terrestre (ZMT) en el barrio Playa, calle Villa del Mar, donde tiene unas instalaciones recreativas. También por podar y remover mangle del área. INS
P. Rico-Senado investigará la muerte de Shannel Colón Ponce
San Juan, 11 jun (INS).- Ante lo que catalogó de “circunstancias sospechosas” en la muerte de Shannel Colón Ponce en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres en Bayamón, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción -presidida por el senador independiente José A. Vargas Vidot- iniciará en los próximos días un proceso de investigación legislativa sobre lo ocurrido.
Según Vargas Vidot, su comisión asumirá jurisdicción en cuanto al suceso, pues la víctima tenía diagnóstico relacionado a salud mental.
El senador explicó que la comisión radicará requerimientos de información a las agencias pertinentes, como el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y convocará a vistas públicas sobre la situación.
Además, destacó que algunos objetivos de la investigación serán conocer qué ocurrió en realidad, analizar si el DCR cumplió con los protocolos requeridos para atender a personas con condiciones de salud mental y continuar trayendo atención al aumento de muertes ocurridas en las cárceles de Puerto Rico.
De igual forma, Vargas Vidot informó que la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano que preside el senador Henry Neumann Zayas se hará cargo de la investigación en conjunto con su comisión.
Entre las preocupaciones principales de Vargas Vidot se encuentran los cambios de versiones que ha provisto el DCR y otras agencias en cuanto al fallecimiento de Colón Ponce. También el senador manifestó que el caso de esta joven de 23 años podría destapar otras instancias de manejos cuestionables en cuanto a la salud y bienestar de las personas encarceladas en la isla, aun cuando existe evidencia de necesidades específicas.
“Ahora mismo hay mucha suspicacia e inquietud sobre las muertes en las cárceles y este lamentable suceso abre la puerta para que sepamos qué está ocurriendo, y para que se visibilice el problema de salud mental en ellas. El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene el deber y responsabilidad de preservar la vida y salud de las personas confinadas”, afirmó.
Añadió que “la asamblea legislativa debe investigar y las agencias deben rendir cuentas. Por otro lado, los reclamos de las familias -como la de Shannel, que ha exigido respuestas desde que se enteró del fallecimiento días después del suceso- jamás deben quedar desatendidos”.
“Nadie debería regresar a su casa pensando que el Estado fue negligente en la preservación de la vida de sus seres queridos. Nadie, tampoco, debería ir a la cárcel a morir, sino que debería haber espacio para la rehabilitación. Desgraciadamente, Shannel enfrentó la pena de la muerte sin tan siquiera haber sido convicta por algún delito”, sentenció Vargas Vidot. INS
ndc