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La comisionada residente Jenniffer González Colón acompañada del gobernador Pedro R. Pierluisi y diversos congresistas. Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 11 jun (INS).- Parece que no dejará de ser visto como “un bache” en el quehacer y desempeño político de Puerto Rico lo propuesto por los inmovilistas del statu quo.
Querer incluir el Estado Libre Asociado (ELA) colonial —territorial en la nomenclatura política imperial de Estados Unidos— en un próximo plebiscito propuesto por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, junto a un pequeño puñado de congresistas demócratas, incluyendo a la de origen puertorriqueño por el Distrito Congresal número 12 del estado de Nueva York, Nydia Velázquez, que es precisamente el problema que se pretende resolver con la consulta plebiscitaria, es simplemente una intrascendencia.
Tal propuesta es considerada por los anticolonialistas puertorriqueños y estudiosos del derecho internacional como intrínsecamente insólita y carente de lógica política y ha sido comparada con el caso hipotético de que —tras la abolición de la esclavitud— existieran personas que plantearan establecer como legítima y legal la esclavitud por consentimiento, porque los proponentes del ELA territorial indican que es la única opción electoral que rivalizaría verdaderamente con la estadidad (anexión) en un plebiscito por tener un apoyo amplio en el pueblo puertorriqueño.
La lógica planteada para el rechazo a la propuesta de incluir el ELA en un próximo plebiscito es que hay cosas en la vida que no pueden legitimarse, aunque cuenten con el consentimiento de algunos, por lo que la ilegitimidad sigue siendo ilegítima e inaceptable aun cuando se consienta.
El problema colonial de Puerto Rico es precisamente el ELA actual y es lo que se desea corregir políticamente y establecer un nuevo marco legal y jurídico de relación política de país a país, sin sometimientos ni subyugaciones. Instaurar una nueva relación política entre iguales, no obstante tratarse de un acuerdo de una pequeña isla con un gigante económico, político y militar.
Las desigualdades por desproporciones económica, tecnológicas o militares en una negociación entre países no alteran la esencia, parámetros y validez sustantiva del derecho reconocido internacionalmente que se procura.
El coloniaje, el intervencionismo imperialista de un país sobre otro, por gigante política, económica y militarmente que sea, no tiene reconocimiento legal alguno en el derecho internacional.
Cualquier análisis serio sobre distintas posibilidades en la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos se tiene que contextualizar dentro del marco constitucional de la instancia federal de la unión de estados que conforman la nación norteña y lo que ello implica, incluyendo sus alcances y limitaciones.
Es lógicamente comprensible que si Puerto Rico quiere mantenerse al amparo de una relación política estrecha con Estados Unidos, tiene por obligación que procurar establecer una fórmula jurídica de tutelaje no colonial y no injerencista que sea legítima dentro del derecho internacional y consentida democrática y expresamente por el pueblo puertorriqueño.
No obstante, todas las opciones políticas propuestas en un plebiscito tienen que ser explicadas en su esencia y sus implicaciones lo más detalladamente posible, lo que no se ha hecho hasta ahora con la estadidad en la pieza legislativa de la consulta plebiscitaria propuesta. INS
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