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Ponce, 10 jun (INS).- La jueza Ginny Vélez Carrera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto contra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado, por dos cargos criminales relacionados con influencia indebida.
La jueza le impuso una fianza global de cuatro mil dólares y pautó la vista preliminar para el 22 de junio. El exalcalde pagará la fianza y será fichado el lunes 13 de junio, a las 10:00 de la mañana, en las oficinas del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.
Los fiscales especiales independientes Emillo Arill García y Manuel Núñez Corrada presentaron dos cargos criminales. Uno por violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos, para obtener -directa o indirectamente- para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.
El segundo cargo era por el artículo 292 del Código Penal sobre ejercer influencia indebida, por presuntamente haber infringido varias disposiciones legales al nombrar a Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio.
Las imputaciones están relacionadas a la pesquisa sobre las intervenciones que se alega realizó Questell Alvarado con el exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, en relación a una querella que su compañía Aquamak tenía en esa agencia.
Los representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer Santiago se querellaron ante el Departamento de Justicia, luego de que en una vista legislativa de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, Machargo expusiera que en el verano de 2020 se reunió en una residencia privada de Questell Alvarado en relación con una querella en su contra pendiente en el DRNA.
Martínez Soto recordó que “radicamos la Resolución de la Cámara 260, para investigar el reclamo de los pescadores de Santa Isabel por una rampa que ha sido motivo de discordia durante décadas por su titularidad y uso. Aunque en el proceso de vistas públicas Questell Alvarado estaba citado como actual presidente de Aquamak Corp., nunca compareció, pero eso no detuvo nuestra investigación”.
Agregó que “el compañero Héctor Ferrer Santiago y esta servidora entregamos los hallazgos al Departamento de Justicia. Hoy se evidencia que la labor realizada cumplió su cometido. Perpetrar actos de corrupción es inaceptable, así como tratar de evadir las investigaciones”.
Según informes de la legislatura municipal de Santa Isabel, los terrenos fueron adquiridos por el municipio en 1958.
“En enero de 2019, Questell Alvarado, siendo alcalde, cerró el acceso a dicha rampa por alegados problemas de seguridad. En marzo del mismo año, la legislatura municipal de Santa Isabel, con mayoría novoprogresista, creó una comisión especial para investigar la titularidad de dichos terrenos. La misma estaba compuesta por legisladores de tres partidos y, en agosto de 2019, la comisión concluyó que los terrenos son del municipio”, dijo la representante.
Contra Aquamak, la compañía de Questell Alvarado, el DRNA presentó en 2019 una querella porque entre 2015 y 2016 realizó cinco estructuras en la zona marítimo terrestre (ZMT) en el barrio Playa, calle Villa del Mar, donde tiene unas instalaciones recreativas. También por podar y remover mangle del área. INS
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