Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 7 jun (INS).- La portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, celebró el apoyo a una enmienda suya al presupuesto durante la sesión ordinaria de hoy en la Cámara de Representantes.
El propósito es reasignar y aumentar fondos a los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Cimvas) del Departamento de Salud, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
“Luego de conversaciones y negociaciones con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, logramos que se identificaran $500,000 adicionales para mejorar los servicios que ofrecen los Cimvas a los menores víctimas de abuso sexual”, expresó Burgos Muñiz.
Tal como dispone en su artículo 17 la Ley 150-2013, según enmendada, conocida como la Ley Habilitadora de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual, una partida de tres millones de dólares a ser distribuida entre los centros de Camuy, San Juan, Mayagüez, Fajardo, Ponce, el centro del Recinto de Ciencias Médicas en el Hospital Pediátrico Universitario de San Juan para el manejo de casos de abuso sexual de menores.
No obstante esa designación de fondos, en vista pública ante la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores el pasado 25 de mayo, Cimvas alertó sobre la falta de fondos para la contratación de trabajadores sociales que atiendan el alza en casos de abuso sexual de menores en el país.
Según el estudio “Perfil de Maltrato de Menores en Puerto Rico”, realizado por el Instituto de Estadísticas, que cubre el periodo de 2018-2022 se reveló que para 2021, de 1,031 casos de abuso sexual que reportó el Negociado de la Policía, unos 767 son de menores de edad, 74 por ciento.
Otro dato importante del estudio fue que las niñas son abusadas en mayor proporción que los niños.
“Esta reasignación de fondos que propuse como enmienda no es un capricho, sino que permite utilizar los escasos recursos de Puerto Rico de una manera eficaz, en la que podamos impactar positivamente todos los sectores reconociendo las particularidades de grupos que ameritan premura para su bienestar físico, emocional y mental”, manifestó la representante.
La representante denunció durante la sesión su indignación ante la designación de fondos que hiciera la Cámara para costear intérpretes ya que la Junta de Supervisión Fiscal ha paralizado la creación de la oficina de la comunidad sorda en total violación al poder que el Pueblo les delegó.
“Es inaceptable que a estas alturas Puerto Rico no tenga esta oficina enlace que tanto beneficia a la comunidad sorda”, manifestó la portavoz del Proyecto Dignidad.INS
ndc