P. Rico-Presentan por segunda ocasión ante la Cámara el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal

San Juan, 3 jun (INS).- El equipo fiscal del gobernador, Pedro R. Pierluisi, presentó hoy, por segunda ocasión, ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes el presupuesto para el año fiscal 2022-2023.

Esto responde a que el pasado mes de abril, en una misiva, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) señaló que el presupuesto presentado por el gobierno para el próximo año fiscal incumple sustancialmente con las disposiciones del Plan Fiscal.

El presupuesto consolidado propuesto para el año fiscal 2022-2023 se constituye de $12,572,959,000 del Fondo General; $4,445,000,000 de Fondos Especiales, y $11,236,000,000 de Fondos Federales.

El componente fiscal del gobernador está compuesto por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Federal de Puerto Rico (Aafaf), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

En la audiencia pública, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, informó que el presupuesto a ser presentado contempla iniciativas para mejorar las condiciones de trabajo del magisterio.

Esto, refiriéndose al pago mensual permanente de $1,000 para los maestros y maestras, directores, facilitadores y supervisores de directores del sistema educativo público, a ser efectivo desde el 1 de julio de 2022.

“Se destinaron $394,000,000 de $153,000,000 que provendrán del Fondo General y $241,000,000 según anunciado previamente y con el consentimiento del gobierno federal, de los fondos federales Elementary and Secondary School Emergency Relief funds (ESSER)”, indicó el director de la OGP, Blanco Urrutia.

A su vez, mencionó que el presupuesto propuesto para el próximo año fiscal propone que la aportación del estado a la Universidad de Puerto Rico (UPR) sea de $550,850,000, más una partida adicional de $40,000,000 para apoyar las necesidades operaciones, la cual estará bajo la custodia de la OGP, esto para un total de $590,850,000.

Para los paramédicos y técnicos de emergencias, el presupuesto contempla un aumento de $500.00 mensuales. Además, se incluye un aumento de $612.00 mensuales para los bomberos.

“Estos aumentos son 100% pagos con fondos estatales”, resaltó Blanco Urrutia.

En el ámbito de la salud, el presupuesto propuesto incluye una aportación adicional de $101,000,000 para el Plan Vital, de forma que se fortalezca el cuidado y tratamiento de los ciudadanos en diversos municipios.

“Como hemos mencionado anteriormente, los municipios son parte esencial para el desarrollo de la economía y para el cuidado de los ciudadanos. Además, se mantiene la aportación al Fondo de Equiparación en $88,000,000”, dijo el funcionario.

El director de la OGP reconoció ante la Comisión la necesidad de la línea de respuesta en seguridad, educación y salud. “Se contempla el reclutamiento de 300 nuevos cadetes para formar parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) con un inversión de $16,000,000. También, se reclutarán 300 cadetes para formar parte del Negociado de Bomberos, por lo que se presupuestaron $10,000,000”.

Al concluir, Blanco Urrutia recalcó que “la OGP ha mantenido como piedra angular, aumentar eficiencias e implementar estrategias adecuadas de gerencia presupuestaria responsables”.

De igual forma, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) presentaron su presupuesto ante la Comisión.

En el caso de la OPM, la procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, expuso que actualmente le sirven a 1,645,000 mujeres con una asignación en nómina que no alcanza los $1.5 millones, equivalente a $1.09 por mujer.

Boria Vizcarrondo destacó que el presupuesto vigente de la OPM asciende a $2.8 millones y una asignación adicional de $2.4 millones referidos al Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).

El total de los fondos durante el año fiscal 2021-2022 de la agencia ascienden a $5.2 millones.

“La OPM como medida de sana administración pública, finalizará con un presupuesto balanceado para el año fiscal 2021-2022. Esto se ha logrado mediante una planificación programática y fiscal”, subrayó la Procuradora de las Mujeres.

En lo que corresponde para el año fiscal 2022-2023, la OPM recomendó un presupuesto de $4.3 millones y una asignación de fondos de emergencia por la cantidad de $500,000.

“La OPM ha asumido retos históricos presupuestarios con el propósito de cumplir con su deber ministerial. A modo de ejemplo, es preciso señalar como parte de estos retos históricos que durante estos últimos tres años fiscales coinciden con el trienio en el que menor asignación presupuestaria se ha destinado a nuestra agencia desde su creación en el año 2001”, añadió Boria Vizcarrondo.

Por su parte, Gabriel Corchado Méndez defensor del DPI dijo que la agencia está pasando por un proceso de reestructuración comenzando con la Ley 64-2021 que crea la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos que dejaría desprovisto al DPI de fondos federales con un impacto presupuestario de $600,000. ‘’La otra ley que impacta a nuestra agencia es la Ley 21-2021 que crea la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda en el cual su impacto inicial es de $300,000 en el primer año y de $1.5 millones en años subsiguientes’’.

El presupuesto actual de la Defensoría para el año fiscal 2021-2022 es de $1.6 millones y el solicitado para el nuevo año fiscal asciende a $2.8 millones.

“Los retos que tenemos son grandes. La Ley 61-2021 dejaría sin fondos federales a la DPI y por consiguiente todo empleados que actualmente su salario es sufragado parcialmente con estos fondos pasan a su totalidad hacia los que son estatales. Estamos hablando de 23 empleados. Igualmente, el impacto es de $398,000 adicionales ya que esta Ley nos obliga a reclutar un personal esencial en siete puestos que conllevan un impacto de $200,000 dólares. Básicamente un aumento de $600,000 en nómina’’, añadió Corchado Méndez.

Actualmente, el DPI no cuenta con un Técnico ni Director de Recursos Humanos. Lo que tienen disponible es un Oficial de Nómina. “Por ejemplo, el puesto de Especialista de Sistema de Información está vacante desde el 2017 y no se ha podido ocupar” por falta de candidatos. Además de esta plaza, tenemos decenas de puestos vacantes con múltiples retos y por ende necesitamos un apoyo presupuestario’’.

En relación a los gastos operacionales, la agencia solicitó un aumento en el pago de renta a la Autoridad de Edificios Públicos. Los contratos se elevan aproximadamente a $220,000.

“Además, estaremos solicitando un aumento para la compra de dos vehículos adicionales y completar la remodelación de nuestra recepción. Lo cual sería un total de $136,000 para la compra de las dos guaguas y $95,000 para los arreglos de la oficina. A su vez, solicitamos $60,000 para realizar una campaña de publicidad en los medios sobre la sensibilidad y los derechos de las personas con impedimentos. Se utilizará como intermediario a WIPR”, determinó el Defensor del DPI.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, consideró que, sin duda alguna, “los retos de cada agencia son notables pero no por eso vamos a bajar los brazos”.

“Buscaremos alternativas para poder aliviar las cargas de trabajo y dificultades para que cada organismo gubernamental pueda operar de manera eficaz en beneficio de cada puertorriqueño. Ese debe ser el norte de todos los funcionarios en este proceso tan determinante para el futuro de Puerto Rico”, puntualizó Santa Rodríguez.INS

ndc