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San Juan, 1 jun (INS).- Un gran jurado federal del distrito de Puerto Rico presentó una acusación contra ocho mujeres y siete hombres por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas, y la médico Julia Torres Ortiz por fraude en la atención médica, anunció W. Stephen Muldrow, fFiscal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) está a cargo de la investigación.
La acusación alega que, entre enero de 2017 y abril de 2021, los acusados conspiraron a sabiendas e intencionalmente para poseer con la intención de distribuir Oxicodona (Percocet) y Alprozolam (Xanax).
El acusado Romualdo Matos Rodríguez distribuía los narcóticos desde su residencia en Ponce, y otros lugares cercanos para obtener importantes beneficios económicos.
Los imputados compraban las píldoras en las farmacias y las devolvían a Romualdo Matos Rodríguez para su posterior distribución en su casa y otros lugares cercanos.
Los acusados son Leximara Santiago Martínez, Edna Caridad Cruz Vélez, Solmarie Gautier Díaz, Ramón Costa Pérez, David Santos Soto, José Manuel Santos Bodón, Gloria Elena Mercado Millán, José Alberto Ortiz Flores, alias “Berto”, Jessenia Díaz Torres, Edgardo Iván García Santiago, alias “Meru”, Naomi Rosario López y Regina Santiago Martínez, alias “Gina”.
Mientras, Matos Rodríguez se enfrenta también a la confiscación de su propiedad, una residencia situada en la calle Yagüez de la urbanización Villa Dos Ríos, en Ponce.
En tanto, Julia Torres Ortiz se enfrenta a dos cargos de fraude en el cuidado de la salud por recetar medicamentos, que luego fueron pagados por Triple-S Advantage utilizando su certificado de registro de la DEA, su licencia médica y su licencia de sustancias controladas expiradas.
La acusada tenía un National Provider Identifier (NPI), que Triple-S Advantage que utilizó para transmitir el pago de los medicamentos prescritos por ella, a pesar de carecer de autoridad legal para hacerlo.
“Prescribir y distribuir opioides sin tener en cuenta las consecuencias potencialmente letales simplemente no puede ser tolerado”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.
“El objetivo de la DEA es claro: la DEA aportará todo lo que tiene para hacer que nuestras comunidades sean más seguras y saludables, y para revertir las tendencias devastadoras de la violencia y las sobredosis relacionadas con las drogas que plagan nuestras comunidades”, dijo Renita Foster, agente especial a cargo de la DEA en el Caribe.
Si son condenados por el cargo de conspiración, los acusados se enfrentan a una pena de hasta 20 años de prisión. Si es declarada culpable de fraude sanitario, Julia Torres Ortiz se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión. INS
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