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El exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio y el excoronel Carlos Piccini Núñez, al abandonar el tribunal. Inter News Service
Santo Domingo, 30 may (INS).- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables de la acusación de sobornos al exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, al excoronel Carlos Piccini Núñez y al empresario Daniel Aquino Hernández, imputados de supuestamente recibir sobornos de los US$3.5 millones que admitió la empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Súper Tucano.
Además, fueron liberados de la incriminación penal de cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en el caso que estaba pendiente de procesarse en los tribunales desde hace seis años.
Los jueces de la corte, Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, argumentaron en el fallo judicial que ninguno de los tipos penales presentados por el Ministerio Público contra los acusados quedaron debidamente probados, por lo que los declaraba inocentes de los hechos puestos a su cargo.
Por igual, removieron cualquier medida cautelar que pesara sobre los imputados, sobre todo en el caso del ex coronel Carlos Piccini Núñez, antiguo director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), a quien en el 2017 le dictaron prisión preventiva, decisión que fue ratificada por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Sin embargo, tras permanecer tres años encarcelado, la jueza Raquel Astacio, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le varió la medida de prisión preventiva por la garantía económica de RD$1 millón de pesos (US$ 18.164), y presentación periódica ante el Ministerio Público.
Al salir de la audiencia, Peña Antonio, visiblemente emocionado, dijo frente a los medios de comunicación que «el pueblo dominicano que cuide esos aviones, pues nos garantizan la seguridad nacional y que nos han ayudado tanto a combatir el narcotráfico. El narcotráfico para mí es un demonio».
El ex ministro durante el gobierno de Leonel Fernández Reyna, declaró que, «de nada vale tener un país bonito con avenidas y puentes y carreteras y que siga llegando esa sustancia maldita, que nos está dañando a todo el mundo. Ahí estuvo todo nuestro esfuerzo para que esa sustancia no siga llegando a la República Dominicana».
Acompañado de su familia, muchos de los cuales se les vio llorar, Peña Antonio les agradeció el apoyo en estos seis años de juicio. Expresó que fueron muchos tiempos de sufrimiento y de dolor.
La jueza Arlin Ventura, presidenta del tribunal colegiado, hizo énfasis en señalar que los tribunales no están para dictar sentencias salomónicas “para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político”, en referencia a la decisión que tomaron.
“Los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo mejor de sí y son las pruebas las que al final dirán qué procede y qué no procede”, dijo.
Agregó que “no ha quedado comprometida la responsabilidad penal de los imputados en los hechos que le han sido presentados y vale destacar que los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político”.
Indicó que aunque la empresa Magycor, que figura como acusada en el expediente, se acogió a la condena que le pidió el Ministerio Público, no podían declararla culpable porque no se logró a concretar su culpabilidad en base a las pruebas presentadas en el juicio.
“Esto significa que aunque Magycor se acogió a la condena que le solicitó el Ministerio Publico en su contra, empero las pruebas no lograron concretar su responsabilidad y por ello Magycor merece ser declarada no culpable de los hechos puestos a su cargo. Es decir, luego de hacer la valoración el tribunal determina que ninguno de los tipos penales han podido quedar configurados en cuanto a la participación de los imputados”, dijo la magistrada.
Durante el juicio, el Ministerio Público pidió una condena de 10 años de prisión contra los imputados, además del pago de una multa de US$7 millones, en contra de los acusados de supuestamente recibir parte de los sobornos por US$3.5 millones que admitió haber dado la empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de los aviones.
La labor periodística realizada por el diario estadounidense The Wall Street Journal dio a conocer las investigaciones que se realizaban entorno a lo que -hacía varios años- algunos legisladores sospecharon y posteriormente denunciaron acerca de las irregularidades en el contrato de compra a la empresa brasileña Embraer de las ocho aeronaves.
Las autoridades del país sudamericano sospecharon que hubo sobornos para agilizar la aprobación del empréstito de 93.7 millones de dólares en el Congreso Nacional.
El combate al narcotráfico, misiones de seguridad y patrulla de fronteras, formaban parte de los argumentos en que se sustentaba la adquisición de los aparatos que en la actualidad brindan apoyo a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en la localización de lanchas rápidas que se desplazan por el mar Caribe cargadas de la sustancia prohibida. INS
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