Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 29 may (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió en ley un paquete de 10 medidas legislativas, incluyendo el proyecto de administración 17 (Resolución Conjunta del Senado 71), que ordena a varias agencias públicas, en conjunto con el sector privado, a realizar un estudio sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en el país.
El estudio será dirigido por parte del gobierno por la Junta de Planificación, en colaboración con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y el Departamento de Hacienda.
También participarán el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) y los departamentos de Salud y de Educación.
En representación del sector privado estarán la Cámara de Comercio (CCPR), la Asociación de Industriales y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, Capítulo de Puerto Rico (SHRM).
“Por más de dos años la pandemia del Covid-19 ha trastocado la vida de todos y a pesar de que las estadísticas del desempleo son las más bajas en la historia, y de que nuestra industria turística se ha ido recuperando positivamente, así como otros sectores de nuestra economía, es importante que contemos con un estudio y datos puntuales sobre el impacto de la pandemia en Puerto Rico”, dijo el mandatario.
Pierluisi entiende que las recomendaciones del sector público y privado ayudarán a continuar estableciendo estrategias de desarrollo económico y de calidad de vida en la Isla.
El gobernador estableció estrategias, según se indicó, que colocaron a Puerto Rico en el primer lugar de vacunación en la Nación estadounidense, así como en el uso correcto de fondos de leyes federales como ARPA y CARES.
Las agencias y entidades privadas que forman parte del estudio liderado por la Junta de Planificación deberán someterlo al gobernador y la Asamblea Legislativa en un término no mayor de 180 días.
En el documento, entre otras cosas, deberán analizar los efectos de la pandemia en la salud, el comercio, los pequeños y medianos empresarios, el turismo, los bienes raíces, la agricultura, servicios, construcción, entre otros.
Asimismo, tendrán que emitir recomendaciones sobre posible legislación y medidas reglamentarias que garanticen la recuperación económica. INS
ndc