Inter News Service Agencia de Noticias
Laura González Bonilla y Taína Moscoso Arabía junto a otras participantes en la audiencia contra el desplazamiento. Inter News Service
San Juan, 27 may (INS).- Representantes de varias comunidades del país coincidieron este viernes en la necesidad de derogar el Código de Incentivos de la Ley 60, antes conocido como Ley 22, que facilita a inversionistas extranjeros adquirir “residencia” en Puerto Rico para no pagar impuestos federales en Estados Unidos, a la vez que quedan exentos del pago de impuestos en la Isla por ganancias de capital, lo que les ha permitido acaparar una treintena de edificios en Puerta de Tierra.
Los dirigentes comunitarios hicieron su planteamiento al participar en vistas de la Comisión de Hacienda del Senado, que preside el senador Juan Zaragoza, sobre el proyecto 684 que propone enmendar el Código de Incentivos, conocido como Ley 22.
“El proyecto 684 no atiende de ninguna manera el problema real de desplazamiento que de forma acelerada ocurre en muchas comunidades de Puerto Rico causado principalmente por las prácticas depredadoras y acaparadoras de compraventa de bienes inmuebles por parte de los individuos inversionistas de ley 22”, sostuvo la portavoz de Puerta de Tierra no se Vende, Laura Mía González Bonilla.
A la vez, la portavoz reclamó que se apruebe el proyecto presentado por la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que conlleva la derogación del código de incentivos/ley 22.
González Bonilla explicó que en el histórico barrio de Puerta de Tierra nueve inversionistas de Ley 22 han comprado 30 edificios en menos de tres años y en varios de estos han expulsado forzosamente a los inquilinos de sus apartamentos, muchos de los cuales eran residentes del área por décadas.
Además, están causando presión, junto a agencias gubernamentales para desplazar y apoderarse de los cuatro residenciales públicos de la comunidad, sostuvo.
“Invierten masivamente en adquirir inmuebles existentes en nuestras comunidades y compran a precios sobre tasación y sin necesidad de préstamos de manera tal que elevan los precios de las propiedades para que nadie pueda competir con ellos”, dijo.
González Bonilla explicó que esto lo logran debido a que además de ser millonarios muchos de ellos, se ahorran enormes sumas de capital al hacerse artificialmente residentes de Puerto Rico y acogerse a la ley 22.
Aclaró que este proceso está ocurriendo por muchas zonas del país, a la vez que estos inversionistas le cambian el uso a estos inmuebles, transformando edificios y casas residenciales en múltiples unidades de alquiler a corto plazo mediante plataformas como Airbnb y otras que el gobierno no regula adecuadamente.
Mientras, Caroline Sánchez, líder del residencial público Parque San Agustín de Puerta de Tierra, indicó que la situación también afecta a los residentes de vivienda pública del barrio.
Sánchez reveló que en su residencial comenzaron a enviarles cartas para realojarlos en otros lugares alegando defectos en las escaleras de algunos edificios.
“Los residenciales, donde vivimos gente humilde y trabajadores no están en los planes del gobierno y de los inversionistas para el área de Puerta de Tierra, que pretenden sea exclusiva de ricos y turistas y nos quieren sacar”, denunció.
La presidenta de la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, Mirta Colón Pellecier, apoyó también que se derogue la ley, ya que esta “significa una terrible amenaza a la estabilidad física, social y económica de nuestras comunidades, donde el desplazamiento es la orden del día”.
Agregó que las políticas públicas como las de la Ley 22 “van dirigidas a favorecer a los inversionistas y a desarticular nuestras familias sacándolas de su entorno”.
Taína Moscoso, de la comunidad Machuchal de Santurce, donde ubica la calle Loíza, sostuvo que “hay que detener esto que es un plan de traer a Puerto Rico a personas que sólo lo ven como inversión y así perdemos las playas, los bosques y las comunidades”.
Añadió que “hay que trabajar una política pública a favor de los residentes reales de Puerto Rico que no son estas personas que llegan a invertir y dale una mirada que no sea de explotación turística y paraíso fiscal”.
Moscoso dijo que a diario hay familias teniendo que abandonar sus casas en Machuchal y que ya la mayoría de lo que eran hogares son alquileres a corto plazo.
Miguel Angel Reyes, de la comunidad Monte Carmelo de Vieques, sostuvo que la Ley 22 “ha venido a ser el acelerador del desplazamiento en todo el archipiélago con la llegada de buitres y criptobuitres”.
Destacó que en Vieques una persona ya no puede conseguir un empleo si no domina el inglés, mientras que se contratan empleados angloparlantes y no se les exige saber español.
Margarita Gandía, corredora de Bienes Raíces y residente del Viejo San Juan, también favoreció la derogación del Código de Incentivos o Ley 22, ya que en el casco histórico “solo quedan apartamentos pequeños que se alquilan en unos 500 mensuales y la mayoría de los edificios de alquiler están utilizados para alquileres a corto plazo de Airbnb, lo cual ha causado desplazamiento de residentes y rápidamente están convirtiendo al Viejo San Juan en un gran hotel de transeúntes y por la noche en una ciudad de desorden donde cada vez vive menos gente”.
Los senadores Vargas Vidot (independiente), Rafael Bernabe (MVC) y María de Lourdes Santiago (PIP), presentes en la vista, apoyaron los reclamos de derogar la ley 22 y de legislar integralmente para evitar desplazamientos reglamentando los alquileres a corto y a largo plazo.
Por su parte, el senador William Villafañe (PNP) intentó establecer que el problema del desplazamiento poblacional en las comunidades no tiene relación con los inversionistas extranjeros atraídos por la Ley 22, pero no logró hilvanar un argumento coherente para sustentarlo.
A su vez el senador Zaragoza, presidente de la comisión y coautor del Proyecto 684 para enmendar los incentivos junto al senador Thomas Rivera Schatz (PNP), dijo que los deponentes han descrito “un panorama devastador”.
Sostuvo que las raíces van más allá de la Ley 22 pero aceptó que estos inversionistas están aquí precisamente por el atractivo de la Ley 22, “esa es la zanahoria que los atrae”, puntualizó.
“Hay que cerrar las compuertas que permiten todos esos males en términos de zonificación y permisos”, agregó Zaragoza, del PPD.
A este planteamiento, la portavoz de Puerta de Tierra no se Vende indicó que “es cierto que cualquiera puede invertir pero al dar las exenciones de Ley 22 es que esa actividad floreció”.
González Bonilla agregó que “hay que eliminar las dos cosas: los incentivos que atraen a estos inversionistas y que los alquileres a corto y largo plazo estén por la libre porque es necesario reglamentarlos”.
Asimismo, Moscoso Arabía señaló que hay que revivir iniciativas como la ley de Renta Segura que se intentó hace siete años y no fue aprobada, para proteger a los inquilinos de aumentos severos en los precios de renta.INS
ndc
