
David de los Santos Correa, una de las víctimas fatales. / Inter News Service/Twitter
Santo Domingo, 26 may (INS).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, impartió una instrucción general a los fiscales de todo el país, para que velen por la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas por la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado, con la encomienda de investigar y reportar a quienes violen los derechos ciudadanos.
La medida fue adoptada después de las muertes a golpes de algunas personas que se encontraban bajo la custodia en los recintos policiales
Mediante una instrucción general marcada con el número 001, firmada el 23 de mayo, la funcionaria encarga a todos los miembros del Ministerio Público “actuar con estricto apego a las disposiciones constitucionales, legislativas y reglamentarias que tutelan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.
En ese sentido, dispone que garanticen el respeto irrestricto a la vida de los ciudadanos que sean arrestados “por la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas o por cualquier organismo o agencia de seguridad del Estado, ya sea en virtud de una orden judicial o por tratarse de un delito flagrante”.
Germán Brito cita el artículo 276 del Código Procesal Penal, que prohíbe a funcionarios de la Policía aplicar, instigar o tolerar actos de tortura, u otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes en perjuicio de los detenidos.
Entre otras disposiciones constitucionales, legales y de convenciones internacionales, alude también el artículo 26, numeral 5, de la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), que confiere a ese organismo la atribución de investigar las detenciones arbitrarias, velar por el respeto de las libertades públicas y garantizar que en cuarteles y destacamentos sean respetados los derechos fundamentales.
A fin de que puedan cumplir con esa labor de tutela, la procuradora general encomendó a los fiscales responsables de recintos de custodia a personas privadas de libertad “a organizarse por turnos ininterrumpidos para que inspeccionen de forma recurrente dichas áreas, así como el libro de entrada, pregunten a los responsables sobre las novedades y sostengan conversaciones aleatorias con familiares y relacionados de los retenidos”.
“Los fiscales actuantes deberán verificar el cumplimiento de las garantías del debido proceso y que todo ciudadano sea informado sobre sus derechos: conocer las causas del arresto, guardar silencio sin que esto le perjudique, comunicarse con su familia y con un abogado de su elección y que se le respete su dignidad e integridad física”, señala el texto de nueve numerales.
El documento recuerda también la obligación de permitir que los extranjeros se comuniquen con sus respectivos cuerpos consulares en el país, en caso de que sean apresados por los agentes policiales y si en algún caso se comprueba un apresamiento irregular, deberán ordenar la liberación inmediata del afectado, tal como establece el Código Procesal Penal, indica.
Expresa que deberán también velar para que se les garanticen las atenciones médicas oportunas en casos necesarios, que no haya discriminación por género, color, edad, religión o condición social, así como procurar las garantías que establecen las leyes para las personas adolescentes, ancianas o con algún tipo de discapacidad.
“Si existiere alguna evidencia o indicio de que alguna persona privada de libertad ha sido víctima de la violación de sus derechos, se deberá proceder de manera inmediata a realizar la investigación y actuar conforme a los resultados de la misma”, instruyó la máxima representante del Ministerio Público.
Y agregó que luego debe “informar -sin demora- al fiscal titular, quien a su vez deberá enviar un informe de las acciones emprendidas a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público por la vía más expedita”.
En República Dominicana, la población ha pedido la intervención del gobierno para que frene los abusos y crímenes atribuidos a los miembros de la Policía Nacional contra personas que se hallaban bajo arresto.
La presión aumentó luego de las muertes de los jóvenes Richard Báez, José Gregorio Custodio y del profesor de Educación Física David de los Santos, ocurridas entre el 4 y el 29 del pasado mes de abril, tras ser apresados por miembros de la seguridad pública en las ciudades de Santiago, San José de Ocoa y Santo Domingo.
Por el momento, tres uniformados y cuatro civiles se encuentran detenidos, acusados de la muerte de David de los Santos, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos asegura que tiene documentados otros cuatro casos de muertes de jóvenes tras estar detenidos en cuarteles policiales.
Tras atribuir los decesos a un patrón de comportamiento de abusos por parte de los agentes contra los ciudadanos, dirigentes de la oposición y representantes de los derechos humanos pidieron una profunda investigación de cada caso, que incluya a organismos internacionales.
Asimismo, los legisladores pidieron al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Then, explicar estos hechos compareciendo a una audiencia ante el parlamento dominicano, pero en su lugar quien acudió fue el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, quien es su superior inmediato.
A ese reclamo se unió la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), que además de condenar esos crímenes, calificó como “una vergüenza internacional” el asesinato de una pareja de esposos evangélicos, la noche del 30 de marzo 2021, en la comunidad Los Ganchos de Pino Herrado, en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal (región sur).
Se trata de los religiosos Elizabeth Muñoz Marte y Joel Díaz, acribillados a tiros en el interior de un carro cuando regresaban de predicar en una campaña cristiana. En el hecho, además, resultaron heridos otros tres predicadores que viajaban en el vehículo. INS
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