P. Rico-Federación de Alcaldes se opone a que municipios aporten 165 millones a Plan Vital

Cataño, 26 may (INS).- La Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) aprobó hoy una resolución en la que se opuso a la intención reiterada de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de obligar a los municipios a aportar cerca de 165 millones de dólares anuales para sufragar el costo del Plan Vital.

En la resolución, que fue aprobada por unanimidad, la FAPR se expresó también en contra de la eliminación del Fondo de Equiparación.

Asimismo, los alcaldes federados dieron paso a una propuesta del alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, de realizar una manifestación contra la Junta de Supervisión Fiscal el próximo mes de junio.

“La posición asumida por la JSF pone en precario los fondos municipales. La determinación no tiene ningún fundamento jurídico que la sustente, pues muchos municipios aportan a la salud mediante la operación y manejo de centros de diagnóstico y tratamiento, centros de urgencia y hospitales. De otro lado, la Ley 3-2003 eximió a los municipios que operaban instalaciones de salud a tener que aportar a la tarjeta de salud”, dijo el presidente de los alcaldes federados, Gabriel Hernández.

Recordó que en 2013, el Tribunal Supremo en el caso de Municipio de Añasco v. ASES 2013 TSPR 40, determinó que la responsabilidad del sustento de la salud le corresponde constitucionalmente al Departamento de Salud y no a los municipios.

“A tales fines, y luego de muchos esfuerzos, por la asamblea legislativa, el gobierno central, la Federación y Asociación de Alcaldes logramos la aprobación de la Ley 29-2019, que logró la eliminación total de dicha aportación”, subrayó Hernández.

Añadió que la posición de la JSF constituye “un abuso claro del poder con la intención obstinada de lograr la quiebra involuntaria de un sinnúmero de municipios en Puerto Rico”, cosa que indicó no van a permitir bajo ningún concepto.

Sobre el tema de la eliminación del Fondo de Equiparación, Hernández indicó que la Junta impulsa esta iniciativa sin evaluar alternativas viables para que los municipios puedan atemperarse a la crisis social y económica que esto representa.

“El Fondo de Equiparación bajó de 370 millones en el año fiscal 2017, a 88 millones para el año fiscal 2022 y según el Plan Fiscal de 2021, bajará a 44 millones para los años fiscales 2022 y 2023, hasta desaparecer por completo en el año fiscal 2025.  Esta política es nefasta e insostenible y tiene el efecto de drenar las arcas municipales”, denunció el también alcalde de Camuy.

La resolución aprobada autoriza además al presidente de la FAPR a tomar todas las medidas necesarias ante la Junta, el gobierno central, foros federales, el Congreso de los Estados Unidos de América “y cualesquiera foros disponibles para lograr soluciones viables a estos problemas tan serio para los municipios y toda la ciudadanía”. INS

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