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El diputado Gregorio Domínguez conversando con sus abogados. Inter News Service
Santo Domingo, 24 may (INS).- La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aplazó para el 29 de junio el inicio del juicio de fondo que se le conoce al diputado Gregorio Domínguez, acusado de violación de una propiedad privada en Punta Cana, provincia La Altagracia región oriental de la República Dominicana.
El aplazamiento se produjo a los fines de que la querellante Lucila Nelly Capellán Luna esté presente, ya que no pudo asistir porque reside en Italia y no le fue posible comparecer a la audiencia.
El Ministerio Público solicitó la posposición de la vista, luego de que la defensa del congresista se negara a la variación del orden en que se presentarán las pruebas y los testimonios en el juicio.
La imputación del Ministerio Público establece que el legislador violó los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad.
En torno al hecho, el expediente señala que el 27 de mayo de 2020, los señores Basilio Catalino Martínez y Emmanuel de Jesús Williams Molina, se presentaron con una máquina retroexcavadora, por instrucciones del imputado Gregorio Domínguez, a la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, donde la señora Capellán Luna construía una vivienda.
Explica que una vez en el lugar, los dos hombres, sin las debidas formalidades de la ley. procedieron al desalojo, destrucción y posterior demolición del inmueble levantado por la demandante, la cual estaba en etapa de construcción a nivel de techo.
El órgano de persecución le atribuye al legislador los tipos penales vinculados con llevar a cabo medidas ejecutorias y conservatorias “inobservando el procedimiento de ley, tomar participación o requerir la ejecución de un embargo o medida conservatoria sin título ejecutorio e introducirse a una propiedad inmobiliaria sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario”.
El 18 de marzo de 2022, el congresista, que es miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) en representación de la provincia Santiago, presentó ante la Suprema Corte de Justicia las alegadas pruebas y testimonios para demostrar que no incurrió en violación a la propiedad privada y que, por el contrario, es el legítimo dueño de los predios.
Durante la audiencia los abogados del congresista solicitaron a la jueza de la Instrucción Especial, Vanessa Acosta, dictar un auto de no ha lugar, es decir, poner fin a la acusación, por no existir pruebas que las sustenten.
Los letrados del derecho depositaron una serie de documentos que incluyen certificado de título catastral de la Registradora de Título de Puerto Plata, con el que pretende demostrar que los terrenos son suyos; certificados del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en los que supuestamente se establece que esa institución no ha autorizado asentamiento en los terrenos en litis, además de que la institución estatal no tiene derecho sobre la propiedad.
Además, la defensa aseguró que no es cierto que el congresista haya estado presente durante los presuntos desalojos y como testigo de eso dijo que están su chofer, su secretaria, se encargado de seguridad, y un camarógrafo. INS
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