Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 24 de mayo de 2022
P. Rico-Claman por el cierre de AES en Guayama cerca de treinta organizaciones debido a los daños causados
San Juan, 24 may (INS).- Cerca de treinta organizaciones, integrantes de la Coalición Contra la Quema de Carbón, reclamaron este lunes el cierre de la planta AES en Guayama, no sin antes realizar acciones correctivas a los daños ocasionados por las últimas dos décadas.
Con tal propósito, Felícita Burgos, portavoz de la Red Continental Cristiana por la Paz (Reconpaz), anunció la presentación de la Resolución Conjunta del Senado 293 que tiene como objetivo, según su encabezado, ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Oficina de Gerencia de Permisos (PGPe) a tomar las medidas necesarias para ordenar el cese inmediato de las operaciones de la planta de AES Puerto Rico, ubicada en Guayama.
Además, se compele a esa empresa productora de energía eléctrica a realizar “las acciones correctivas necesarias para mitigar la contaminación del agua, el suelo y el aire en todo lugar en que se hayan propagado o depositado residuos de la combustión del carbón (RCC) producidos en sus instalaciones”.
Burgos explicó que durante los últimos veinte años las comunidades aledañas a la carbonera AES han experimentado un deterioro en su calidad de vida, han visto y sufrido la muerte de centenares de sus familiares y enfermarse a causa de la contaminación provocada por las emanaciones y las cenizas producidas por esta empresa”.
Estas comunidades han llevado una carga desproporcionada en el “progreso energético” del país teniendo que ofrendar sus vidas para que el resto de la población tenga servicio energético para sus comodidades.
“En una menor, pero no menos dañina situación se encuentran comunidades alrededor de la isla donde esta empresa criminal ha llevado sus cenizas sin ningún control ni advertencia. Miles de personas viven literalmente sobre el causante de sus condiciones de salud deteriorada o en proceso de serlo”, dijo la activista de Reconpaz.
Recordó que los efectos dañinos a la salud de este tipo de contaminación no son inmediatos, sino acumulativos, por lo que “pueden tardar años, como está sucediendo en Guayama, donde ya se ven los efectos catastróficos de este mal. La evidencia científica y médica está”.
Expuso que los estudios de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico demuestran que estas comunidades presentan condiciones de salud peores que comunidades comparables en enfermedades que se pueden atribuir a la quema de carbón”.
“Las estadísticas de tumores de cáncer en Guayama evidencian un aumento descomunal en casos luego de establecida la AES, también han aumentado drásticamente las enfermedades renales”, insistió Burgos en rueda de prensa acompañada de Ángel Quiles, del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST); Erasmo Cruz, de la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud; Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (Acase), y la reverenda Carmen Julia Pagán, entre otras.
El dirigente del MST, Ángel Quiles, explicó que Puerto Rico tiene instalada casi el triple de la energía que se consume, pero que el abandono, junto a la corrupción, tiene fuera de servicio muchas unidades generatrices y otras trabajando a menos de su capacidad.
“Aún así, el propio director ejecutivo de la Autoridad de Energía ha señalado que la producción de la AES quemando carbón, no es indispensable para que el sistema continúe trabajando eficientemente”, estableció Quiles.
Agregó que en la medida en que se incorporen sistemas de energía renovable, no sólo por compañías en gran escala sino las que se instalen en industrias, en residencias y comercios, se reduce más aún el consumo energético.
“El último informe de la AEE al Negociado de Energía presenta el dato de que se están instalando sobre 2,000 sistemas fotovoltaicos mensuales en residencias y comercios, un aumento de casi el doble comparado con el año pasado y se espera que se duplique nuevamente en el transcurso del próximo año”, reveló.
En tal sentido, Quiles subrayó que cada día que pasa la producción de AES se hace más irrelevante, “además de que su cierre economizará a la AEE los $350 millones que anualmente se le pagan por contaminarnos”.
La Coalición Contra la Quema de Carbón indicó que los estudios del acuífero realizados en terrenos de la AES y otros realizados por el Colegio de Químicos al agua que consumen los ciudadanos de Guayama, demuestran el estado de contaminación agravándose en la única fuente de agua potable para miles de personas en el área sur de Puerto Rico.
“El Colegio de Químicos dio advertencias de la proximidad de que se dañe el acuífero del Sur, con la consecuencia trágica de que un acuífero contaminado hay que cerrarlo y puede tardar cientos y hasta miles de años en repararse”, explicaron los portavoces.
La RCS 293 fue sometida en el Senado por unos siete integrantes de ese cuerpo, a petición de la Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud y de las organizaciones que componen la Coalición Contra la Quema de Carbón, mientras que en la Cámara de Representantes sometió una similar en enero pasado la legisladora Mariana Nogales Molinelli. INS
P. Rico-Presentan programa piloto para que municipios accedan con mayor agilidad a los fondos de reconstrucción
San Juan, 24 may (INS).- Con el compromiso de mejorar eficiencias y allegar más fondos que incrementen el desarrollo de los proyectos de reconstrucción, el gobernador Pedro R. Pierluisi y el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel Laboy, presentaron este lunes el programa “Working Capital Advance” (WCA).
El piloto nace de nuevas revisiones al capítulo 7 de las guías de manejo de fondos federales para la recuperación de desastres.
“Mi compromiso es que los fondos para estos proyectos lleguen a todos los rincones de nuestra isla con la mayor agilidad posible, pues son esenciales para que logremos tener la zapata moderna y resiliente en la que estamos construyendo el desarrollo económico de futuro para Puerto Rico”, sostuvo el gobernador.
El primer ejecutivo añadió que “hemos estado trabajando de cerca con los municipios para asegurar que se realicen las obras que nuestra gente requiere y necesita. En busca de atender los retos que ellos enfrentan, anunciamos otra herramienta para asistirles en los procesos de desembolsos y manejo de efectivo”.
El WCA es un adelanto de dinero exclusivo, por el momento, para los municipios. Se establece ante la realidad de que muchos municipios no cuentan con dinero en caja para comenzar sus proyectos, algo que es indispensable para que la reconstrucción continúe avanzando.
Los municipios que soliciten y cualifiquen, según los requisitos para participar de este programa piloto, recibirán el 25% del dinero asignado por FEMA para el proyecto que seleccionen. Con estos fondos los municipios pueden arrancar con esas obras permanentes que por falta de fondos no pueden iniciar.
“En el COR3 estamos implementando estrategias eficientes para continuar adelantando la reconstrucción. Unos 1,700 proyectos permanentes municipales podrían ser elegibles al programa piloto del WCA, y que cuentan con una asignación de FEMA correspondiente a 1,500 millones de dólares. Si se desembolsa el 25% de ese total, podemos anticipar que los municipios recibirían 375 millones para comenzar sus obras de reconstrucción”, aseguró Laboy Rivera.
El proceso para el desembolso se realizará en un término de siete a 10 días laborales. Una vez los municipios reciban los fondos, deben presentar un estatus del progreso del proyecto en un término de 90 días.
Aparte, COR3 realizará cambios al capítulo 7 de las guías de manejo de fondos federales para la recuperación de desastres a partir de mediados de junio.
Las modificaciones a las políticas de reembolsos y adelantos surgen como resultado del anuncio que se realizó en septiembre de 2021, sobre la eliminación del 2019 Agreement, lo que permite flexibilizar el proceso de validación de las solicitudes por desembolsos de los proyectos para todos los subrecipientes.
“Como parte de los ajustes y respondiendo a una solicitud de los alcaldes, el descuento por el pago del seguro a los municipios se realizará según avance el proyecto y no se descontará el dinero de un solo golpe. Estos son solo algunos de los cambios que realizaremos para que los subrecipientes tengan mayor liquidez, sin arriesgar el cumplimiento con los estatutos estatales y federales”, explicó Laboy.
Por último, el primer ejecutivo y Laboy Rivera reconocieron a algunos de los municipios que lideran la reconstrucción, como Jayuya, Orocovis, Yabucoa y San Lorenzo.
Los talleres de capacitación sobre el programa piloto del Working Capital Advance y los cambios al Capítulo 7, comenzarán a inicios del mes de junio, para el personal del COR3 y posteriormente para los subrecipientes. INS
P. Rico-Asesinatos en Cupey es reflejo de un gran problema social, sostiene el MINH
San Juan, 24 may (INS).- El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) afirmó este lunes que el asesinato anoche de cinco hombres en el barrio Carraízo, en el sector capitalino de Cupey, en lo que se ha descrito como la segunda masacre ocurrida este año en el país, es la manifestación de “un gran problema social”.
“Los cinco asesinatos perpetrados ayer en el área del barrio Carraízo, no constituyen un mero problema policíaco, contrario a la opinión generalizada, sino la terrible manifestación de un gran problema social, económico, político y humano que enfrenta nuestro país desde hace mucho tiempo”, dijo la organización.
A juicio de la Dirección Nacional de MINH, que encabezan Julio Muriente Pérez y Ángel Rodríguez León, “los llamados planes anticrimen son una vulgar inutilidad”.
Sostuvieron que, de igual manera, “es equivocado y hasta injusto pretender adjudicarle a la Policía la responsabilidad primaria frente a la violencia y criminalidad que sufrimos todos y todas”.
“El problema real tiene que ver con que Puerto Rico es un punto de peaje de la actividad multibillonaria del narcotráfico que tiene como destino Estados Unidos, donde hay entre 40 y 50 millones de usuarios de drogas ilegales, mientras no tenemos control sobre nuestro espacio marítimo, aéreo y terrestre”, establecieron los dirigentes del MINH.
Asimismo, apuntaron, la criminalidad está relacionado con el hecho de que el narcotráfico se ha convertido en una actividad económica de primer orden en nuestro país en quiebra; probablemente uno de los principales empleadores de miles de personas, sobre todo jóvenes, que obtienen su sustento de la venta de la droga ilegal.
“Todo ello está vinculado estrechamente con la crisis económica y social en que vive Puerto Rico desde hace años, que ha contribuido a que el narcotráfico y la violencia que le acompañan se conviertan en el pan nuestro de cada día”, adujeron.
Los miembros de la Dirección Nacional del MINH afirmaron que mientras no se transforme de raíz la realidad económica, social y humana que produce injusticia y desigualdad, habrá terreno fértil para el narcotráfico, la violencia y la criminalidad.
“Eso nada tiene que ver con un número mayor o menor de policías porque, insistimos, no se trata de un problema policiaco, sino económico, social, político y humano”, sostuvieron Muriente Pérez y Rodríguez León.
En la noche de este domingo cinco hombres fueron asesinadas en un incidente en el residencial Villa Esperanza, a los que se sumaron otros cincos ocurridos en la capital, Yauco y Comerío.
Las víctimas de la masacre en Cupey fueron identificadas como Jorge Luis Sánchez, de 39 años; Alexis Rafael Peralta, de 33 años; Janiel Morales Pérez, de 34 años; Jonathan Burgos Marrero, de 40 años, y Javier Oliver Olmos, de 48 años. INS
P. Rico-Senado aprueba resolución para que el DACO congele precios de la leche de fórmula para bebés por 45 días
San Juan, 24 may (INS).- El Senado aprobó este lunes de forma unánime la Resolución del Senado 298, que ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) emitir una congelación de precios en la fórmula o leche de fórmula para infantes por un período de 45 días.
La medida, de autoría de la senadora Migdalia González Arroyo, fue presentaba debido “a que estamos experimentando una escasez alimentaria a nivel global. La jurisdicción norteamericana se ha visto afectada en su sistema de producción de alimentos y recientemente ha surgido una crisis ante la falta de leche en fórmula para infantes”.
“En Puerto Rico los comercios han reportado que la distribución de ese producto ha disminuido en aproximadamente un 25%, y no se descarta que pueda duplicarse en un mes. Por otro lado, muchos consumidores han levantado la voz ante el aumento de precios del producto en algunos comercios”, expresa textualmente la resolución.
Agregó que “no tardará mucho en que suframos los embates de esta crisis. A tales efectos, no podemos esperar a que el problema se materialice aún más, por lo que es nuestra obligación prever cualquier asunto que afecte a nuestra niñez. Debemos tomar las acciones necesarias que aplaquen los efectos en el país, y especialmente proteger a las personas y comunidades más vulnerables”. INS
P. Rico-Insisten en proyecto de infraestructura vial en Loíza que sirva como ruta de desalojo ante una emergencia
Loíza, 24 may (INS).- El senador por Carolina Javier Aponte Dalmau condenó la determinación del gobernador, Pedro Pierluisi, de vetar la Resolución del Senado 89, de su autoría, mediante la cual se ordenaba al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) la realización de un proyecto de infraestructura vial en Loíza que servirá como ruta de desalojo ante una emergencia o desastre natural.
Acompañado de la alcaldesa de ese municipio, Julia Nazario Fuentes, y miembros del Comité del Movimiento Comunitario Pro-Bienestar de Loíza, el legislador aseguró que la decisión pone en peligro la vida de miles de familias que verían, en caso de un tsunami o cualquier otro desastre, sus posibilidades de vida reducidas al no contar con una vía de escape segura.
“Al vetar la medida, el gobernador Pierluisi ofrece varias razones, las cuales objetamos porque distan mucho de la realidad y de la intención del proyecto. Nos parece que se deja a un lado la importancia que tiene para los loiceños este proyecto del Conector de Loíza, que principalmente busca salvaguardar la vida y el bienestar de miles de familias y que ha sido un reclamo de años”, expresó Aponte Dalmau.
El político del Partido Popular Democrático añadió que la pieza legislativa contó con el aval de todos los senadores al momento de su aprobación en la Cámara Alta, el pasado 7 de febrero.
La razón principal del primer ejecutivo para no firmar la pieza legislativa fue que incluye una ruta específica que pudiera no estar alineada con los planes de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) sobre este proyecto.
Adujo también que la ruta determinada en la medida podría tener un impacto ambiental significativo para importantes recursos naturales, así como un impacto fiscal de más de 365 millones de dólares para los presupuestos de la ACT y del DTOP que no están identificados en su aprobación.
Sin embargo, Aponte Dalmau afirmó que la Resolución lo que incluye es el espacio general por el cual debería discurrir el proyecto y no la ruta específica.
“El pueblo de Loíza y la asamblea legislativa llevan siete años reclamando al gobierno que se realice un estudio de viabilidad y de impacto ambiental, que son los primeros pasos que deben darse, para precisamente determinar cuál sería la ruta más indicada. Sin embargo, el gobierno sigue dándole largas al asunto y poniendo en riesgo la vida de estas familias”, afirmó el legislador.
El senador dijo, además, sentirse sorprendido con el veto, porque previo a la aprobación de la medida estuvo reunido con Pierluisi discutiendo el proyecto y en ningún momento el gobernante le presentó reparos.
“En esa reunión le hablé al gobernador sobre la oportunidad que tenía el DTOP de acceder a los fondos competitivos Raise para las primeras fases del proyecto del Conector y él acogió la sugerencia.
De hecho, la agencia le confirmó a la alcaldesa que, en efecto, se incluyó este proyecto en la solicitud de dichos fondos por lo que me parece sumamente contradictorio que no se buscase armonizar nuestra intención y los esfuerzos que ya se realizan antes de impartir el veto”, sostuvo Aponte Dalmau.
Por su parte, la alcaldesa de Loíza destacó que “el gobernador en todo momento me ha reafirmado que existe un compromiso de su administración con la construcción de una ruta alterna. Mi pueblo confía en que así sea y que tanto la asamblea legislativa como el Ejecutivo puedan trabajar de la mano para finiquitar, de una vez y por todas, un estudio de viabilidad y de impacto ambiental que permita identificar una ruta de emergencia”.
“Espero que el respeto a la vida, la solidaridad, y la buena voluntad ilumine a todos los que tienen que mover este vital asunto para que así lo hagan”, añadió Nazario Fuentes.
Finalmente, Aponte Dalmau adelantó que presentará nuevamente la medida, con la intención de ir por encima del veto del gobernador. “Exhorto a todos mis compañeros senadores a que voten tal como lo hicieron en febrero. Hagámosles justicia Loíza y demostremos que existe un verdadero compromiso con estas familias y comunidades”, puntualizó. INS
P. Rico-Gobierno crea grupo multisectorial para impulsar transición del PAN al SNAP a nivel federal
San Juan, 24 may (INS).- Con el objetivo de lograr un trato igual para Puerto Rico mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés), el gobernador Pedro R. Pierluisi creó este lunes un grupo de trabajo multisectorial para establecer y presentar estrategias de política pública ante el Congreso y la Rama Ejecutiva federal.
La creación de este grupo, que será presidido por el secretario de Estado, Omar Marrero, y estará en coordinación con el primer mandatario y la comisionada residente, Jenniffer González Colón, fue creado a través de la orden ejecutiva 2022-029, y es consistente con el Proyecto de la Cámara 5220 (HR 5220) presentado ante el Congreso que propone hacer una transición en la isla del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP.
El grupo estará integrado por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz; la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales en Washington, Carmen Feliciano, y el director ejecutivo de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Alberto Fradera.
El grupo también contará con un miembro del sector privado, un representante de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), un miembro de la Coalición para la Seguridad Alimentaria, así como otros que el gobernador estime necesarios.
“El Departamento de la Familia ya se está preparando para tener las herramientas necesarias para hacer la transición de PAN a SNAP y, además, incluí fondos en el presupuesto gubernamental para asistirles en eso, con el apoyo del Servicio de Alimentos y Nutrición del Departamento de Salud federal”, dijo Pierluisi.
El primer mandatario explicó en la orden ejecutiva que actualmente Puerto Rico recibe una asignación en bloque 2,500 millones de dólares en fondos federales para cubrir las necesidades alimentarias de más de un millón de personas que cualifican para los beneficios otorgados a través del PAN.
Esta subvención se utiliza para cubrir el total de los beneficios, mientras que el gobierno contribuye con el 50 por ciento de los costos administrativos del PAN. “Debido a que la subvención en bloque es limitada, los niveles de elegibilidad y beneficios son reducidos, por lo que se establecen garantizando que los costos del programa no excedan los fondos autorizados”, indicó.
Por ser una subvención en bloque, el PAN ofrece niveles de beneficios máximos significativamente más bajos que el SNAP que aplica a los Estados. A diferencia del PAN, el SNAP se financia mediante una estructura conocida como “derecho a subsidio”, que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud.
Esta flexibilidad permite a su vez que el SNAP pueda ser utilizado en períodos de necesidad en los que surjan cambios repentinos de demanda como, por ejemplo, desastres naturales o recesiones económicas. Debido a esas circunstancias, el PAN no puede atender a todos los residentes de Puerto Rico que de otro modo serían elegibles para el SNAP, y tampoco puede proporcionarles el mismo nivel de beneficios a sus participantes.
Por estas razones, el grupo multisectorial rendirá al gobernador en 30 días a partir de hoy, un informe inicial sobre las posibles estrategias de política pública para que Puerto Rico reciba el mismo trato que tienen los Estados en los fondos destinados a los programas de asistencia nutricional.
Luego de que el gobernador Pierluisi apruebe las estrategias de trabajo, rendirán informes periódicos sobre el avance de estas, así como cualquier reto o área de oportunidad adicional que haya que evaluar. INS
P. Rico-El Senado confirma a Gabriel Maldonado como secretario del Trabajo
San Juan, 24 may (INS).- Durante la sesión ordinaria de hoy, el Senado dio su consentimiento a ocho designaciones del Ejecutivo, incluyendo la confirmación de Gabriel Maldonado González como secretario del Departamento del Trabajo, así como nombramientos de jueces superiores al Tribunal de Primera Instancia.
Todas las designaciones recibieron informes positivos por parte de la Comisión de Nombramientos que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.
Además de la confirmación de Maldonado como secretario del Trabajo, fueron avalados el juez Ángel Manuel Llavona Folguera para un nuevo término como juez superior del Tribunal de Primera Instancia; la jueza Heidi Denyse Kiess Rivera para un nuevo término como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia; Santos Ramos Lugo como juez superior del Tribunal de Primera Instancia.
También Alexander Espinosa Santiago como juez municipal del Tribunal de Primera Instancia; Víctor Merced Amalbert como director ejecutivo de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña; Julio Lassús Ruiz como miembro asociado de la Junta de Planificación de Puerto Rico, y José F. Forina Alfonso como miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.
Además, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 294, de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a establecer medidas en favor del usuario del sistema de AutoExpreso, en respuesta al ciberataque ocurrido a este sistema el pasado 16 de abril de 2022.
La intención de la medida es permitir que los usuarios tengan información sobre los cargos imputados, establecer un período de impugnación de cargos, un término para contratar el pago de peajes, un período para el pago de multas vencidas antes del 20 de abril de 2022, eliminar las multas por peajes no pagados de 15 de abril de 2022 al 31 de mayo de 2022. INS
ndc