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La experimentada abogada Judith Berkan estuvo a la cabeza del equipo legal que llevó el caso. Inter News Service/CPI Archivo
San Juan, 21 may (INS).- El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de que por “inmunidad soberana” no tenía que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“En este caso, la Junta planteó que, al amparo de la ley Promesa, gozaba de inmunidad completa ante los reclamos del pueblo de acceso a la información en sus archivos. Mediante esta decisión, el Tribunal del Primer Circuito en Boston rechazó ese planteamiento que exalta la impunidad y el poder total de la Junta”, dijo Judith Berkan, que junto a Steven Lausell Recurt y a varios estudiantes de derecho, representó al CPI desde la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
Berkan expresó que “por fin un tribunal ha puesto freno a algunos de los abusos de la Junta, (por lo que) el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer lo que están haciendo sus gobernantes de facto”.
Hace cinco años que el CPI demandó a la Junta para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos.
El juez del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Jay A. García Gregory, emitió en 2018 una decisión a favor del CPI en la que determinó que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la JSF está obligada a cumplir con el derecho de acceso a la información bajo la Constitución de Puerto Rico.
Aunque el CPI recibió algunos de los documentos, el proceso legal llegó al punto en que la JSF recurrió al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qué no las entrega.
En votación dos a uno, el tribunal apelativo federal decidió a favor del CPI y en contra de la Junta.
“Cada paso dado en el largo y difícil camino de este caso ha resultado en el fortalecimiento y la expansión del derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace 40 años”, dijo Oscar J. Serrano, cofundador y coordinador del Programa de Transparencia del CPI.
Agradeció el trabajo del equipo legal y de los amigos de la corte que lo acompañan en esta gesta que se mantiene como el triunfo más significativo de los derechos civiles ante las disposiciones de la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal.
El CPI inició este litigio contra la Junta en junio de 2017. En la ruta del caso ante el Primer Circuito, organizaciones de prensa y pro derechos civiles de Puerto Rico y Estados Unidos, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Espacios Abiertos, LatinoJustice y el Reporters Committee for Freedom of the Press, a cuya petición se unieron The Atlantic, CNN en Español, las cadenas McClatchy y Gannett, el Boston Globe, el Pulitzer Center on Crisis Reporting, la Society of Professional Journalists y otras 20 organizaciones periodísticas, presentaron su posición como amigos de la corte (amicus curiae) en apoyo al CPI.INS
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