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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 21 may (INS).- Estados Unidos tiene que modernizar el trato político que dispensa a sus posesiones ultramarinas para superar su dominio imperial colonialista.
Con el Puerto Rico Status Act, mediante un acuerdo entre el portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer, la congresista de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, para proponer la celebración de un plebiscito de estatus vinculante, ha quedado evidenciado las limitaciones constitucionales que Estados Unidos tiene de su concepto de unión federal.
Queda en evidencia tácita que extender la ciudadanía estadounidense a ciudadanos de ultramar bajo un concepto político de mancomunidad de los territorios estadounidenses de ultramar, en el caso específico de Puerto Rico bajo la llamada libre asociación, tiene escollos constitucionales insalvables.
La ciudadanía estadounidense únicamente puede ser garantizada en el marco de la Constitución de Estados Unidos en una ciudadanía de segunda clase bajo una colonia federalizada por el régimen de gobierno estadounidense como es el caso de Puerto Rico o en igualdad de condiciones bajo la estadidad.
El problema es que garantizar la ciudadanía estadounidense con plenitud de derechos bajo la estadidad implica la asimilación total y la disolución de la identidad nacional de la posesión de ultramar, como sería en el caso de Puerto Rico.
Algunos lo han descrito como la culminación asimilista del colonialismo.
Respetar la identidad nacional en una relación política no colonial ni territorial entre la posesión de ultramar y Estados Unidos parece una posibilidad jurídica nula en la interpretación que las instituciones judiciales estadounidenses hacen dentro de los parámetros de su Constitución.
Como bien la congresista de origen puertorriqueño Nydia Velázquez reconoce, el asunto de garantizar la ciudadanía estadounidense, una vez sea proclamada oficialmente como relación política válida con Estados Unidos la libre asociación, si fuera la opción favorecida en un plebiscito, ha sido el asunto más difícil de acuerdos en el Puerto Rico Status Act por sus complicaciones jurídicas.
Por eso es un asunto tan obscuro e intrincado en esa pieza legislativa congresal. INS
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