
Los senadores Migdalia González y Rafael Bernabe. / Inter News Service
San Juan, 19 may (INS).- La Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda, que preside la senadora Migdalia González Arroyo, retomó la evaluación del Proyecto del Senado 780, que pretende que se adopte un protocolo uniforme y eficiente para todos los municipios en cuanto a la declaración de estorbos públicos y expropiaciones forzosas.
“Ha quedado claro, a través de la discusión de las vistas públicas, que lo más importante es que se pueda corregir esa condición de estorbos públicos y que, finalmente, se puedan rehabilitar esos espacios. Me parece que el proyecto tiene muy buena probabilidad de que sea aprobado… un informe positivo es lo próximo que estaremos rindiendo”, expresó González Arroyo.
En esta ocasión la Comisión citó a deponer a Appraisal Institute Puerto Rico, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y el profesor Frank Alexander, del Center For Community Progress. Mientras, en la audiencia pasada el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y la Asociación de Alcaldes avalaron la medida, pero con diversas enmiendas.
Durante su alocución, el vicepresidente de Appraisal Institute, Luis Fernando Delgado, felicitó a la legislatura por la medida, ya que “ha sido una de nuestras preocupaciones y recomendaciones por años”. La organización favorece la pieza legislativa con algunas recomendaciones en cuanto a los requisitos que deben tener los tasadores, ya que la tasación sería para efectos de expropiación.
Entre los requisitos que recomendaron para un tasador, es que deben “poseer una licencia de Puerto Rico vigente y tener experiencia en trabajos de expropiación y en el tipo de propiedad a ser tasada”.
“Recomendamos estos requisitos toda vez que no todos los tasadores con licencia en Puerto Rico poseen la competencia en el área de expropiación y a la misma vez no todos los tasadores tienen experiencia en todo tipo de propiedades (residenciales, multifamiliar, oficina, al detal, hoteles, históricas, afectadas por alguna condición ambiental, etcétera)”, destacó Delgado.
A preguntas de la senadora González Arroyo sobre cuántos tasadores hay en Puerto Rico con licencia, Delgado respondió que “hay unos 350 tasadores con licencia de Puerto Rico, pero también hay tasadores con licencia federal”.
Mientras, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) avaló la medida con recomendaciones. “Este proyecto es una reforma crucial en el proceso de recuperación de Puerto Rico. Entendemos que esta pieza legislativa es una de las más importantes para atender el problema de abandono en las recientes décadas. Por otro lado, presentamos varias recomendaciones sobre artículos que entendemos podrán ser revisados y ajustados para garantizar la intención legislativa del proyecto”, destacó la abogada Michelle Alvarado Lebrón.
Durante su presentación ofrecieron varios datos levantados por la organización y los municipios, y que quedaron de entregar a la Comisión. Entre los datos ofrecidos dijeron que hay 373,424 unidades vacantes y que se desconoce cuántos espacios industriales y para negocios existen. INS
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