R. Dominicana-Expediente de la Procuraduría contiene detalles de las características del supuesto entramado delictivo militar y policial contra el  Estado dominicano (crónica)

Imágenes de algunos de los generales y coroneles implicados en los casos Coral y Coral 5G. Inter News Service

Santo Domingo, 18 may (INS).- En el proceso judicial que se sigue a los imputados de las operaciones Coral y Coral 5G, en el que están involucrados cuatro generales, coroneles y otros oficiales militares y policiales, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) enumeró varios detalles de las características del supuesto entramado delictivo que culminó con un fraude de más de cuatro mil millones de pesos (equivalentes a 72.480.000 dólares) en perjuicio del Estado dominicano.

Los fiscales a cargo de la investigación aseguraron que uno de los puntos en común de los acusados es que se aprovechaban de sus cargos, funciones, relaciones y el “apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país” (el presidente Danilo Media Sánchez) para cometer crímenes.

Según el Ministerio Público, este grupo utilizó tres entidades del Estado para incurrir en actos dolosos, siendo estas el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que actualmente es la Dirección Central de Policía de Turismo (Politur), y en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Los fiscales dicen en el expediente, cuyo contenido se ha filtrado a los medios, que una de las maniobras fraudulentas más utilizadas era colocar a ciudadanos en la nómina estatal que, a pesar de que no iban a trabajar, cobraban su sueldo mensual. Estos “empleados públicos” debían devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, monto que era posteriormente distribuido entre los encartados.

Igualmente indicaron que los acusados utilizaron a militares y policías en su entramado para hacer transacciones millonarias injustificadas, alegando que estas provenían del patrimonio público.

Además, eligieron a una sucursal del Banco de Reservas (Banreservas) específica, a fin de que estas transferencias no alertaran al Sistema Financiero Dominicano, puesto que la gerente de dicha filial recibía pagos a cambio de sus servicios.

Otro aspecto distintivo de este caso fue el uso de varias organizaciones religiosas como escudo, algo que los fiscales afirmaron que es una maniobra propia del crimen organizado, comparándola con la mafia italiana o los carteles de droga de México y Colombia.

El Ministerio Público también señaló que los imputados inyectaron dinero a una empresa que se hacía pasar por asociación y en organización no gubernamental (ONG) religiosa con el objetivo de evadir fiscalización.

Según la Pepca, la estructura criminal asignó sumas millonarias en forma de partidas mensuales para gastos de operaciones de inteligencia, combustible, distribución de raciones alimenticias y viáticos, que fueron desviados y utilizados para gastos personales.

De manera similar, este documento destacó que “el grupo designó personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar para controlar los informes presentados a la Contraloría General de la República”.

Manifestó que los implicados crearon empresas a nombre de personas relacionadas a la parte financiera del Cusep, Cestur y Conani para suplir combustibles y materiales gastables que nunca eran entregados, llevando a cabo “cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado”.

El Ministerio Público precisa que los oficiales militares exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores para poder adjudicarles procesos de compras, como era en el tema de combustible o en la compra de vehículos.

Las autoridades apuntaron que los imputados crearon empresas para adquirir bienes, para darles apariencia lícita a propiedades adquiridas a través de acciones delictivas, además de adquirir propiedades del Estado, a través del tráfico de influencia, las cuales eran administradas por el Consejo Estatal de la Azúcar

De igual manera, señalaron que esos individuos “hicieron lo propio con decenas de bienes millonarios, como casas, apartamentos, automóviles de lujo, fincas, empresas, cuentas bancarias para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas, que les permitía tener un estilo de vida propio del crimen organizado”. Asimismo, utilizaban bienes incautados como propios e intentaron realizar operaciones fraudulentas para transferirlos a su patrimonio.

Y, en su defecto, transferían bienes a nombres de terceros, que no tienen perfil económico para adquirir esas propiedades o encubrían la naturaleza y localización de estas propiedades, de acuerdo con el Ministerio Público.

En el expediente también figuró la acusación de adulteración de expedientes de compras, pagos y auditorias, usando de sellos gomígrafos y rúbricas falsificadas, para aparentar licitud en el manejo de los fondos públicos ante la Contraloría.

En adición, los investigadores indicaron que los encartados utilizaron sellos falsos de distintas instituciones públicas para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado dominicano.

El documento hace referencias a otras maniobras del supuesto entramado, como la elaboración de informes de gastos, llamados por el grupo “cuadres”; encubrimiento del origen ilícito de los fondos distraídos a través de una asociación de malhechores; uso de miembros de la presunta red que laboraban para un sujeto obligado financiero para poder realizar cientos de transacciones al margen de la ley, la destrucción y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal.

Los acusados de corrupción administrativa en el caso Coral, que un juez envió a prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción, son el mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, ex jefe de seguridad del ex presidente Danilo Medina; el coronel policial Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora evangélica Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán; y Alejandro Montero Cruz.

Mientras que en el proceso Coral 5G están involucrados los generales Juan Carlos Torre Robiou; Julio Camilo de los Santos Viola; y Boanerges Reyes Bautista; Franklin Antonio Mata Flores; Carlos Augusto Lantigua Cruz; Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara; Miguel Ventura Pichardo; Erasmo Roger Pérez Núñez; Kelman Santana Martínez; José Manuel Rosario Pirón y Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.

Además, las autoridades incluyeron nuevos imputados, que son Rosa Antonia Disla; Esmeralda Ortega Polanco; Epifanio Peña Lebrón; Lucía de los Santos Viola; Manuel de Jesús Alba Solano; Elija María Trinidad Santiago; Manuel Antonio Alba Trinidad; Raymel Pastor del Rosario Viola; Pedro Roberto Castillo Nolasco; Onoris Beatriz Soto de los Santos; Erick Daniel Pereira Norez; Santiago Antonio Suarez Peguero y Guillermo de Jesús Torres Robiou.

El grupo está incriminado de cometer delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte ilegal de armas de fuego. INS

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