P. Rico-Repudian organizaciones civiles arresto ilegal y abusivo de joven ordenado por senador Carmelo Ríos

San Juan, 13 may (INS).- Varias organizaciones civiles denunciaron el arresto ilegal del joven activista Jadiel Torres, que se manifestaba contra el desplazamiento y la gentrificación en el sector capitalino de Puerta de Tierra, luego de que el senador Carmelo Ríos así lo ordenara a dos miembros de la Policía estatal.

El incidente, que se produjo el jueves en la acera y en una calle estatal que constituyen un foro público tradicional frente al Capitolio, molestó al senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), afirmaron este viernes la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Amnistía Internacional Puerto Rico, Brigada Legal Solidaria, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y Kilómetro Cero.

Durante el arresto, según las entidades, la Policía le provocó heridas leves al joven, por lo que tuvieron que llevarlo al hospital y por más de cuatro horas, tanto en el dispensario Hoare como en el cuartel de la calle Cerra, ambos en Santurce, la Policía le negó su derecho a hacer una llamada y a hablar con un abogado.

Esta situación, instigada por el senador Ríos, se produjo a pesar de que el licenciado Manuel Moraza, la representante Mariana Nogales y una observadora de Brigada Legal Solidaria estuvieron en ambos sitios procurándolo.

“Durante todo ese tiempo la Policía se negó a informar sobre el paradero del joven. No fue hasta la noche, después de ir a distintos cuarteles, que se supo en qué cuartel se encontraba”, alegaron los denunciantes.

A los representantes de las organizaciones “nos preocupa sobremanera varios asuntos que son patrones en la Policía de Puerto Rico, cuando se trata de personas que protestan; la Policía a menudo hace arrestos ilegales, frívolos, que sabe no prosperarán y cuyo único propósito es castigar y disuadir a las personas que ejercen el derecho fundamental a la protesta”.

“En esta ocasión, tampoco es ni legal, ni aceptable, ni razonable que el señor Carmelo Ríos le dé instrucciones a la Policía de Puerto Rico y que ésta a su vez proceda a arrestar a un muchacho que simplemente protestaba hablando por un megáfono”, dijeron.

En ausencia de la presentación de cargos criminales por parte de la Policía, este arresto constituye una detención ilegal impermisible.

“La Policía sabe que no tiene causa para el arresto pero lo lleva a cabo en lo que parece más una forma de castigo. Hacen a la persona perder horas de su vida privada de libertad ilegalmente, los abogados de Brigada Legal Solidaria se movilizan, no les permiten hablar con el joven arrestado y las acciones ilegales no tienen consecuencias. ¿Quién responde por estas violaciones de derechos de la Policía? En este momento en Puerto Rico, nadie”, indicaron las organizaciones.

Advirtieron, además, que utilizar a la Policía para desalentar el ejercicio democrático de la protesta es anticonstitucional y, por lo tanto, es inaceptable en un país con aspiraciones democráticas.

“Una Policía que arresta sin causa a personas que protestan pacíficamente es una Policía totalitaria que actúa en la ilegalidad. En el caso de Puerto Rico, esto se une a un estado perenne de impunidad que reina, pues no existe un cuerpo independiente de supervisión con mecanismos de investigación y rendición de cuentas”, apuntaron.

Esto, más la complejidad de llevar a cabo reclamos civiles en Puerto Rico tras la aprobación de la ley Promesa y del plan de ajuste de la deuda, ha dejado a la ciudadanía en un estado de precariedad y vulnerabilidad en el que prácticamente no puede ejercer sus derechos fundamentales ni obtener remedios por violaciones de derechos civiles. INS

ndc