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Resumen de noticias para el viernes 22 de abril de 2022
P. Rico-Directora de la Reserva de Bahía Jobos denuncia negligencia de titulares del DRNA ante el crimen ambiental en comunidad de Las Mareas en Salinas
San Juan, 22 abr (INS).- La directora de la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos, Aixa Pabón Valentín, denunció este jueves ante la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes la negligencia de diversos titulares del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras agencias públicas para atender el crimen ambiental cometido en la zona desde que comenzó a revelarlo hace seis años.
La bióloga, quien presentó a la comisión una extensa cronología de eventos relacionados a la controversia, defendió la labor que ha realizado junto con su equipo de trabajo para proteger la Reserva de Bahía Jobos, una vez asumió la dirección en noviembre de 2014.
“Me causa emoción, porque esta Reserva ha hecho lo que tiene que hacer. El equipo de trabajo ha hecho lo que tiene que hacer; dando seguimiento; solicitando reuniones; documentando todos los informes mensuales que se les envía a las agencias”, manifestó conmocionada al sostener que “siempre la Reserva ha denunciado este crimen ambiental”.
Pabón Valentín compareció al tercer día de vistas públicas que celebra la comisión para investigar el crimen ambiental cometido en el lugar por alegados invasores que desde hace más de dos décadas han destruido parte del área protegida realizando estructuras ilegales.
En su ponencia, Pabón Valentín detalló las múltiples ocasiones en las que solicitó a los ahora exsecretarios del DRNA Rafael Machargo y Tania Vázquez que intervinieran en los diversos casos.
Sin embargo, aseguró que la respuesta por parte de ambos titulares, particularmente de Machargo, no fue lo suficientemente ágil para prevenir la continuación de la invasión en los pasados años.
La directora mencionó que parte de esas comunicaciones a Marchargo, quien dirigió la agencia hasta el pasado 1 de abril, contenían denuncias sobre alquileres publicadas en la página de la plataforma Airbnb, y fotos de las descripciones generales de las parcelas registradas en la página del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
Asimismo, la también oceanógrafa indicó que el 8 de febrero de 2020 le evidenció al secretario Machargo que siete contadores reportados dentro de los terrenos invadidos de la Reserva contaban con un mismo número de permiso de uso emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y que correspondían a una localización en Aibonito.
Además, en una comunicación fechada el 1 de marzo de 2021, Pabón Valentín aseguró que remitió un escrito al secretario Machargo, con copia a la comisionada sargento del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda Torres, en la cual denunció la pobre comunicación con el personal.
También solicitó la necesidad de activar el Plan de Vigilancia que se le había presentado a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) en 2017, pero la directora afirmó que nunca recibió respuesta por parte de los funcionarios.
Fueron decenas las instancias en las que Pabón Valentín se dirigió nuevamente a Machargo, Ronda Torres, y a la supervisora inmediata Damaris Delgado para denunciar el crimen ambiental, particularmente al oeste de la comunidad de Las Mareas.
De igual forma, resaltó la necesidad de personal del Cuerpo de Vigilantes para realizar patrullajes, intervenciones, presentar los casos a la Oficina de Asuntos Legales y asistir en la seguridad de las instalaciones.
Tan reciente como el pasado 10 de marzo, resaltó un evento en el que un vigilante pidió asistencia para orientar a una persona que rellenó y taló mangle, pero a esta persona no se le radicó una querella porque, según el agente, no la vio realizando el acto.
“En conclusión, no se hacen querellas, pero tampoco se trabaja en un plan activo para sorprender a los criminales ambientales, ni se les da seguimiento para que remuevan el relleno y mitiguen el daño ocasionado al hábitat”, reprochó.
En su ponencia, Pabón Valentín destacó que el 17 de junio de 2018 participó en una llamada conferencia con miembros de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE), DRNA y NOAA.
“La recomendación del Cuerpo de Ingenieros y de la EPA fue que el DRNA debía, en primer lugar, aclarar la titularidad de los terrenos antes de poder llevar una acción más contundente de su parte y que iban a estar pendientes de la resolución del caso cuasi-judicial del DRNA contra los querellados”, dijo.
El 30 de noviembre de 2018, Recursos Naturales dio continuidad a la vista en su fondo del caso DRNA vs. Guillermo Godreau Veguillla, en las oficinas de la agencia en San Juan.
“Momentos antes de iniciarse la vista, la licenciada Claribel Díaz expresó que no va a ver el caso, porque consideraba que era mejor acogerse a la transacción y acordar un pago de hasta $5,000 (cantidad propuesta inicial) por parte de los querellados”, indicó la bióloga y oceanógrafa.
Añadió que “la licenciada Díaz argumenta que este caso no se puede ganar por que no hubo testigos que vieran a los imputados cortar el mangle, ni hacer los rellenos, ni remover la corteza terrestre, que únicamente los observamos construir una verja en esos terrenos”.
Expresó también que el 9 de mayo de 2019, la secretaria Tania Vázquez envió una carta de solicitud de investigación a la entonces secretaria de Justicia Wanda Vázquez Garced.
“En la carta se solicita una investigación para todas las construcciones ilegales, instalaciones de servicios de agua y electricidad en los terrenos de la Bahía de Jobos al final del Camino del Indio”, mencionó.
Ante este panorama, el representante Héctor Ferrer Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD), expresó la necesidad de exigirle al gobernador Pedro R. Pierluisi una declaración de estado de emergencia ambiental para el área de la Bahía Jobos.
Ferrer Santiago destacó también que “es necesario que se realice un estudio de suelo sobre la Reserva y áreas aledañas, para entender cuáles han sido los efectos de los rellenos y construcciones sobre los ecosistemas marítimos”.
Según ha trascendido en las vistas públicas, tanto la directora de la reserva como el biólogo Milton Muñoz contabilizaron en 2015 un total de 2,297 metros cuadrados de mangle talados. En total, para esa fecha se talaron 732 árboles.
A preguntas del presidente de la Comisión, Edgardo Feliciano Sánchez, la directora aseguró que, actualmente, la deforestación debe ser “cinco veces más” que en 2015.
Feliciano Sánchez sentenció, luego de culminado el turno de Pabón Valentín, que “ahora sabemos quiénes han estado del lado de Puerto Rico, han hecho su trabajo, y también quiénes fallaron en el camino”.
El representante del Distrito 12 anunció que la comisionada sargento Ronda Torres será citada para comparecer el próximo miércoles, 27 de abril, pues “tiene mucho que aclarar”.INS
P. Rico-Un ejercicio simple de suma y resta es lo que se necesita en el caso del fallo del Tribunal Supremo estadounidense
San Juan, 22 abr (INS).- El fallo del Tribunal Supremo federal concerniente a que la constitución de Estados Unidos no le requiere al Congreso federal extender los beneficios del programa de Seguro Social Suplementario (SSI, siglas en inglés) a los residentes de Puerto Rico pudiera tener un efecto localmente entre un sector de los puertorriqueño de favorecer la estadidad.
El reclamo que José Luis Vaello Madero llevó con éxito en los foros de distrito y apelativo, denunciando violaciones a las garantías constitucionales de igual protección de las leyes al denegársele el beneficio por mudarse de Nueva York a Puerto Rico, no fue acogido jurídicamente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El SSI está diseñado para asistir a los ciudadanos más necesitados y dirigido a prevenir la pobreza más extrema. De modo que es parte de un sistema federal de prestación de asistencia social que el Tribunal Supremo de Estados Unidos entiende mayoritariamente por sus jueces que corresponde en derecho a jurisdicciones que pagan contribuciones federales.
Con la estadidad, los ciudadanos en Puerto Rico con ingresos tributables entre $32,000 y $44,000 anuales es posible que deban rendir la planilla federal de contribución sobre ingresos y pagar impuestos en un 50 por ciento de sus beneficios. En el caso de más de $44,000, hasta el 85 por ciento de sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos.
La determinación federal se sustenta en el hecho de que como los ciudadanos residentes en Puerto Rico no pagan contribuciones federales y, por lo tanto, no tienen iguales derechos constitucionales que aquellos que sí pagan contribuciones por sus ingresos personales al IRS.
En la consideración jurídica no hubo contemplaciones sobre obligatoriedad alguna a la prestación social que pudiera visualizarse políticamente por el hecho de que Puerto Rico tiene una población grande en comparación con Estados Unidos de ancianos y personas con discapacidades.
La Oficina del Censo estimó que en 2019, el 43.5% de los residentes de Puerto Rico vivían por debajo de la línea de pobreza -más del triple del porcentaje nacional estadounidense del 12.3%.
El gobernador Pedro Pierluisi intenta sacar partido a favor de la estadidad con el fallo judicial del Supremo estadounidense y no tardó en señalar que queda comprobado que la condición territorial de carácter colonial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en territorio puertorriqueño y permite que el Congreso pueda hacer lo que quiera con nosotros.
Para agregar seguidamente en un comunicado de prensa: “Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la estadidad”.
Tal como ya se ha explicado en la prensa, el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos se sustenta en el caso de una demanda de recobro del IRS contra el boricua Vaello Madero, quien vivió en Nueva York de 1985 a 2013 y recibía el beneficio del SSI por incapacidad.
Vaello Madero se mudó a Puerto Rico en 2013 y continuó recibiendo el depósito del SSI en su cuenta bancaria en Nueva York hasta 2016, lo que provocó la demanda de recobro por $28,081.
Es ilógico atribuirle virtudes a la estadidad para recibir en Puerto Rico el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI), si cientos de miles de puertorriqueños y empresas nativas tienen que pagar contribuciones federales para que un sector bajo el umbral de pobreza establecido en Estados Unidos reciba esa asistencia social suplementaria.
En términos generales, un simple ejercicio matemático de suma y resta es suficiente para concluir que el precio económico para Puerto Rico de la estadidad no compensa el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI). INS
P. Rico-Recomienda IEEFA cancelar deuda de los bonistas de la AEE mediante una reestructuración sostenible
San Juan, 22 abr (INS).- El Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA), entidad con base en Ohio y experta en los mercados financieros y las políticas de energía, recomendó a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) la cancelación de los $8 mil millones que intentan reestructurar de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y presentó alternativas para que se logre un plan de ajuste de la deuda sostenible.
El director de análisis financiero de IEEFA, Tom Sanzillo, indicó que desde una perspectiva de mercado global, el curso de acción eficiente es cancelar la deuda con los bonistas de la AEE, con cero recuperación por los bonos no asegurados, hacer cumplir una estricta responsabilidad fiscal en el futuro y alentar las estrategias de crecimiento económico.
“Con la deuda eliminada y un plan de recuperación razonable en su lugar, cualquier inversionista —incluidos los ex tenedores de bonos— pueden poner su dinero en una empresa en mejor posición y con el potencial real de una rentabilidad continua”, explicó mediante una carta enviada a la entidad fiscal con copia a la jueza federal Laura Taylor Swain.
Según Sanzillo, los esfuerzos para renegociar la deuda no han sido efectivos y seguirán paralizados por la falta de inclusión de la Legislatura de Puerto Rico y el Negociado de Energía de Puerto Rico en las conversaciones.
Añadió que se está prestando demasiada atención a los intereses financieros que han propuesto dos acuerdos de reestructuración fallidos y que no están reconociendo las realidades de la economía de la isla.
Sanzillo señaló varios factores que favorecen la cancelación y cero recuperación para los tenedores de bonos actuales:
· Ni la AEE ni LUMA Energy han demostrado capacidad alguna para lograr ahorros de costos que serían parte de un nuevo plan de pago.
· Sería imposible cumplir con el objetivo de cobrar 20 centavos por kilovatio-hora (kWh) aprobado por la misma legislatura y Junta de Supervisión Fiscal en los planes fiscales certificados, si para el pago de la deuda se incluyen nuevos cargos de tarifas de electricidad.
· La economía de la isla es débil y se espera que la población continúe disminuyendo.
· El proceso de mediación actual y los planes de pago propuestos hasta el momento no garantizarán el acceso de la Autoridad a los mercados de capitales.
· Los pagos de la deuda imposibilitan la asequibilidad y la resiliencia de la red mediante la instalación de proyectos de energía renovable.
Sanzillo precisó que “eliminar la deuda heredada de la Autoridad es la única manera de lograr los objetivos a largo plazo de un suministro de electricidad estable y asequible y crecimiento económico para todos los residentes de Puerto Rico”.
Señaló que los bonistas y los asesores financieros que actuaron negligentemente apoyando estas emisiones riesgosas podrían absorber las pérdidas de manera más eficiente que los contribuyentes de la isla.
“Bajo los acuerdos alcanzados hasta el momento, Wall Street insiste erróneamente en que una economía de crecimiento negativo como la de Puerto Rico pague al final por una deuda a tenedores de bonos con billones en activos y proteger asesores financieros negligentes en mejor capacidad económica para responder”, apuntó.
Expuso que “la AEE está totalmente insolvente, debe más de lo que tiene, con deudas superando sus activos en $6.6 mil millones, mientras estas casas de inversión poseen más de $12 mil millones en activos”.
“Es absurdo suponer que la Autoridad puede pagar 8 mil millones en deuda o que estos asesores financieros en buena posición económica no puedan aportar al pago o absorber la pérdida”, recalcó.
Sanzillo añadió además que los $14.4 mil millones en fondos federales comprometidos a la AEE para reconstruir la red crean un apoyo financiero y económico importante, pero que se desperdiciará si los consumidores y la economía de Puerto Rico tiene que cargar con el gran peso del pago la deuda en bonos.
“Los fondos federales deberían poder reconstruir la red siempre que la AEE pueda controlar la corrupción histórica que ha socavado sus operaciones. Igual de importante, los fondos federales no requieren el pago de la deuda a los bonistas. El alivio a la deuda que proponemos con su cancelación, y la ayuda recibida con fondos federales, le dará a la AEE la flexibilidad financiera que necesitará en el futuro”, ratificó.
Consideró que forzar el pago insostenible de la deuda por costos incurridos hace casi dos décadas significa que la Junta, la AEE y el Gobierno han aprendido muy poco del efecto perturbador de los eventos climáticos que la isla ya ha sufrido y sufrirá y la necesidad absoluta de tarifas eléctricas bajas para el futuro económico de la isla y familias puertorriqueñas.
“En este momento, el proceso de mediación ha creado un punto muerto dentro de un atolladero. Las partes más fuertes de la economía deben apoyar a las partes más débiles para que el potencial de crecimiento mejore en todos los ángulos y no viceversa”, anotó.
Sanzillo especificó que “bajo nuestra propuesta, todas las partes interesadas podrían estar mejor, entendiendo este enfoque como una inversión en Puerto Rico que puede proporcionar una base sólida para una salida de la quiebra”.
También es la base de una justificación sostenible para lograr el acceso a los mercados, obtener apoyo legislativo y aprobar presupuestos balanceados de forma recurrente.
La IEEFA estará participando en un foro sobre Alternativas a la Quiebra de la AEE auspiciado por el Colegio de Abogados y Abogadas, Queremos Sol y el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda el próximo martes, 26 de abril, a las 6:00 p.m., transmitido por Fb Live.INS
P. Rico-Confirma ASES al presentar presupuesto en la Cámara que 10% de la población no está cubierta bajo un plan médico
San Juan, 22 abr (INS).- Las comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y del Senado, que presiden el representante Jesús Santa Rodríguez y el senador Juan Zaragoza Gómez, realizaron una vista pública conjunta sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 307 para evaluar el presupuesto, en el que quedó en evidencia que el 10 por ciento de la población no está cubierta bajo la Administración de Seguros de Salud (ASES).
La directora ejecutiva interina de ASES, Roxanna Rosario Serrano, acompañada del director de Finanzas, Carlos Negrón, expuso que actualmente un 10 por ciento de la población en la Isla no está cubierta bajo un plan médico, lo que equivale a unas 300 mil personas.
“En estos momentos, nuestro enfoque principal es buscar soluciones para que estas personas puedan beneficiarse y, por ende, estaremos realizando iniciativas para extender las cubiertas”, dijo Rosario Serrano.
Reveló que la proyección de fondos federales establece pareo a base de la aportación estatal y la población certificada basada en la continuidad del nivel de pobreza, al presente representa el 85% del pareo federal.
En lo que respecta al presupuesto, la directora ejecutiva interina detalló que para poder cumplir con los compromisos pragmáticos, ASES necesita disponibilidad de recursos estatales para recibir el pareo de fondos federales.
Actualmente, el organismo gubernamental no recibe directamente las aportaciones federales. Los reembolsos de fondos federales son tramitados a través del Departamento de Salud-Medicaid.
Rosario Serrano subrayó que el presupuesto solicitado por ASES para el próximo año fiscal 2022-2023 es de $3.9 mil millones.
Uno de los principales retos, según destacó, es la cantidad de empleados para el funcionamiento de la ASES.
“Hace unos años ASES contaba con alrededor de 122 empleados, ahora tenemos 75”, dijo.
En lo que corresponde al Plan de Salud Vital del Gobierno de Puerto Rico, ASES cuenta con cinco empleados trabajando en el centro de llamadas para atender 1.5 millones de beneficiarios.
Ante esta situación, el representante Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista (PNP), comentó sorprendido que no hayan reclamado que necesitan más personal.
“Recuerden algo, si a la Junta (de Supervisión Fiscal) no se le exige, ellos no harán nada por ustedes. Realmente, con esa cantidad de empleados dudo grandemente que se le pueda dar un servicio de excelencia a todos los beneficiarios, y por eso las aseguradoras se ríen de nosotros porque no tenemos las herramientas para poder cuestionar sus irregularidades”, acotó.
Para lidiar con este reto, Carlos Negrón, director de Finanzas de ASES, aclaró que “ya solicitamos $8 millones que contemplan 125 empleados de una reestructuración que sometimos y ya está aprobado; el gasto actual de los 75 empleados es de $5 millones”.
Negrón sostuvo que el gasto mayor de ASES es con los medicamentos, pues ante el aumento de beneficiarios, ha pasado de $796 millones a $900 millones.
El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, exigió a ASES, junto al representante Morales Rodríguez, que sea más agresiva a la hora de emitir multas a las aseguradoras.
“No transen multas con las aseguradoras. Darles una multa de $200,000 es como si fuera una peseta para ellos. Si los actos no tienen consecuencias, ellos seguirán cometiendo violaciones e infracciones hacia los reglamentos”, comentó Morales Rodríguez.
Santa Rodríguez concluyó que el “propósito de estas vistas públicas son para evaluar cada presupuesto y determinar cuáles son las lagunas o principales retos de cada agencia para buscar soluciones con el fin de que se le pueda brindar un servicio de calidad a cada constituyentes y conseguir una estabilidad adecuada en las finanzas del país.INS
P. Rico-Senado atiende en audiencia pública medida dirigida a enmendar Reforma Laboral
San Juan, 22 abr (INS).- Con el propósito de conseguir justicia laboral para la clase trabajadora del país, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Ana Irma Rivera Lassén, condujo una audiencia pública sobre el Proyecto de la Cámara 1244 que propone enmendar la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, conocida como la Reforma Laboral.
“Ciertamente los trabajadores y trabajadoras están vivos y respirando a pesar de las condiciones de empleo muy malas, y hacen todo el esfuerzo posible por dar lo mejor de si… Y la legislación laboral en muchas ocasiones es mantener vivas a las personas y que sigan respirando”, destacó la senadora Rivera Lassén.
Para indagar sobre esta medida, la Comisión citó a varias agencias gubernamentales, organizaciones laborales y sindicales, así como abogados sobre el derecho laboral.
El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) resaltó en su ponencia que “es importante aclarar que la solicitud (para un cambio de horario, la cantidad de horas o el lugar donde deba realizar su trabajo) únicamente puede ser por escrito, tal cual consta actualmente en la Ley 379 y las enmiendas en sala que se realizaron en la Cámara de Representantes”.
En este sentido, el DTRH concluyó en su ponencia que “respalda la aprobación del PC1244, según el texto aprobado por la Cámara de Representantes, tomado en consideración el señalamiento que realizamos anteriormente sobre el error legislativo que debe ser atendido”.
“Entendemos que el proyecto le brinda una protección abarcadora a la clase trabajadora y cumple el propósito de crear mejores condiciones de empleo… Nos reservamos el aval a cambios sustantivos que se realicen al texto aprobado en la Cámara de Representantes”, anotó el organismo gubernamental.
Rivera Lassén preguntó a la procuradora del Trabajo, Naihomy Álamo, cuáles son los elementos beneficiosos para las trabajadoras y trabajadores que hay en el PC1244.
“De los más notorios es la acumulación para las personas que trabajen menos de 115 horas. Sabemos que previo a la Ley 4 acumulaban únicamente aquellas personas que trabajaban al menos 115 horas y con la Ley 4 se aumentó a 130 horas y [en este proyecto] se reduce a 115 horas, y también establece un esquema de acumulación para aquellas personas que trabajan menos de 115 horas, pero al menos 20 horas en cada semana del mes”, respondió Álamo.
La procuradora añadió que “también vemos el restablecimiento de lo que se consideran horas extras, aquellas horas que se trabajen en exceso de 8 en un periodo de 24 horas”.
Álamo resaltó que se reincorporan las 700 horas de trabajo para tener derecho al bono de Navidad y expresó que “apoyaría un esquema de que sean 700 horas para todos los trabajadores (por igual)”.
La senadora Rivera Lassén preguntó, además, cuál es la posición del Departamento del Trabajo sobre la paga doble a los estudiantes.
“Expresamos nuestras reservas a que se establecieran nuevas categorías de empleados, obviamente, esta categoría de empleado estudiante no es algo que se contempla en la legislación laboral en Puerto Rico”, precisó.
Consideró que “aunque entendemos que se escucha bonito y puede sonar beneficioso, podría tener un efecto negativo en la contratación”.
Álamo enfatizó que “en cuanto esas disposiciones se estableció darle un alivio y una excepción a las PYMES, así que apoyamos el texto que consta actualmente en el proyecto (PC1244) sobre esa disposición de la paga doble”.
Durante la audiencia pública estuvieron presentes los licenciados Carlos Mondríguez Torres, Ruy Delgado Zayas, Félix Bartolomei y Víctor Bermúdez Pérez, quienes recomendaron varias enmiendas a la pieza legislativa y abogaron por el restablecimiento de los derechos a las trabajadoras y trabajadores como estaba antes de la Ley 4-2017.
Rivera Lassén cuestionó qué aspectos beneficiosos existen en el PC1244, a lo que los abogados destacaron la restitución de las vacaciones, la enmienda al Artículo 2.12, que tiene que ver con la contratación, la presunción del Artículo 11 de la Ley 80 que se va a restablecer con esta medida, entre otras disposiciones.
Por su parte, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), expresó que “estamos en el mismo lugar… Reconociendo que hay unos elementos en este proyecto que pueden ser menos dañinos y más favorables que la Ley vigente, a mí no me satisface la idea del lobo, un pelo. Sobre todo, cuando uno de los pecados capitales en la política es no saber mantener la palabra”.
Santiago Negrón preguntó al panel de letrados sobre el periodo de descanso para consumir alimentos, argumentando que pudiera darse el caso de que en un periodo de 12 horas trabajadas el empleado tenga un solo periodo de alimento; a lo que respondieron que así está en la Ley 4, “no cambia y se quedaría igual”.
Organizaciones patronales como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), el Centro Unido de Detallistas (CUD), la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico no favorecieron el PC1244.
Además, resaltaron varios aspectos que les preocupan en la legislación, entre ellos la reducción del término del periodo probatorio; acumulación de licencia por vacaciones y enfermedad; el bono de Navidad; la eliminación del tope de la mesada bajo la Ley 80 y aumento en el término prescriptivo, entre otros.
En su ponencia, el presidente de Asore, Mateo Cidre, expuso que este proyecto contiene disposiciones de gran impacto económico para el sector privado e incide sobre los empleos a tiempo parcial, por lo que su aprobación “abonaría a la dura carga que representa crear y mantener negocios en Puerto Rico”.
“El escenario es de incertidumbre económica y ello no provee un ambiente propicio para añadir el costo que le representará a las empresas que operan en Puerto Rico, otro cambio en la legislación laboral”, dijo con el respaldo de las otras entidades patronales.
La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado subrayó que las organizaciones que quieran expresarse sobre el PC1244 tendrán un término de cinco días laborales para que sometan sus opiniones puntuales sobre la medida. INS
ndc