Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 21 de abril de 2022
P. Rico-Presidente de corporación dedicada a la compra y venta de metales podría enfrentar una pena de ocho años de prisión tras dejar de reportar ingresos por 1.3 millones
San Juan, 21 abr (INS).- El presidente de la corporación Santurce Non-Ferrous Metal Exporting, quien se dedica a la compra y venta de metales, creó un esquema para evadir el pago de contribuciones y dejó de reportar ingresos ascendientes a 1.3 millones en su planilla de contribución sobre ingresos durante los años 2018-2020.
La información la dio a conocer Justicia y Hacienda en una conferencia de prensa en la que se indicó que el hombre acudía semanalmente a tres compañías a vender grandes cantidades de metales transportadas en distintos camiones.
Al momento del pago solicitaba que el cheque lo emitieran a su nombre y no a nombre de su corporación.
A raíz de esto, recibió 461 cheques que cambiaba en efectivo y los ingresos no los reportaba ni en su planilla de individuo ni en su planilla de la corporación.
Ante estos hechos, la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, dirigida por el fiscal Rodney Ríos Medina, sometió ayer seis cargos criminales contra el individuo por violar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico al presentar planillas falsas y fraudulentas al Departamento de Hacienda.
El imputado le adeuda cerca de un millón al erario, incluyendo intereses, recargos y penalidades.
La jueza, Marangely Colón Requejo, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados por las fiscales Kristia Díaz Pérez e Ileana Martínez Rosado, quienes lideraron la investigación junto a agentes especiales del Área de Inteligencia de Fraude Contributivo del Departamento de Hacienda, dirigida por el secretario auxiliar José Carlos Colón.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, explicó que el hombre podría enfrentar una pena de tres a ocho años de prisión por cada delito.
“El gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Hacienda, provee mecanismos suficientes para que cada ciudadano pueda cumplir con su deber contributivo, antes de que tenga que intervenir el Departamento de Justicia por la vía penal. Nada justifica que una persona que genera ganancias sustanciales violente las normas y reglamentos, transfiriendo el peso de la carga contributiva a los demás”, puntualizó Emanuelli Hernández.
Agregó que “como hemos actuado en los cinco casos que hemos radicados recientemente sobre evasión contributiva, el Departamento de Justicia continuará procesando a quienes intencionalmente intenten burlar la ley”.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, destacó que este caso surge de la colaboración ya suscrita mediante un acuerdo que hay entre el Departamento de Hacienda, el Departamento de Justicia y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, siglas en inglés), que incluye el destaque de empleados de Hacienda en esta agencia, así como en otras agencias federales de ley y orden.
“Los acuerdos consisten en que las tres partes compartan información y procesen por los delitos que encuentren y puedan probar más allá de duda razonable. El caso de Abraham Santos Meléndez refleja nuevamente la efectividad del trabajo en equipo. El esquema diseñado para evadir contribuciones no funcionó porque detectamos que recibía pagos a su nombre por la venta de metales, en lugar de canalizarlos a su corporación. Fueron 461 cheques emitidos a su nombre, de los cientos que fueron cambiados en efectivo con la intención de no pagar contribuciones”, sostuvo.
Parés Alicea, enfatizó en la importancia de la tecnología que pone en evidencia estas incongruencias y da acceso a un panorama completo y a obtener la evidencia necesaria para los procesamientos.
“Ya les hemos presentado el resultado de varios casos de evasión en distintas modalidades y continuamos con nuestras auditorías y el trabajo en equipo con agencias estatales y federales. Esperamos que las experiencias de estas personas sirvan de ejemplo a los contribuyentes y cumplan”, expresó.
El individuo reportaba ingresos anuales de entre 15,000 y 20,000 únicamente, cuando en realidad generaba ingresos que superaban un millón de dólares en solo tres años.
Este es el quinto caso de fraude y evasión contributiva que queda al descubierto en menos de un año mediante la alianza investigativa entre el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda y la DEA. Hasta el momento, se han detectado aproximadamente 10 millones en ingresos de individuos que han incumplido con su obligación de reportar sus ganancias a Hacienda.INS
P. Rico-No se disipa suspicacia por contratación para investigar apagón general del pasado 6 de abril de empresa dirigida por exempleado de subsidiaria de Luma Energy
San Juan, 21 abr (INS).- Es inevitable que la defensa a todo trance del director ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, al contrato otorgado a la compañía internacional Exponent para investigar las causas del masivo apagón del pasado 6 de abril, a pesar de que la persona que dirigirá la pesquisa será un exempleado de una de sus empresas matrices, levante suspicacias en el país.
Stensby no ha querido revelar por qué se escogió precisamente a esta empresa ni el monto del contrato de la investigación que indagará sobre las causas de la avería que dejó la Isla a oscuras por varios días.
Considerado por muchos “un ardid de pitcher y cátcher” en la contratación de una persona a cargo de la encomendada investigación que laboró por seis años con la empresa Quanta Technology, subsidiaria de Quanta Services, que a su vez una de las empresas matrices de LUMA Energy.
Sin embargo, Stensby negó que exista un conflicto de interés, a pesar de no incluir esa información en el informe que presentó al Negociado de Energía.
“El hecho de que el señor Brown haya trabajado para Quanta Technology no es un hecho relevante para su experiencia, para su credibilidad”, dijo el jefe de LUMA. “En lo que deberíamos enfocarnos es en que está comprometido y está aportando su peritaje aquí en Puerto Rico”, agregó.
Empero, sus declaraciones no disipan en nada la suspicacia que esta contratación ha creado y la interrogante en cuanto a qué es lo que desea esconder sobre las causas del apagón LUMA Energy.
La Cámara de Representantes aprobó una resolución que ordena la cancelación del contrato de LUMA
El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, se ha “enlodado” defendiendo la contratación de Brown para la investigación sobre las causas del apagón general en Puerto Rico, que no pocos consideran una acción inexplicable para un alto funcionario público que se supone vele por los intereses del pueblo de Puerto Rico.
“Ya (Brown) ha realizado estudios para el Negociado de Energía y de alguna manera eso debe trabajar a su favor porque no es un profesional que llega a Puerto Rico sin tener conocimiento del sistema eléctrico”, comentó el director de AEE.
No es extraño que un sector de la opinión pública tenga pocas esperanzas en que con la investigación de Exponent, liderada por el doctor Brown, y el Análisis Dinámico del Sistema, se logre obtener una respuesta confiable al porqué del apagón del 6 de abril, aunque todavía es necesario esperar por los acontecimientos. INS
P. Rico-Coalición Paz Para la Niñez inicia campaña de prevención contra el maltrato de menores
San Juan, 21 abr (INS).- La Coalición Paz Para la Niñez (CPPN), que reúne un equipo de profesionales y organizaciones que velan por los derechos de los niños y jóvenes según las políticas públicas del Estado, se unió al Mes de la Niñez con el lanzamiento de una campaña multiplataforma para alertar sobre las señales de maltrato en los menores y educar sobre las acciones para detenerlo.
La campaña titulada “Mira a través de sus ojos, ¡ponte en su lugar!” es un llamado a la sensibilidad y a la conciencia sobre el daño físico y emocional que sufren miles de menores en el país.
“La niñez es responsabilidad de todos” y “Si sientes que vas a perder el control, ¡detente!” son algunos de los mensajes que buscan despertar en la consciencia de la gente.
“En este mes de la Prevención de Maltrato Infantil, lo que proponemos es que nos pongamos en la piel y miremos desde los ojos de los niños y niñas que sufren maltrato y esperan por alguien que los salve y les devuelva la esperanza de ser respetados y amados. Cuando nos veamos a imagen y semejanza del otro estaremos cerca de vivir en un mundo de paz.”, expresó la presidenta de la CPPN, Irene Rial Bou.
Su misión se ancla en la Carta de Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas de 1959.
Las Naciones Unidas describe el maltrato o la violencia contra los niños y niñas como “cualquier acción de abuso, maltrato físico y mental, abandono o trato negligente, explotación y abuso sexual.
La violencia puede ocurrir en el hogar, escuelas, orfanatos, centros residenciales de atención, calles, lugar de trabajo, prisiones y establecimientos penitenciarios.
Además, puede afectar la salud física y mental de los menores, perjudicar su habilidad para aprender y socializar y, más adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores.
Sobre la campaña la también escritora Irene Rial Bou enfatizó en que “está motivada en el impacto de la conectividad a través de las redes sociales para seguir combatiendo el maltrato de los niños, niñas y jóvenes. Dado el auge de la tecnología los mensajes y las imágenes llegan al instante y se comparten lo que logra un efecto masivo que nos permite crear conciencia en masa de un problema que crece cada día”.INS
P. Rico-Cámara/Comisión de Gobierno convocará a audiencias públicas relacionadas con la ciberseguridad, tras ataques reportados al AutoExpreso y la UPR
San Juan, 21 abr (INS).- El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Jesus Manuel Ortiz, informó que, próximamente, estará iniciando investigación debido a los recientes ataques cibernéticos a los sistemas de informática de varias agencias de gobierno, los últimos a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y al sistema de AutoExpreso.
“El tema de ciberseguridad es uno prioritario para mi. Desde octubre del pasado año, venimos trabajando en la Comisión de Gobierno, en las agencias públicas y cómo podemos desde la legislatura ayudar a que éstas tengan los controles efectivos de seguridad de la información. Debemos conocer la magnitud del ataque cibernético a la UPR y a al DTOP y que información estuvo expuesta a los hackers”, expresó Ortiz González.
Una de las prioridades que el legislador ha estado trabajando durante esta sesión en la Comisión de Gobierno es la creación de una Ley Nacional de Ciberseguridad, que contenga los mecanismos necesarios de seguridad para proteger los datos en las Agencias.
“Pretendemos establecer el marco legal para proteger la información pública y que se puedan identificar a tiempo los incidentes como los que recientemente han sufrido diversas instituciones públicas. El Gobierno de Puerto Rico debe proponer o servir de escudo para proteger la información de sus ciudadanos y que éstos se sientan protegidos en el mundo digital”, señaló Ortiz González
Añadió que “para atender este delicado tema de protección de la información privada de la ciudadanía, tiene que existir la voluntad y el compromiso de las agencias en crear y promover controles efectivos de la seguridad de la información que manejan”.
Según el político, la Isla “posee un marco regulatorio digital para garantizar esta protección, pero hasta el momento, no se tiene conocimiento de lo que las agencias están realizando para hacer cumplir esta reglamentación o si poseen planes de trabajo enfocados en ciberseguridad”.
“En términos de la Rama Legislativa, nos corresponde complementar estos esfuerzos promoviendo legislación que ofrezca a las agencias, las guías para proteger la información que poseen, pero también nos corresponde fiscalizar, requerir e indagar qué están haciendo para cumplir con este marco regulatorio. Por esta razón, estaremos requiriéndole a las agencias información que nos permita conocer diversos aspectos de ciberseguridad en las mismas”, expresó,INS
P. Rico-Someten 87 cargos por maltrato de animales contra sujeto que mantuvo más de cien perros y gatos desnutridos y enjaulados
San Juan, 21 abr (INS).- Un total de 87 cargos por violaciones a la Ley 154 (de Maltrato de Animales) fueron sometidos en el Tribunal de Ponce contra un individuo que mantuvo más de cien perros y gatos desnutridos y enjaulados.
La directora de la Unidad de Bienestar y Protección de Animales del área de Ponce de la Policía, Zulmarie Rodríguez, informó que los cargos se presentaron contra Arnaldo Martínez Rodríguez, de 58 años y residente en el barrio Collores de Yauco.
Contra el hombre se sometieron 43 cargos por confinamiento, 31 por maltrato y 13 por negligencia agravada.
La presentación de los cargos son por hechos reportados el 10 de marzo del pasado año, cuando la Policía recibió una denuncia sobre una residencia en el sector Francia, barrio Collores de Yauco, donde había 103 animales (perros y gatos) sueltos y otros enjaulados, los cuales se encontraban desnutridos y, además, la residencia se encontraba en condiciones infrahumana.
El caso fue presentado mediante videoconferencia ante el juez Carlos Quiñonez Capacetti, el cual determinó causa en las 87 denuncias presentadas e impuso una fianza de cinco mil dólares, la cual fue prestada por el imputado.
La vista preliminar fue pautada para el 4 de mayo.INS
P. Rico-Seguridad Pública y la Policía se pronuncian en contra de legislación que propone despenalizar posesión de cannabis para consumo personal
San Juan, 21 abr (INS).- El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, se opusieron al proyecto de la Cámara 1191, que persigue permitir el uso controlado del cannabis para personas mayores de 21 años de edad.
Los máximos responsables del DSP y la Policía resaltaron la necesidad de continuar reforzando la política pública existente contra el uso de drogas, que incluye el encausamiento criminal y programas con enfoque salubrista.
“Nos pronunciamos en contra de las enmiendas presentadas a la Ley 42 (‘Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación Normas Aplicables y Límite’). Esto, por cuanto pretende legalizar el consumo del cannabis, sin recomendación médica, por una persona mayor de 21 años de edad. Tampoco estamos a favor de la enmienda que dispone que, la Junta Reglamentadora establecerá un límite de dispensación diario para uso adulto controlado el cual nunca será mayor de 28 gramos de cannabis o su equivalente de ocho gramos de THC en los productos concentras o su equivalente de 800 miligramos de THc en productos comestibles”, señaló en su ponencia la licenciada Estrella Vega, en representación del DSP.
Vega destacó también que, a nivel operacional, al entrar en vigor el proyecto presentado por el representante Héctor Ferrer Santiago, cuando el agente intervenga con una persona por la posesión de cannabis, “ello conllevaría, que, al momento de la intervención, nuestros agentes cuenten con pesas para verificar si se trata de los 28 gramos o menos de cannabis. Además, de que la Policía necesitará contar con el personal certificado para ello y calibrar tales pesas”.
Agregó que “para poder implantar esta legislación, ello acarrearía la compra de balanzas en todas las áreas policíacas, la certificación de nuestros agentes a tales efectos lo que conlleva costos adicionales y reforzar o modificar los procedimientos de intervención. Desde luego, todo esto implicaría un costo adicional actualmente indeterminado, pero que de seguro aumentaría por mucho los gastos que tiene el presupuesto de la Policía en la lucha contra el crimen”.
En tanto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, presentó un memorial escrito en el que apoya la medida con enmiendas, dirigidas a garantizar que toda dispensación y administración de cannabis medicinal a pacientes pediátricos, debe ser delegada y realizada estrictamente por médicos pediatras.
“El proyecto contempla algunas medidas para impedir que menores de edad tengan acceso personal a cannabis despenalizado para adultos, pero no resuelve el acceso irrestricto que tienen los menores de edad al cannabis bajo la reglamentación del Cannabis Medicinal”, expresó el galeno.
Según Ramos Otero, los pacientes pediátricos, en muchas ocasiones, terminan recibiendo un cannabis que no rinde beneficios médicos para sus condiciones y en otras, reciben cannabis que podrían agravar sus condiciones de salud.
A su vez, el médico pediátrico, explicó que la posición del Colegio es “atender las adicciones desde una perspectiva salubrista y médico sanitario, y no desde un modelo punitivo”.
“Por décadas, Puerto Rico ha seguido un modelo ético-jurídico o punitivo para atender el problema del consumo de drogas. Este modelo está centrado en la sustancia narcótica y enfatiza las medidas legales y penales dirigidas a los usuarios de drogas”, mencionó.INS
P. Rico-Cuatro municipios expresan su rechazo a privatizar el sistema de generación eléctrica
San Juan, 21 abr (INS).- Los gobiernos municipales de Vega Baja, Sabana Grande, Juana Díaz y Salinas, la legislatura municipal de Humacao y más de 40 organizaciones comunitarias, ambientales, religiosas y sindicales objetaron mediante sendas resoluciones el proceso en curso para privatizar el sistema de generación eléctrica.
Además, urgieron a la Asamblea Legislativa que actúe para detenerlo, informó la Coalición Queremos Sol.
“Denunciamos la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso llevado a cabo por el gobierno de Puerto Rico para entregar el servicio esencial de energía eléctrica a manos privadas”, exponen las resoluciones.
Señalan que el proceso que lidera la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) es similar al del contrato que transfirió responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy con efectos perjudiciales para los consumidores.
Sobre su endoso a la resolución, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, sostuvo que privatizar la generación eléctrica “va a resultar en más alzas en la tarifa para nuestro pueblo”.
Reclamó a la legislatura “intervenir y detener este proceso que se está llevando a cabo sin participación pública o de los municipios sobre el futuro del sistema eléctrico del país”.
De igual modo, la autora de la medida aprobada por la legislatura municipal de Humacao, la legisladora municipal Ana Ponce, abogó por proteger y conservar como bienes públicos servicios esenciales como el agua y la electricidad.
“Para estas compañías privatizadoras el lucro es su principal objetivo, no necesariamente el bienestar del pueblo o del ambiente”, dijo.
Agregó que “en otros países, esta movida neoliberal ha sido un fracaso y ha ido acompañada de una corrupción público privada. El gobierno de Puerto Rico debe repensar seriamente este empeño en privatizarlo todo y hacer un verdadero plan a corto, mediano y largo plazo que permita que nos movamos hacia donde se está moviendo el mundo, hacia la generación a través de energía renovable”.
El proceso que dirige la AAPP está en la etapa de licitación.
El gobierno ha dicho que su intención es seleccionar las preferidas antes de que termine junio para negociar los contratos.
Las resoluciones de Juana Díaz, Vega Baja, Sabana Grande y la legislatura municipal de Humacao subrayan la falta de estudios económicos que muestren los costos y beneficios de privatizar. Advierten que el proceso sigue el patrón de las negociaciones con Luma Energy, ya que no requiere a las empresas invertir de su capital en mejorar las plantas, no incluye penalidades por incumplimiento con estándares de rendimiento y calidad, tampoco garantiza los derechos laborales de empleados públicos y menos favorece la transformación necesaria hacia la energía renovable en techos y almacenamiento.
Como estos municipios, más de 40 organizaciones emitieron resoluciones abogando por dejar el sistema de generación eléctrica en manos públicas y transicionar hacia la energía renovable en techos con almacenamiento.INS
ndc