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Resumen de noticias para el jueves 14 de abril de 2022
P. Rico-Instituto de Sostenibilidad Económica solicita al Negociado de Energía revisar contrato con Luma Energy que crea “inmunidad” ante apagones
San Juan, 14 abr (INS).- El Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica de Puerto Rico (ICSE) ha solicitado mediante moción al Negociado de Energía de Puerto Rico que abra un proceso para examinar la “inmunidad” que se le concedió por vía administrativa a Luma Eenrgy y espacio para que los consumidores puedan expresarse acerca de las consecuencias que crea a la ciudadanía y la economía en general.
Así lo informó Esther Cintrón, directora ejecutiva del ICSE, quien expresó que “la inmunidad representa que ningún tipo de consumidor sería compensado por daños ni por pérdidas que pueda sufrir por la negligencia de Prepa y Luma. Esto pone en un estado de total indefensión a los abonados del servicio y a la ciudadanía en general ya que dicha inmunidad representa un amplio relevo de responsabilidad de parte para Luma y la AEE, y evita la requerida fiscalización y rendimiento de cuentas por su ejecutoria y consecuencias necesarias”.
El 28 de julio de 2021, el ICSE sometió una revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando en contra de dicha resolución de “inmunidad” del Negociado.
El día 10 de marzo de 2022 el Tribunal de Apelaciones emitió sentencia, con el voto afirmativo de dos jueces y uno disidente, y concluyó que el ICSE carecía de legitimación activa o “standing” para que se considerara el reclamo de ICSE de eliminar la inmunidad tanto a Luma Energy como a la AEE.
“Tanto la opinión mayoritaria como la disidente y un voto particular emitidos coinciden en reconocer los méritos de alto interés público del asunto planteado por ICSE y la pertinencia de que exista un foro que los atienda, ya que en esta etapa el Tribunal no podría. Cabe resaltar que los comentarios de la jueza disidente de Tribunal de Apelaciones, Grana Martínez, expone las graves consecuencias de sostener tal inmunidad”, dijo la vocera.
Recordó que “el juez Adames Soto, quien votó con la mayoría (de dos jueces) emitió un voto particular, que indicó: ‘Lo cierto es que, juzgo, debería concederse espacio a una interpretación que facilite la revisión judicial sobre asuntos de tan alto interés público, como el que precisamente se plantea ante nosotros”.
Para Cintrón, la decisión dictada por el Negociado “atenta contra el desarrollo económico y la vida misma de los ciudadanos que residen en Puerto Rico. El avalar esta decisión privaría a las empresas del derecho a reclamar por las pérdidas ocurridas como consecuencia de la negligencia ordinaria de Luma al proveer el servicio de electricidad. Estas situaciones son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de repercusiones que la inmunidad otorgada acarrea sobre el interés público”.
Por su parte, Verónica Santiago, interna legal ambiental del ICSE, dijo que “para lograr justicia energética no podemos regalarle impunidad a Luma ni a la AEE ante actuaciones que afecten directamente el bienestar general. Apoyados en la Ley 17, es deber de todos reclamar al Negociado a Luma y a la AEE en procesos adjudicativos públicos y transparentes, para que revierta su decisión y retire la inmunidad otorgada a Luma que resulta perjudicial al interés público”.
Sostuvo que “ante el apagón general reciente que provocó grandes e inesperadas pérdidas sufridas por los sectores económicos y sociales, surgen las interrogantes de si es Luma o AEE el responsable, quién investigará y cuánto tiempo tomará. Esto representa el momento oportuno para que la ciudadanía acuda al Negociado y ejerza sus derechos otorgados por la Ley 17 de 2019, para reclamar responsabilidad y los costos de seguros que les provean un remedio real”.
Las portavoces se mostraron confiadas en que el Negociado acojerá la petición y abrirá “una discusión transparente de los beneficios y costos de revocar la inmunidad parcial previamente concedida a Luma y a la AEE en sus actuaciones negligentes, tal y como se hace respecto a las responsabilidades de otras corporaciones que brindan servicios al ciudadano”.INS
P. Rico-PIP busca interpelar a la junta de gobierno de la UPR para que responda ante crisis fiscal universitaria
San Juan, 14 abr (INS).- Tras el reconocimiento público de la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en torno a la precariedad fiscal del primer centro docente del país, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció que buscará que la junta de gobierno de la institución educativa “dé la cara y explique” -mediante una sesión especial de interpelación en la Cámara- cuál es el plan y qué medidas están tomando para asegurar los niveles de excelencia académica sin que se atente contra el acceso a la educación y la comunidad universitaria.
“Recientemente en comparecencia ante la Cámara de Representantes, la Presidenta Interina de la Universidad habló de aumentar el costo de la matrícula y de reducir exenciones otorgadas, nómina y beneficios marginales entre otras medidas preocupantes para enfrentar la crisis fiscal. Para nosotros la ruta no puede ser que se atente contra el acceso a la educación, sobre todo de los estudiantes de escasos recursos económicos y, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, otra ‘transformación’ al Sistema de Retiro para continuar destruyéndolo”, expresó Márquez Lebrón.
Agregó que entre las medidas impuestas por el plan fiscal creado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) están el congelamiento de las plazas docentes y no docentes, el aumento de forma exponencial en el costo de los estudios como mecanismo para allegar ingresos a la universidad y una drástica reducción en exenciones y becas a estudiantes y empleados, y de otros beneficios marginales a sus trabajadores.
En el caso de la congelación de plazas de profesores, Márquez sostuvo que “de igual forma atenta contra la universidad porque lo ‘resuelven’ con la abusiva y discriminatoria contratación de profesores a tiempo parcial, con sueldos y beneficios menores”.
El portavoz cameral del PIP precisó que ya sometió la resolución 724 para interpelar a la junta de gobierno de la UPR y que promoverá que se atienda la misma próximamente.
“Tales imposiciones constituyen de por sí una gran contradicción pues han provocado que muchos puertorriqueños no puedan educarse y mejorar sus condiciones de vida, lo que a la vez afecta adversamente una de las fuentes de ingresos concebidas para palear la reducción en las aportaciones del Gobierno Central. Todo esto es consecuencia de las políticas abusivas de la Junta de Control Fiscal que año tras año ha mutilado el presupuesto con la complicidad silente de la Junta de Gobierno de la Universidad”, manifestó el líder independentista.
De acuerdo con el legislador, “tenemos la obligación legislativa y social de defender nuestra Universidad, sus estudiantes, sus profesoras y profesores, sus trabajadores, al hacerlo defendemos sus contribuciones, su presente y su futuro como una institución fundamental en nuestra sociedad”.INS
P. Rico-Junta de Retiro de la UPR se une a solicitud de interpelación a junta de gobierno de institución educativa ante “inestabilidad fiscal” del primer centro docente del país
San Juan, 14 abr (INS).- La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) anunció su respaldo a la resolución 724 de la Cámara de Representantes, presentada por el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, para interpelar a la junta de gobierno de la institución educativa, con el propósito de que presente un plan concreto que mantenga a flote la universidad en medio de la crisis financiera que atraviesa.
“Hemos denunciado en innumerables ocasiones la falta de compromiso de la junta de gobierno con la universidad, una Junta que ha avalado recortes millonarios que ponen en riesgo no solo la educación de excelencia por la que se distingue la UPR, sino su estabilidad completa como centro universitario. Los recientes recortes anunciados, en adición a todas las puñaladas adicionales que por años se le han infligido a la universidad, ponen en riesgo el futuro de miles de estudiantes puertorriqueños, profesores, personal docente y pensionados. Más allá, ponen en riesgo el futuro del país mismo ante la amenaza del derrumbe de nuestro primer centro docente”, expresó el presidente de la Junta de Retiro, Luis Vicenty Santini.
La resolución presentada por Lebrón Márquez surge luego de que la presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz, hablara de aumentos en costo de matrícula y reducción de exenciones otorgadas, nómina y beneficios marginales en comparecencia ante la Cámara de Representantes el pasado mes de marzo.
En su ponencia, Olavarría Cruz también aseguró que los planes fiscales aprobados en los pasados años han puesto en riesgo la estabilidad del sistema UPR.
“La junta de gobierno de la UPR tiene una agenda clara, que es destruir la universidad y, en el caso del Sistema de Retiro, es destruir el único sistema de retiro solvente que tiene el país. Están empeñados en un sistema de contribución definida tipo 401k para los empleados de menos de 10 años de servicio solo para complacer a la empresa privada”, aseguró Vicenty Santini, quien destacó que el Sistema de Retiro de la UPR quedó en quinto lugar a nivel federal en retorno de inversiones, con una ganancia de sobre 700 millones netos.
El funcionario explicó también que la JR-UPR ha acudido a los tribunales en varias ocasiones para hacer valer la decisión histórica del Tribunal de Apelaciones, ratificada por el Supremo, que nombra a la Junta de Retiro como fiduciaria del Fideicomiso del Sistema de Retiro. “Hace apenas tres semanas, tuvimos que radicar otra moción en auxilio del tribunal y por desacato a la sentencia, dado que la Junta de Gobierno continúa entorpeciendo nuestra labor y afectando así los servicios que debemos ofrecer a los participantes activos y retirados de nuestra Universidad”, indicó.INS
P. Rico-Exigen sensibilidad social en manejo del caso de Elianni Bello Gelabert excarcelada bajo fianza
San Juan, 14 abr (INS).- El Centro de la Mujer Dominicana solicitó mayor sensibilidad hacia Elianni Bello Gelabert, excarcelada en la noche de este miércoles tras ser imputada imputada de negligencia por presuntamente dejar a su bebé de tres meses en el patio frontal de la casa del padre biológico, Yon Arias Lugo, de 42 años.
El caso de la madre de 22 años de edad, ha sido manejado por el Estado en forma atropellada y sin ningún grado de sensibilidad, afirmó Romelinda Grullón, coordinadora general del Centro de la Mujer Dominicana.
Bello Gelabert quedará los servicios médicos y sociales que necesite bajo el Centro de la Mujer Dominicana, luego de ser encarcelada hace cuatro días al imponerle una fianza de $50 mil, a pesar de que había sido desahuciada por no disponer de sobre cerca de 550 dólares para cubrir tres meses de renta.
Este caso, que ha provocado una indignación generalizada porque el Departamento de Justicia la trató como a una criminal sin tener en cuenta de que la bebé realmente nunca fue abandonada, según ha trascendido.
El Centro para la Mujer Dominicana se encargará ahora de que Bello Gelabert, una inmigrante sin estatus definido que enfrentó un proceso de desahucio de la pequeña vivienda donde residía alquilada, pueda conseguir hogar y reciba los servicios médicos y sociales necesarios.
Igualmente, la entidad se asegurará que la joven comparezca a sus citas con el tribunal.
Más temprano, el juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, acogió una solicitud del Ministerio Público para reducir la fianza a Bello Gelabert impuesta de $50,000 a $1.00.
El doloroso caso de Bello Gelabert, imputada de negligencia por supuestamente abandonar a su niña de tres meses frente a la casa del padre biológico, ha sido manejado por el Estado en forma atropellada y sin ningún grado de sensibilidad.
A lo que en realidad fue un grito de auxilio de una joven madre atrapada en el círculo vicioso de la violencia de género, de la pobreza, de la discriminación en todas sus formas y del abandono social, el Estado ha respondido solo con la acción punitiva, mediante el inicio de una acción penal, denunció Grullón.
La Colectiva Feminista en Construcción se pronunció en la víspera contra el tratamiento que se ha otorgado a esta mujer inmigrante, por lo que protestó frente al Departamento de Justicia, en Hato Rey.
Grullón manifestó que la madre de esta infante de tres meses presentó múltiples vulnerabilidades económicas, sociales y emocionales que no han sido manejadas desde su justa perspectiva, concurriendo en violencia en su contra por parte del Estado.
Agregó que el Centro se solidariza enteramente con la madre y la menor involucradas. Reconoce que el sistema ha revictimizado a Elianni, al radicarle cargos y encarcelarla por supuesta negligencia, según el Artículo 60 de la Ley 246-2011.
“Es de nuestro conocimiento que mujeres inmigrantes víctimas de las distintas violencias de género, temen acudir a solicitar ayuda por desconocimiento, por temor a que su voz no sea escuchada y, peor aún, a que terminen siendo penalizadas”, destaco Grullón.
La directora del Centro para la Mujer Dominicana puso énfasis en que el caso de estas mujeres inmigrantes sea manejado de una forma comprehensiva, a sabiendas de que “estas se exponen en su diario vivir a diversas manifestaciones de violencia, tales como violencia doméstica, agresión sexual, trata humana, explotación laboral, entre otros tipos de victimización”.
De igual manera, resaltó que ser inmigrantes, con estatus migratorio irregular, negras, pobres y de baja escolaridad, las expone a racismo, xenofobia y violación de sus derechos, experimentando abusos múltiples, entre ellos el derivado de la violencia institucional.
“Desde nuestra organización, y entidades aliadas, ponemos a disposición nuestros servicios para crear un plan de trabajo que fomente soluciones libres de prejuicios y atemperadas a sus necesidades”, sostuvo Romelinda Grullón.INS
P. Rico-Directora del ICF, tras investigación medicolegal, califica de suicidio muerte de oftalmólogo el pasado enero
San Juan, 14 abr (INS).- La directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, informó que tras una investigación medicolegal se determinó que fue suicidio la muerte del oftalmólogo Rafael Ocasio Santa.
“El Instituto de Ciencias Forenses concluyó el pasado 10 de febrero el protocolo de autopsia del oftalmólogo Rafael Ocasio Santa. De la investigación medicolegal se concluyó que la causa de muerte fue una herida de bala y la manera de la muerte se catalogó como suicidio”, indicó Conte Miller.
Además, reveló que “la familia del doctor Ocasio Santa fue notificada así como el Departamento de Justicia”.
El cuerpo del profesional fue encontrado en Bayamón el 27 de enero pasado al interior de una guagua Honda, modelo Pilot.
El vehículo estaba en un pastizal junto a la carretera PR-6.INS
P. Rico-Senadora Rosa Vélez presenta medida para que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor pueda representar a consumidores afectados por apagones
San Juan, 14 abr (INS).- Una medida legislativa sometida por la presidenta de la Comisión de Infraestructura del Senado, Elizabeth Rosa Vélez, busca que la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) represente a los clientes del servicio de energía eléctrica cuando tenga pérdidas asociadas con la falta del servicio.
Una vez aprobada, la medida enmendaría la Ley 57-2014, conocida como Ley de Transformación y Alivio Energético.
“Con esta medida pretendemos que la OIPC pueda representar a un cliente ante el Tribunal General de Justicia o ante los tribunales de la jurisdicción federal en casos relacionados con posibles daños a enseres o alimentos. Esos daños pueden estar relacionados con la interrupción del sistema eléctrico o por fluctuaciones de voltaje, entre otros”, apuntó Rosa.
Añadió que “la medida también busca que la OIPC pueda solicitar la compensación correspondiente. En fin, queremos hacer justicia a los consumidores quienes al final del día son los más afectados”.
La legisladora del Partido Popular Democrático (PPD) repasó las versiones encontradas emitidas tanto por la directora ejecutiva de la OIPC y por el CEO del consorcio LUMA Energy.
“Por un lado, la directora de la OIPC dijo que los consumidores tienen derecho a reclamar por posibles daños y que existe un proceso de reclamación. Y el vicepresidente de LUMA Energy dijo que las personas pueden reclamar alguna compensación por enseres o alimentos pero no necesariamente se les va a resarcir las pérdidas. Estas posturas afectan directamente al consumidor”, dijo Rosa.
Para la senadora es indispensable enmendar el artículo 6.42 de la ley para que sea la propia OIPC la que presente reclamaciones, querellas o recursos legales ante LUMA Energy y pueda participar o comparecer como parte peticionaria o interventora en cualquier acción legal y en representación de los clientes.
La enmienda al artículo dotará de mayores recursos a la oficina para que amplíe sus servicios en beneficio de los consumidores. “El pueblo está cansado de pagar por un servicio que es deficiente y por carecer de recursos que le hagan justicia”, terminó Rosa. INS
ndc