
La tortura, los golpes y el maltrato físico son parte de las acciones atribuidas a los policías dominicanos. Inter News Service
Santo Domingo, 12 abr (INS).- Según un Informe publicado en la página web de la embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional dominicana viola los derechos humanos y comete abusos contra de ciudadanos, al tiempo que cita como problemas significativos de esos excesos, los asesinatos ilegales o arbitrarios, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes y las condiciones penitenciarias severas que ponen en peligro la vida.
En el documento, titulado Informe de Derechos Humanos de la República Dominicana 2021, señala que recibieron “informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos”, como son detenciones e injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.
Sin embargo, aclara que el gobierno dominicano tomó medidas en algunos casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad.
Resalta que se cometieron otros asesinatos ilegales o por motivos políticos y las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de los agentes fueron un problema.
“Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), una organización no gubernamental (ONG), más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021”, dice.
Cita datos aportados por la Procuraduría General de la República de que “hasta octubre la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales. Los medios de comunicación y la sociedad civil reconocieron que muchos casos no se denunciaban debido a la falta de confianza en el sistema de justicia a la hora de presentar cargos”.
Expresa que el 2 de octubre, un agente fuera de servicio disparó y mató a la arquitecta Leslie Rosado después de que ésta a bordo de una jipeta supuestamente lo chocara cuando transitaba en la motocicleta y abandonara el lugar. “El agente fue asistido por un segundo agente, que le ayudó a perseguir el vehículo de Rosado. La Fiscalía de Santo Domingo Este solicitó a la justicia la prisión preventiva de los dos policías y pidió tres meses para completar la investigación. El presidente Luis Abinader asistió al funeral de Rosado, calificó su asesinato de “acto de salvajismo intolerable” y prometió erradicar abusos policiales similares mediante una reforma policial”, agrega el reporte.
Manifiesta, además, que aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y el maltrato físico, existen informes de que miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente policías, llevaron a cabo estas prácticas.
La investigación indica que en ese año “no se denunciaron desapariciones por parte o en nombre de autoridades gubernamentales”.
Afirma que en abril, “los familiares de un joven de La Vega, la cuarta ciudad más grande, informaron a los medios de comunicación de que había sido golpeado por agentes de la policía y abandonado en la puerta de una tienda. A finales de año, las autoridades informaron de que habían investigado el incidente, pero no se disponía de más información sobre sus conclusiones o las medidas adoptadas”.
Añade que la impunidad era un problema dentro de ciertas unidades de esa institución y resalta que el Poder Ejecutivo trabajó para abordar esos casos a través de programas de capacitación para los oficiales de policía, incluyendo cursos especializados sobre derechos humanos incluidos como parte de sus cursos de educación continua.
Apunta que el 6 de abril, el presidente Luis Abinader creó una comisión especial para la reforma policial, cuya vigencia es de un año y otras iniciativas de enmiendas, “como la limitación del uso de la fuerza, la mejora de la formación y de los mecanismos de evaluación del rendimiento, el aumento de los salarios de los agentes y el financiamiento para permitir la compra inmediata de cámaras de cuerpo y de vehículos para garantizar la grabación de todas las acciones” de los uniformados encargados de velar por el orden público.
Otro punto enfocado en el informe se refiere a las condiciones de las cárceles dominicanas y sobre este tema señala que la sobre población sigue siendo un grave problema heredado del viejo modelo.
Agrega que la Dirección General de Prisiones informó de que en octubre había 16.745 presos en las cárceles del modelo antiguo y 10.407 en los Centros de Rehabilitación Penitenciario (CRP). “La Victoria, la más vieja de las prisiones, albergaba a 7.647 reclusos, aunque fue diseñada para una capacidad máxima de 2.011. La población reclusa en todas las prisiones del antiguo modelo superaba su capacidad, mientras que sólo uno de los 22 CRP estaba por encima de su capacidad”.
“En el sistema penitenciario del viejo modelo, los reclusos que eran policías y militares recibían un trato preferencial y eran recluidos en instalaciones separadas, al igual que los reclusos con medios económicos para alquilar camas y comprar lujos”, precisa el reporte. INS
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