
Servio Tulio Castaño Guzmán. / Inter News Service
Santo Domingo, 10 abr (INS).- El director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y justicia (Finjus), abogado Servio Tulio Castaño Guzmán, advirtió hoy que República Dominicana no puede pretender hacer una reforma constitucional sin haber estado precedida de un pacto político, social y jurídico, porque “todo podría terminar mal”.
Dijo que en las modificaciones que han resultado exitosas en el pasado son en las que se produjeron con la intervención de un consenso entre los diversos sectores sociales.
Sostuvo que la actual propuesta que ha hecho en ese sentido el Poder Ejecutivo hay que hacer muchas observaciones, ya que se dan varias contradicciones, porque quita al procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y, sin embargo, le da a ese órgano poder de destituir a quien nombra.
Además, transfiere a una norma “quién va a designar al titular del Ministerio Público, cuando los órganos constitucionales, desde la propia Constitución, hay que establecer quién los va a nombrar”.
Sobre el móvil principal de la independencia del Ministerio Público, que ha planteado el presidente Luis Abinader para las enmiendas a la Constitución de la República, el jurista aseguró que el componente político siempre estará presente.
Sobre este aspecto de la propuesta presidencial, los principales partidos de la oposición, el de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Fuerza del Pueblo anunciaron, el 2 de marzo pasado, su retiro del diálogo convocado por el Poder Ejecutivo, aduciendo que no es el mejor momento para una reforma a la Carta Magna del país.
“¿Tú crees que si el Congreso Nacional es el que va nombrar al procurador, comoquiera que sea el componente político no va a estar presente? La independencia, muchas veces, la define quien ocupa la posición”, señaló.
Castaños Guzmán indicó que “el procurador que sea nombrado y actúe al margen de la ley, partiendo del hecho de que lo quitan si no cumple con lo que un determinado sector quiere, no merece ser el jefe del Ministerio Público”.
Entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral en el programa D’Agenda que cada domingo se difunde por un canal de televisión local, el profesional del derecho recomendó que “es mejor seguir socializando, porque sin esos elementos no es factible”.
Aparte, Castaño Guzmán, quien preside la Comisión de Reforma de la Policía Nacional designada por el gobierno dominicano, reconoció que en los más recientes movimientos que se realizaron en dicha institución fueron pensionados oficiales que no cumplían con el período y los requisitos para disfrutar los beneficios.
“Bueno, ahora en este proceso, más que los que fueron ascendidos, los que fueron pensionados, ha habido muchas quejas, con razón. O sea, nosotros esperamos que una situación como esa no se vuelva a repetir, son quejas fundamentadas, gente que no había cumplido ni siquiera con el período (los años de servicios) o con los requisitos, fueron pensionados”, dijo.
Afirmó que cosas como esas no se pueden repetir, porque eso es lo que se está tratando desmontar, y aseguró que esas eventualidades ocurren “porque faltaban los reglamentos, que ya están listos a los fines de que sean aprobados por el Consejo Superior Policial”.
El reconocido letrado reconoció que si los policías afectados (los que pusieron en retiro) deciden ir a los tribunales, podrían ser reintegrados, pero que el ministro de Interior y el director de la Policía, Jesús Vásquez Martínez y Eduardo Alberto Then, respectivamente, están revisando para que, en aquellos casos, a quienes se le violentaron sus derechos vuelvan a la institución.
“Y tiene que ser así; y aquel que entienda que, habiéndosele violado sus derechos, y en este proceso de revisión entienda que no le han tomado en cuenta esos derechos, ahí está el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso ha sido muy activo en ese sentido”, sugirió el abogado.
Aparte, dijo que no critica que el Ministerio Público pida como medida de coerción la prisión preventiva por cada infracción que cometa un ciudadano, porque los fiscales están adoctrinados para eso, y así se comportan hasta en Estados Unidos.
“A mí lo que me llama la atención es que los jueces, en un 90 por ciento, conceden las medidas que le solicita el Ministerio Público y aquí hay un problema”, alertó el representante de la sociedad civil.
Sin embargo, aclaró que “hay casos en que, por los niveles de peligrosidad, la personalidad de alguien que se le impute un crimen, o en un caso de violencia familiar que se demuestre que esa persona quiso matar a su pareja, en esos tipos de casos soy el primero que apoyará que se conceda la prisión”. INS.
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