Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 25 de marzo de 2022
P. Rico-Peligran acreditaciones, alertan representantes claustrales y estudiantiles en la junta de gobierno de la UPR
San Juan, 25 mar (INS).- La comunidad universitaria alertó sobre el posible impacto en las acreditaciones cuando la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) atienda ayer el plan fiscal que se desarrolló internamente para la institución.
La representante claustral doctora Margarita Villamil Torres advirtió que el plan fiscal no contempla los fondos suficientes para operar la universidad y esto podría poner en peligro la acreditación en otras unidades, alerta que también se le ha hecho al Recinto de Ciencias Médicas.
La representante estudiantil graduada Perla del Mar Rodríguez Fernández destacó que los supuestos en el plan fiscal que se preparó en la UPR están equivocados, pues no presentan suficientes fuentes de ingresos fuera de aumentos a la matrícula y ponen las cargas de ingresos más onerosas en la comunidad estudiantil.
“Los estudiantes tendrán nuevamente que hacer de tripas corazón para costear su educación, tras el aumento en la matrícula. La UPR parece que se aleja de su norte, de ser una pública, de calidad, accesible y asequible”, sentenció el representante estudiantil subgraduado ante la junta de gobierno de la UPR, Eliud Rivas Hernández.
El representante docente Carlos Galiano Quiñones explicó que es muy peligroso continuar estableciendo planes de restructuración institucional con fallas en datos y en estimados.
La comunidad universitaria rechazó el plan fiscal emanado desde el Comité de Finanzas de la junta de gobierno de la UPR. También destacó la importancia de que el plan fiscal contenga un lenguaje abierto sobre los 500 millones planteados en la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra.
Señalaron que será clave revisar el lenguaje sobre el 3% de reclutamiento docente. Inicialmente, la administración universitaria llamó a cada recinto a establecer un proceso de reclutamiento según sus necesidades, pero la nueva versión del plan fiscal solo contempla un 3% a nivel sistémico.
El borrador fue preparado por la Oficina de Transformación Institucional (OTI), que es una oficina de la junta de gobierno de la UPR que dirige los esfuerzos relacionados a las propuestas de eficiencias fiscales.
La OTI recibe servicios de asesoría a través de la firma Bluhaus, que tiene un contrato con la junta de gobierno de la UPR de 900 mil dólares solo para el año fiscal 2022, “cantidad que parece absurda ante las medidas de austeridad que atacan al mayor centro docente del país”, señalan los representantes.
Concuerdan finalmente en que “es insostenible que la institución lleve cinco años estableciendo medidas de reestructuración y aumentos de matrícula, mientras ha sido incapaz de establecer al máximo alguna política que allegue fondos no relacionados a la matrícula”. INS
P. Rico-DRNA sabe del “desastre ambiental” en la reserva Jobos de Salinas desde 2019, asegura Legislatura Municipal
Salinas, 25 mar (INS).- El presidente de la Legislatura Municipal de Salinas, Edgar González Moreno, informó que nuevamente el cuerpo atendió el caso de las violaciones de ley en la Reserva Estuarina y de Investigación Bahía Jobos en Salinas, tras lo cual se aprobó una resolución para exigir al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “acción inmediata al asunto”.
Según González Moreno, la agencia está obligada por ley a aplicar las disposiciones reglamentarias.
La reserva está localizada en el sector Los Indios del barrio Las Mareas de Salinas, donde una denuncia de la representante Mariana Nogales Molinelli dio cuenta de las graves irregularidades en el desarrollo del sector, con construcciones ilegales que han invadido la zona.
La resolución interna 41 de la Asamblea Legislativa de Salinas fue aprobada anoche con el voto mayoritario y exclusivo de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD).
Además, se estará activando una comisión especial para exigir una atención inmediata al asunto y alternativas para la restauración de los recursos naturales.
González Moreno señaló que ya el 25 de marzo de 2019, la Legislatura Municipal de Salinas había realizado una audiencia ocular para documentar las violaciones de ley contra la Reserva, por parte de ciudadanos que habían invadido la zona de manera ilegal.
“Desde esa fecha, conta que la gerencia de DRNA conoce de estas ilegalidades, pues Ángel Dieppa, director de la Reserva, estuvo presente en dicha vista. Específicamente, Dieppa señaló que en efecto ya había destrucción de manglares y relleno de humedales”, declaró el legislador municipal.
Incluso, el pasado cuatrienio, la Cámara de Representantes también realizó una audiencia ocular en la zona, por medio de la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Sur.
Asimismo, recordó que “el DRNA ha sido señalado en su negligencia por las autoridades federales, pues en el Informe Anual del 2018 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, siglas en inglés), se especifica que el DRNA incumplió en la protección del área, permitiendo la invasión ilegal de los terrenos y la construcción de viviendas de veraneo. También les señalaron que estaban incumpliendo con todo lo relacionado a la navegación y pesca de la zona”.
El presidente de la Legislatura Municipal de Salinas señaló además que “nosotros le damos la bienvenida a todas las personas que de buena fe están llegando ahora a defender la Reserva Estuarina y de Investigación Bahía Jobos, pero esta es una situación que no empezó ayer y que llevamos años denunciando. Tanto la Legislatura Municipal como la administración municipal de Salinas hemos estado exigiendo la atención del asunto, sin embargo el DRNA es la agencia estatal quien tiene que actuar y ha estado de oidos sordos”.
P. Rico-Gobernador urge a la JSF a reconsiderar su posición de rechazo al desembolso de 200 millones de la Reserva de Emergencia para subsidiar costo de energía eléctrica
San Juan, 25 mar (INS).- En una carta enviada hoy al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, el gobernador Pedro R. Pierluisi urgió al ente fiscal a que reconsidere su posición sobre la propuesta del gobierno para autorizar el desembolso de no menos de 200 millones de la Reserva de Emergencias Estatal para subsidiar el costo de energía eléctrica a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
“El gobierno evaluará las opciones para continuar optimizando el uso de fondos federales y programas existentes, pero reconocemos que esas acciones son insuficientes para atender adecuadamente esta crisis energética global. Según usted indica en su carta, parece que estamos de acuerdo en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) necesita una inyección de dinero para evitar futuros aumentos en las tarifas de energía eléctrica, sin embargo, diferimos en cuanto a la cantidad y las fuentes de financiamiento”, advirtió el mandatario al reiterar que la solicitud se debe a la guerra y no a insuficiencias operacionales de la AEE.
“Solicito que la Junta reconsidere su posición”, insistió el gobernador al añadir que “el impacto a Puerto Rico no puede ser sobreestimado porque el inesperado aumento en los precios del petróleo que necesitamos para la generación de energía requeriría aumentos tarifarios súbitos y significativos en la AEE para atender esta emergencia”.
Para el primer ejecutivo del país, si hay algo que constituye una emergencia, es esto. La emergencia actual no habrá sido provocada por la naturaleza, pero sus ramificaciones económicas en Puerto Rico son iguales. Sin una inyección de fondos adicionales, los costos energéticos de la AEE, que ya son de los más altos a nivel de todo Estados Unidos, tendrán que aumentar, forzando a que muchos ciudadanos escojan entre mantener las luces de sus residencias encendidas o darles de comer a sus familias – una decisión que nadie debiera tener que hacer”.
De paso Pierluisi enfatizó en que el gobierno no está solicitando un uso incondicional de la Reserva de Emergencias Estatal y aclaró que la JSF mantendría la autoridad y la decisión final de aprobar el uso de cualquier desembolso proveniente de la Reserva.
Asimismo, indicó que de ser necesario el gobierno someterá ante la JSF enmiendas al plan fiscal certificado.
“No aprobar el acceso al Fondo de Reserva de Emergencias ahora expondría a Puerto Rico a efectos económicos negativos que se pueden evitar. El tiempo apremia y actuar ahora nos ayudará a abordar esta emergencia de manera más efectiva”, advirtió.INS
P. Rico-Emplazan a Justicia que demande al FBI para esclarecer asesinato de hijo de Mari Brás
San Juan, 25 mar (INS).- Transcurridos 46 años del asesinato de Santiago (Chagui) Mari Pesquera, hijo del dirigente marxista Juan Mari Brás (1927-2010), su familia emplazó ayer ante su tumba en el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, en el Viejo San Juan, al secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, a demandar al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) la entrega de la evidencia que tiene en su poder para esclarecer este caso.
“Emplazamos al Departamento de Justicia a que aproveche la oportunidad ante la orden emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el sentido de que no se objete la entrega de documentos que se soliciten por la Ley de Libertad de Información (FOIA, siglas en inglés), ya que hay mucha gente involucrada en el complot para matar a Chagui”, dijo Rosa Mari Pesquera a la agencia Inter News Service (INS).
Durante el acto en el camposanto, al que concurrió una treintena de independentistas, como la senadora María de Lourdes Santiago, y de antiguos militantes socialistas, Rosa Mari dijo que en poder del FBI hay mucha información relacionada con este crimen político, que involucró a miembros del exilio cubano en Puerto Rico, muchos de los cuales ya han muerto.
Rosa Mari Pesquera pidió acción del Departamento de Justicia de Puerto Rico, a 46 años del asesinato de su hermano Chagui. Inter News Service
Explicó que mucha de la información que han obtenido es producto de los desclasificad “por bonche”, por lo que han tenido que rebuscar para obtener evidencia de este crimen político ocurrido el 24 de marzo de 1976, con el propósito de perjudicar a su padre por condición de dirigente marxista-leninista y por sus vínculos con la Revolución Cubana, según trascendió en su momento.
“Cuarenta y seis años de dejadez no pueden ser excusa para no investigar un delito que no ha prescrito”, manifestó al reclamar al Departamento de Justicia de Puerto Rico que “se ponga las pilas”.
En este sentido, indicó, debe aprovechar que el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, ha instruido a las agencias federales que al examinar peticiones de acceso a información deben mantener la apertura y la transparencia en la administración de la Ley de Libertad de Información, ya que no defenderán “las decisiones de no divulgación”.
Ratificó en que es un buen momento para insistir en la desclasificación de los documentos que ya se han identificado, además de incluir otros que “sabemos que existen y siempre nos han negado”.
Detalló que entre las excusas esgrimidas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico están que han pasado muchos años, por lo que “esos archivos no existen” o que “el FBI no acepta que entrevistemos a agentes retirados”, lo que ahora carece de sentido ante las expresiones de Garland.
Durante su mensaje ante la tumba de su hermano, donde también reposan los restos de José Rafael (Fefel) Varona, quien murió el 25 de marzo de 1968 en un hospital de Moscú, a causa de las heridas sufridas el 18 de abril de 1967 cuando la aviación de Estados Unidos bombardeó una escuela en una cooperativa agrícola de la provincia de Tan Hoa, en la República Democrática de Vietnam, Rosa Mari Pesquera expresó que el entonces gobernador Carlos Romero Barceló maniobró para que el asesinato no se investigara más allá de la acusación y condena de Henri Walter Coira.
“No tenemos duda, fue el que Coira disparó el arma que lo mató a Chagui”, dijo Rosa Mari, pero era mentalmente incompetente, según el siquiatra que lo evaluó, José R. Vigoreaux, en 1981.
Cuando Coira se declaró culpable, en tan solo 19 días tramitaron el juicio, después que un nuevo panel médico nombrado por Romero Barceló lo declarara apto para ser procesado.
“A Mari Brás, que no le habían notificado del juicio, cuando se enteró pidió audición para la vista de sentencia, lo citaron para el 18 de marzo y su abogada acudió para encontrarse con la sorpresa de que (a Coira) lo sentenciaron el día anterior”, relató.
En 1985, luego de las vistas del Cerro Maravilla y de que el gobernador Romero Barceló perdiera las elecciones, el Departamento de Justicia reabrió el caso a cargo de la fiscal Crisanta Rodríguez y la misma concluyó, sin lugar a dudas, que Henry Walter Coira Story no actuó solo y otras personas participaron del asesinato de Chagui Mari Pesquera.
“Desde ese momento el Departamento de Justicia mantiene el caso abierto. Las administraciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista se turnan en el gobierno, resultando en muy poco avance: el PPD, tímidamente, adelanta algo y el PNP luego lo detiene todo en una secuencia de acciones que anulan el progreso de la investigación”, manifestó Rosa Mari Pesquera.
Sostuvo que “es hora de reanudar con fuerza el trabajo dirigido a obtener justicia por parte de los funcionarios encargados”. INS
P. Rico-Peligran acreditaciones, alertan representantes claustrales y estudiantiles en la junta de gobierno de la UPR
San Juan, 25 mar (INS).- La comunidad universitaria alertó sobre el posible impacto en las acreditaciones cuando la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) atienda hoy el plan fiscal que se desarrolló internamente para la institución.
La representante claustral doctora Margarita Villamil Torres advirtió que el plan fiscal no contempla los fondos suficientes para operar la universidad y esto podría poner en peligro la acreditación en otras unidades, alerta que también se le ha hecho al Recinto de Ciencias Médicas.
La representante estudiantil graduada Perla del Mar Rodríguez Fernández destacó que los supuestos en el plan fiscal que se preparó en la UPR están equivocados, pues no presentan suficientes fuentes de ingresos fuera de aumentos a la matrícula y ponen las cargas de ingresos más onerosas en la comunidad estudiantil.
“Los estudiantes tendrán nuevamente que hacer de tripas corazón para costear su educación, tras el aumento en la matrícula. La UPR parece que se aleja de su norte, de ser una pública, de calidad, accesible y asequible”, sentenció el representante estudiantil subgraduado ante la junta de gobierno de la UPR, Eliud Rivas Hernández.
El representante docente Carlos Galiano Quiñones explicó que es muy peligroso continuar estableciendo planes de restructuración institucional con fallas en datos y en estimados.
La comunidad universitaria rechazó el plan fiscal emanado desde el Comité de Finanzas de la junta de gobierno de la UPR. También destacó la importancia de que el plan fiscal contenga un lenguaje abierto sobre los 500 millones planteados en la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra.
Señalaron que será clave revisar el lenguaje sobre el 3% de reclutamiento docente. Inicialmente, la administración universitaria llamó a cada recinto a establecer un proceso de reclutamiento según sus necesidades, pero la nueva versión del plan fiscal solo contempla un 3% a nivel sistémico.
El borrador fue preparado por la Oficina de Transformación Institucional (OTI), que es una oficina de la junta de gobierno de la UPR que dirige los esfuerzos relacionados a las propuestas de eficiencias fiscales.
La OTI recibe servicios de asesoría a través de la firma Bluhaus, que tiene un contrato con la junta de gobierno de la UPR de 900 mil dólares solo para el año fiscal 2022, “cantidad que parece absurda ante las medidas de austeridad que atacan al mayor centro docente del país”, señalan los representantes.
Concuerdan finalmente en que “es insostenible que la institución lleve cinco años estableciendo medidas de reestructuración y aumentos de matrícula, mientras ha sido incapaz de establecer al máximo alguna política que allegue fondos no relacionados a la matrícula”. INS
ndc