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Resumen de noticias para el jueves 17 de marzo de 2022
P. Rico-Gobernador firma proyecto que aumenta salario base de los maestros
San Juan, 17 mar (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó el proyecto de la Cámara 513, para aumentar el salario base de los maestros del sistema público de enseñanza a 2,750 mensuales, cumpliendo así con uno de sus compromisos con la clase magisterial.
“Reconozco el empeño y el compromiso que tienen las maestras y maestros de la Isla, y que su labor es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, he firmado esta medida que establece el salario base en 2,750 que es consistente con el aumento que ya anuncié recientemente, pues es un paso en la dirección correcta. Como gobierno seguiremos trabajando para continuar haciéndoles justicia”, declaró el primer ejecutivo.
La Ley Especial de Salario Base para los Maestros y Maestras del Sistema de Educación Pública no menoscabará los derechos adquiridos incluyendo los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobación de este estatuto, que haya sido obtenido por negociación colectiva, la reglamentación interna de la agencia o mediante legislación.
Según dispuesto en la ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) anualmente deberán identificar, separar, garantizar y certificar los fondos necesarios para cumplir con esta ley.
El pasado 8 de marzo el gobernador convirtió en la Ley 9 de 2022 el proyecto del Senado 573, que devuelve derechos salariales a los maestros del sistema de educación pública que obtengan una maestría o un doctorado. Dicha pieza legislativa ordena al DE y OGP identificar 4,367,736 dólares provenientes del Fondo General para cubrir en o antes de que culmine el presente año fiscal los pagos adeudados correspondientes al periodo que precede al año fiscal 2014-2015 conforme a la Ley de Carrera Magisterial de 1999.
Aparte de esto, otra de las gestiones de Pierluisi es que a partir de julio de este año los maestros tendrán un aumento salarial de 1,000 dólares con dinero del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias. INS
P. Rico-Movimiento Amplio de Mujeres acusa a Educación de violar el estado de emergencia por violencia de género
San Juan, 17 mar (INS).- El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (Mampr) calificó de “violación” al estado de emergencia en Puerto Rico sobre la violencia de género decretado por el gobernador Pedro R. Pierluisi la promulgación de la carta circular 032-2021-2022 por parte del secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pares.
El documento, que tiene fecha del 10 de marzo, deroga expresamente la carta circular 32-2016-2017 de política pública sobre la equidad de género y su integración al currículo de Departamento de Educación para promover la dignidad del ser humano y la igualdad de todos ante la ley. Las portavoces de la coalición denunciaron que el nuevo documento constituye, además, un acto de “traición” a las organizaciones feministas, defensoras de los derechos humanos y también a las que ofrecen servicios a las sobrevivientes de violencia de género.
Durante casi cuatro años, estas entidades y otros sectores exigieron que se decretara el estado de emergencia para atender, de forma sistemática y con prioridad por parte del estado, la imparable ola de violencia machista, incluyendo un creciente número de feminicidios y transfeminicidios.
Josefina Pantojas, portavoz del Mampr, indicó que “la nueva carta circular, con el pomposo nombre de ‘Política pública sobre la integración transversal del tema ‘la equidad y el respeto entre todos los seres humanos’ en el currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico como un Medio para Prevenir la Violencia y Fomentar el Desarrollo de una Sociedad Sensible, Inclusiva e Igualitaria para el Logro del Bienestar Colectivo’, excluye toda consideración de las desigualdades y la discriminación que enfrentamos las mujeres y personas no binarias”.
Añadió que “estas son el resultado de los estereotipos, expectativas de comportamiento, creencias y asignación de roles, es decir, de la perspectiva de género, que se transmite cultural y generacionalmente y que nada tiene que ver con las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Ni siquiera hicieron un esfuerzo por utilizar un lenguaje inclusivo, sino que es marcadamente patriarcal”.
Aseguró la portavoz que casi al mismo tiempo que se hacía pública la llamada carta circular sobre los valores, “la alta jerarquía del Departamento, incluyendo al secretario Ramos Parés y al subsecretario, participaban en un adiestramiento sobre perspectiva de género que ofrecían compañeras del subcomité de Educación de PARE”.
“La falta de transparencia e hipocresía es tal que ni siquiera les informaron sobre el documento. Tenemos la certeza de que una determinación de tanta envergadura por los efectos políticos que tendrá no fue tomada sin el visto bueno del gobernador Pierlusi. Esta nueva carta no solamente atenta contra los propósitos de la orden ejecutiva que declara el estado de emergencia y que específicamente se compromete a establecer ‘un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, al discrimen y la violencia’, sino que descarrila la educación como herramienta principal para erradicar la opresión que sobrevivimos las mujeres”, afirmó.
La vocera del Mampr exigió al gobernador que respete el compromiso que hizo en su propia orden ejecutiva de viabilizar un currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación. INS
P.Rico-Portavoz del MVC en la Cámara: “Tenemos que cerrar e imponer responsabilidades a AES”
San Juan, 17 mar (INS).- La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, exhortó a la Asamblea Legislativa a atender con urgencia las medidas que buscan cerrar la planta de AES en Guayama, luego de que el presidente de la empresa, Jesús Bolinaga, “demostró que no tiene intención de reconocer ni asumir responsabilidad sobre los daños ambientales y a la salud que ha producido su operación”.
Según la legisladora, “el señor Bolinaga se presentó ayer a vistas públicas con una actitud manipuladora y ofensiva a la inteligencia de los miembros de la legislatura y del país. Evadió contestar las preguntas de la Comisión de Desarrollo Económico, que está investigando la propuesta de transferir la planta a la AEE”.
Nogales Molinelli aseguró que el ejecutivo “tuvo el descaro de decir que nunca se le ha presentado evidencia de que las cenizas de carbón son nocivas para la salud y para el ambiente, cuando llevamos años documentando la alta incidencia de enfermedades causadas por el exceso de metales y sustancias tóxicas en las comunidades aledañas a la planta y en lugares donde se han depositado cenizas ilegalmente”.
“Insistió en que su industria es una altamente regulada, pero obvió mencionar que AES ha violado las reglas repetidamente: depositó cenizas en terrenos y vertederos en al menos 12 municipios cuando estaba prohibido disponer de ellas en Puerto Rico y se le impuso una multa por incumplir con la entrega de documentos relacionados al análisis de aguas y por exceder los parámetros de niveles de contaminación de agua que establece el Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de Puerto Rico”, afirmó la vocera del MVC.
Recordó que AES “tuvo que pagarle al gobierno y a ciudadanos de República Dominicana por las enfermedades y muertes que produjeron las cenizas que depositaron en Arroyo Barril y todavía enfrenta demandas civiles de las familias de trabajadores que murieron”.
Nogales Molinelli expresó que la legislatura tiene ante su consideración una serie de medidas que atienden la situación de AES y los reclamos de las comunidades afectadas por su operación.
“De la información que ha salido a relucir sobre AES durante los pasados años se desprende la impunidad con la que ha operado esta compañía en Puerto Rico siempre. De nada sirve que la industria esté regulada si las agencias concernidas se hacen de la vista larga. El récord criminal ambiental de AES está más que claro y evidenciado, y nos toca detenerlo”, sentenció.
La legisladora presentó la resolución conjunta de la Cámara 268, la cual ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos y al Departamento de Recursos Naturales a tomar las medidas necesarias para cerrar la planta y obligar a AES a limpiar y compensar a Puerto Rico por su contaminación.
También se sometió la resolución conjunta de la Cámara 4, presentada por el compañero Denis Márquez, que ordena realizar un inventario de todos los lugares donde se depositaron cenizas, y la resolución conjunta del Senado 2, de María de Lourdes Santiago, que ya fue aprobada y ordena la realización de un estudio de salud en las comunidades de Guayama.
Además, está el proyecto de la Cámara 829, que aclara y fortalece las regulaciones aplicables al manejo de los residuos de combustión de carbón.
La representante destacó que, lejos de reconocer y aceptar responsabilidad sobre sus acciones, “AES ahora pretende que el gobierno le apruebe un rescate económico y asuma sus deudas con el país”. INS
P. Rico-UPR capacitará gratuitamente a más de 45,000 desempleados y subempleados para promover el trabajo en el país
San Juan, 17 mar (INS).- Con el propósito de promover la capacitación de la fuerza laboral, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (Decep) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Río Piedras, estrenó un programa de capacitación laboral destinado a impactar a 45,000 personas desempleadas o subempleadas en la Isla en un periodo de cinco años.
Así lo anunció Luis A. Ferrao, rector de la institución, quien dijo que “todas las innovadoras certificaciones se ofrecerán de forma gratuita a los participantes”.
El proyecto también fomentará el desarrollo económico y creará empleos al invertir fondos de la subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario-Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) del Departamento de la Vivienda en recursos que faciliten el desarrollo de destrezas a través de la educación, asistencia técnica y mentoría.
“Este proyecto se alinea con el compromiso que, como universidad, tenemos, no solo con la formación académica de nuestros estudiantes, sino también con el bienestar de la sociedad de la que formamos parte. Este es un esfuerzo integral de la academia y el sector gubernamental es una magnífica respuesta a los retos actuales que tenemos en los sectores de empleomanía y desarrollo económico en el país”, expresó.
Explicó que “a través de este programa contribuimos a ese desarrollo poniendo una vez más los excelentes recursos de la universidad del estado a disposición de los ciudadanos de nuestra Isla. A la vez ofrecemos a los participantes nuevas experiencias educativas y de profesionalización, que le permitirán ampliar sus conocimientos que les servirán para alcanzar sus metas laborales así como personales”.INS
P. Rico-Cámara/Evalúan medidas para evitar la corrupción, entre ellas prohibir donativos de dinero en efectivo en campañas políticas
San Juan, 17 mar (INS).- La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inició el proceso de audiencias públicas para atender un bloque de medidas por petición que buscan prevenir diversas prácticas de corrupción en las esferas del gobierno.
Se trata de los proyectos de la Cámara 1012, que propone prohibir los donativos de dinero en efectivo en las campañas políticas; 1013, que impide la contratación de empleados o exempleados de confianza para puestos de carrera hasta no cumplir con un periodo de dos años fuera de la posición; y el 1014, para enmendar la Ley de Reclamaciones Fraudulentas y facilitar que la ciudadanía pueda llevar la corrupción directamente a los tribunales, sin que el gobierno pueda detener el proceso judicial.
Asimismo, también se cuenta el proyecto de la Cámara 1015, que persigue crear un “Hatch Act” en Puerto Rico para regular el nivel de envolvimiento de empleados y contratistas de agencias públicas en actividades político-partidistas, y prohibir que lleven a cabo gestiones políticas durante horas laborables.
Los cuatro proyectos fueron presentados por la organización Somos Más, una entidad sin fines de lucro que se identifica como un grupo de “cambio social y político” compuesto por estudiantes y jóvenes profesionales voluntarios.
“Estos cuatro proyectos no resuelven la corrupción que, como todos sabemos, es el principal malestar que los puertorriqueños expresan cuando le preguntan sobre la situación del país, pero atienden puntualmente unas áreas esenciales y abren una discusión seria que debemos tener como país en este renglón”, expresó el portavoz Johnny Rullán Schimdt.INS
P. Rico-Familia no revisa pensiones alimenticias desde 2014: secretaria admite que “ha tomado más tiempo del previsto” y que deben ser “cautelosos” ante escenario económico
San Juan, 17 mar (INS).- La secretaria del Departamento de la Familia (DF), Carmen Ana González Magaz, admitió que el proceso de redacción de las nuevas guías de pensiones alimenticias, que no se revisan desde 2014, “ha tomado más tiempo del previsto”.
Según González Magaz, el atraso se debe, entre otras cosas, “a los efectos adversos que hemos sufrido tras el paso del huracán María, los terremotos y la pandemia del Covid -19″.
La Administración para el Sustento de Menores (Asume), que depende de Familia, no ha cumplido con su obligación de revisar las tablas desde el 2014, aunque deben hacerlo cada cuatro años.
El paso del Huracán María fue en 2017 y la pandemia del Covid-19 se inició en marzo de 2020.
La funcionaria indicó que, según los datos preliminares que arrojaron los estudios socioeconómicos que la Asume comisionó, la situación económica del puertorriqueño ha sufrido cambios drásticos que les obligan a ser “sumamente cautelosos” a la hora de modificar las pensiones.
Las expresiones de la secretaria se dieron ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que preside el representante Orlando Aponte Rosario y que atiende en el proyecto de la Cámara 1153, para enmendar la “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, a los fines de establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor del 40% del ingreso neto del alimentante.
Familia consideró proyecto excesivamente restrictivo para que la agencia pueda establecer pensiones razonables y adecuadas a la realidad del menor.
“No es justo ni beneficioso establecer un parámetro único a la hora de calcular una pensión, porque, no siempre los números reflejan la realidad”, señaló González Magaz, quien estableció así la posición de la agencia de no endosar la medida 1153.INS
ndc