Resumen de noticias para el viernes, 4 de marzo de 2022

 

P. Rico-AEE asegura ante comisión senatorial que no favorece un impuesto al Sol

San Juan, 4 mar (INS).- La Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador Javier Aponte Dalmau, retomó ayer los trabajos legislativos para continuar con la evaluación del Restructuring Support Agreement (RSA), plan para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en los que citó a la agencia y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

La audiencia pública responde a la resolución del Senado 270, que busca identificar mecanismos para el repago de la deuda de la AEE que no causen aumentos tarifarios al precio de energía.

El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, explicó en su ponencia que “la reestructuración bajo el Título III no resultará en la cancelación de servicios de la deuda de la Autoridad, independientemente del modo de la reestructuración. Quisiéramos enfatizar en que la Autoridad necesita salir del Título III. La salida del Título III mejorará el perfil de riesgo de la Autoridad ante las contrapartes en acuerdos contractuales y mejorará los términos con sus suplidores”.

Colón aseguró que no favorece un impuesto al sol “ni ahora ni en el futuro”.

“Debemos reconocer que los clientes que permanecen conectados a la red eléctrica deben compartir la responsabilidad de los costos asociados a su operación y mantenimiento… Recordemos que toda esta infraestructura servirá a todos los clientes que se mantengan conectados a la red, incluyendo aquellos que tengan métodos alternos para producir su energía. Si un cliente desea autogenerar energía y no aportar a los costos de mantenimiento de la red, la única opción sería que se desconectase por completo del sistema eléctrico”, añadió el funcionario.

Aponte Dalmau cuestionó al funcionario en cuanto al cumplimiento de las métricas establecidas en la Ley 17 para alcanzar un mínimo de integración de energía renovable en el país, a lo que el director ejecutivo dijo que “hay una ley de política pública energética establecida y una Corporación que está haciendo todo lo que está a su alcance junto al Negociado para cumplir con ella, pero la realidad es que lo veo difícil que podamos llegar allá en el mundo real que estamos”.

Otra de las preguntas realizadas por el senador a Colón, fue si habrá algún tipo de transacción con la planta AES.

Al respecto, el funcionario declaró que “no existe ninguna conversación en el presente, ni la habrá en el futuro relacionada con ningún rescate financiero. No habrá ningún tipo de negociación en esa dirección”.

Asimismo, reconoció que “de AES no estar en el panorama, eso pone el sistema de nosotros en un mayor riesgo porque no tendríamos la redundancia”. INS

 

 

P. Rico-Proponen investigar el presupuesto Educación, tras conocerse que agencia gasta siete millones en nómina entre puestos de ayudantes especiales y empleados de confianza

San Juan, 4 mar (INS).- Los representantes Kebin Maldonado Martiz y Jesús Santa Rodríguez presentaron ayer la resolución de la Cámara 689, que propone realizar una investigación sobre los presupuestos del Departamento de Educación durante los años 2019-2020, 2020-2021, y el año en curso, a los fines de identificar los fondos recurrentes para la concesión de un aumento salarial progresivo y permanente para los maestros.

La pieza legislativa pretende evaluar las partidas presupuestarias en el renglón de nómina, tras conocerse que el Departamento de Educación gasta alrededor de siete millones en nómina entre puestos de ayudantes especiales y empleados de confianza.

Algunos de estos salarios alcanzan los 8,000 mensuales.

“Como educador conozco el sacrificio, el sufrimiento y el esfuerzo de los maestros y maestras en Puerto Rico, es por eso que he sido enfático en mi postura sobre el aumento salarial desde que comencé como representante. Ante esto, para poder proponer un aumento escalonado y permanente, es imperativo conocer en dónde y cómo se está gastando el presupuesto de la agencia”, dijo Maldonado Martiz.

La medida se encuentra en la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes para continuar su trámite legislativo. INS

P. Rico-Causa para arresto contra exdirector de Turismo de Barceloneta por causar la muerte de Natalia Ayala Rivera y lesiones a otro joven

Arecibo, 4 mar (INS).- La jueza Ilyana Blanco Maldonado, del Tribunal de San Juan, determinó ayer causa para arresto contra Carlos Julián Maldonado Dávila, exdirector de Turismo de Barceloneta, por causar la muerte de Natalia Ayala Rivera y lesiones a otro joven.

Blanco Maldonado le impuso al sujeto una fianza de cien mil dólares y la vista preliminar fue señalada para el 16 de marzo.

La fiscalía de San Juan presentó ayer tres cargos criminales contra Maldonado Dávila por provocar la muerte de Ayala Rivera y ocasionar lesiones físicas a Carlos Adihl Sosa Bigio, mientras conducía de manera negligente el pasado 4 de enero en la zona del paseo de la carretera PR-18 (expreso Las Américas).

Los hechos ocurrieron a las 11:20 de la noche en el lado izquierdo de la rampa que conecta con la carretera PR-22, conocida como expreso José de Diego, en dirección de San Juan a Bayamón.

La joven, de 20 años, se encontraba cambiando el neumático de la parte delantera derecha de su vehículo junto a Sosa Bigio, de 23 años, cuando fueron atropellados por el vehículo marca BMW que conducía Maldonado Dávila, quien se desempeña como director de Turismo de Barceloneta.

El imputado continuó la marcha, dándose a la fuga y no deteniéndose en ningún momento a auxiliar a la pareja.

A consecuencia de los múltiples traumas corporales sufridos como producto del impacto, la fémina murió al día siguiente en el Centro Médico de Río Piedras.

Mientras, Sosa Bigio recibió atención médica, ya que sufrió traumas en su cadera izquierda y pierna derecha.

Por estos hechos, la fiscalía de San Juan sometió dos cargos al amparo del artículo 5.07 de la Ley 22 de 2000 (Ley de Vehículos y Tránsito), por causar la muerte a la mujer y lesiones físicas al joven mientras manejaba un vehículo de forma imprudente y negligente.

Maldonado Dávila tampoco se detuvo a ofrecer ayuda ni brindó información sobre el suceso a las autoridades, por lo que además se le sometió un cargo bajo el artículo 4.02 de dicho estatuto.

“Las acciones del imputado constituyen negligencia criminal y serán procesadas con rigor por parte del Ministerio Público. No solo atropelló a dos personas, sino que tampoco se detuvo a brindarle auxilio, lo que pudo haber hecho una diferencia en el desenlace de esta tragedia. Nuestro apoyo y solidaridad para la madre y familiares de Natalia Nickole y Carlos Adihl. Les brindaremos todo el apoyo y servicios que requieran durante este proceso”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

La Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia reembolsará el costo de los gastos fúnebres de Ayala Rivera. Además, ambas familias recibirán servicios psicológicos y acompañamiento durante las vistas judiciales. INS

P. Rico-Gobernador asigna fondos para reforzar áreas en el Instituto de Cultura Puertorriqueña

San Juan, 4 mar (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi asignó cerca de 900 mil dólares  al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), para fortalecer los Programas de Arqueología y Etnohistoria al igual que el de Patrimonio Histórico Edificado.

Pierluisi explicó que ambos programas tienen un importante rol en la implementación de la Ley 161 de 2009 (Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico).

Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el ICP se ha visto imposibilitado de reclutar personal adicional para laborar en estos programas.

“Los fondos asignados provienen de la reserva de la primera fase del Programa de Rescate Cultural creado por el Gobierno con los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, siglas en inglés) y permitirán que el ICP pueda reclutar arqueólogos, conservacionistas y personal de apoyo adicional por los próximos tres años”, dijo Pierluisi.

Además, afirmó que “con esta asignación buscamos que el Instituto pueda contar con procesos ágiles, certeros y transparentes para la presentación, tramitación y evaluación de los permisos bajo su jurisdicción. Esto será de beneficio tanto a los proyectos gubernamentales de reconstrucción de Puerto Rico, como en proyectos privados que deben ser evaluados por el ICP por virtud de ley y reglamento”.

El director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés, indicó que estos fondos “respaldan la misión del ICP para la conservación patrimonial, añadiendo nuevo personal transitorio a través de nuestros programas de Arqueología y Etnohistoria y del Patrimonio Histórico Edificado. De este modo, podremos contar con nuevos arqueólogos, arquitectos y oficiales de permisos para la supervisión y evaluación de proyectos en zonas históricas y sitios arqueológicos. Añadiendo mayor agilidad en los procesos de endosos en permisos de construcción entre otras”.

El Programa de Arqueología y Etnohistoria ofrece orientación a la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio arqueológico, dando asesoría o consultas a proponentes de proyectos de construcción que quieran conocer con antelación las posibilidades arqueológicas que se pueda tener en el área interesada en desarrollar.

En tanto, el Programa de Patrimonio Histórico Edificado, identifica, protege, conserva y regula los sitios y zonas históricas que representan o reflejan la historia social, económica, cultural, política o arquitectónica de Puerto Rico, para el desarrollo cultural, económico y del turismo, el disfrute y el bienestar general de la comunidad para la investigación y educación.

Asimismo, asegura que los usos del terreno propicien la conservación del contexto histórico-cultural. De igual forma, orienta, asesora y educa sobre la importancia del patrimonio histórico edificado y la restauración de edificaciones de valor histórico, los gobiernos, a estudiantes y al público en general.

En agosto del año pasado, el gobernador anunció la distribución de 50 millones de fondos ARPA para apoyar la liquidez financiera de instituciones culturales y fomentar la economía naranja. INS

P. Rico-Contraloría detecta deficiencias en operaciones fiscales del municipio de Naranjito, que afronta además 15 demandas civiles por más de 11 millones de dólares

San Juan, 4 mar (INS).- La Contraloría de Puerto Rico detectó irregularidades en las operaciones fiscales de Naranjito.

El informe revela que el 18% de los comprobantes examinados, emitidos del 2017 al 2018, no tenían orden de compra.

Las órdenes se prepararon y registraron hasta seis meses después de recibidas y facturados los servicios relacionados con el pago de material eléctrico, servicios artísticos y la compra de equipo.

“Esta situación impide mantener un control eficaz de las asignaciones presupuestarias y propicia que se incurra en sobregiros”, señaló la Contraloría.

La auditoría señala también que el alcalde no presentó los informes reglamentarios dentro de los 15 días luego de su regreso de viajes realizados a Florida, Hawaii y dos a Washington.

Tras la solicitud de los informes de viaje y transcurridos hasta dos años luego del viaje, una secretaria y un ayudante ejecutivo del alcalde, que no habían participado en los viajes, entregaron los informes a los auditores de la Contraloría de Puerto Rico.

Para la Contraloría, “esta situación privó a la Legislatura Municipal, el tener a su disposición información sobre las actividades de los viajes en el tiempo requerido”.

Igualmente, los auditores de la Contraloría hallaron que no existían normas ni procedimientos escritos para la conservación de los documentos; tampoco había un inventario, un plan de retención, ni la administradora de documentos velaba por la conservación en todas las áreas.

Las cuatro áreas designadas para archivar los documentos públicos no tenían suficientes anaqueles, no contaban con equipo de control de humedad ni sistema de alarma contra incendios.

El informe comenta además que, al 31 de diciembre de 2019, estaban pendientes de resolución en los tribunales, 15 demandas civiles por 11,729,598 dólares.

El informe de Naranjito cubre el periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2019. INS

ndc