Resumen de noticias para el viernes 11 de febrero de 2022
P. Rico-Senado aprueba elevar salario base de los maestros del sistema público a $2,750 mensuales y a $2,500 para los Bomberos
San Juan, 11 feb (INS).- El Senado de Puerto Rico aprobó durante la Sesión Ordinaria de ayer el Proyecto de la Cámara 513, que establece la “Ley Especial de Salario Base para el Magisterio del Sistema de Educación Pública”, a los fines de disponer que el salario base de los maestros comenzará en $2,750 dólares mensuales.
La medida tiene el propósito de promover la retención en el empleo de las maestras y maestros, y hacerle justicia salarial, al tiempo que establece una estructura legal para salvaguardar los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales obtenidos con anterioridad a la aprobación de este estatuto y establecer las responsabilidades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
La presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, senadora Ada García Montes, expresó que se atendió la medida “y estamos listos para que sea evaluada… Esta Asamblea Legislativa tiene la obligación de atender el reclamo del aumento salarial”, que le hará justicia a los docentes.
La senadora Migdalia González Arroyo sostuvo que “me he unido a sus reclamos en los pasados días, particularmente a las manifestaciones en el distrito Mayagüez-Aguadilla… resulta imperativo que asumamos su defensa y les hagamos justicia salarial”.
“Esta medida representa la base para la construcción de una mejor sociedad y tenemos la obligación de fortalecerla”, adujo.
El senador Rubén Soto expresó que “antes habían 2,522 escuelas, ahora hay 1,756…es momento de tomar acción y una decisión que quizás no es la mejor para los maestros, pero es un aliciente”.
Igualmente, el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se expresó a favor y manifestó que “este es un proyecto que empieza hacerle justicia al magisterio, pero queda mucho por recorrer… yo creo que es bueno decirle a todos los trabajadores que el ejemplo de los maestros, es que la lucha y resistencia funciona. Ellos son los que han logrado todo esto”.
En iguales términos se manifestó la senadora Ana Irma Rivera Lassén, también del MVC, al argumentar que los docentes “no están pidiendo salarios que les garantice una vida opulenta, lo que están pidiendo es un salario y retiro digno”.
El senador William Villafañe Ramos, del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que “a final de cuentas el que merece crédito es el maestro, que con su dedicación a los estudiantes forja el Puerto Rico del futuro y lucha día tras día con la desinformación y estereotipos”.
“Su salario quedó rezagado hace décadas; no es para menos que todos en nuestra sociedad estemos de acuerdo que el magisterio merece el reconocimiento y justicia salarial. Hacemos hoy un reconocimiento hacia ellos”, apuntó.
Mientras, el senador Thomas Rivera Schatz, también de la delegación del PNP, expresó que “cuando venga el presupuesto a la Asamblea Legislativa se puede exigir que se cumpla con esto y si el Gobernador lo vetara nosotros podemos ir por encima del veto, pero ya el dijo que lo va a firmar”.
La senadora independentista María de Lourdes Santiago manifestó que “esta medida es importante y la discusión generada por los sectores es importante. Celebramos este aumento”.
Por otra parte, la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, se expresó en contra porque “en este proyecto no se identifican las fuentes de dinero para cubrir este aumento. Sinceramente esto parecería un chiste de mal gusto. Este es el resultado de un trabajo legislativo deficiente”.
En la sesión del Senado se aprobó, además, el Proyecto del Senado 441 para crear la “Ley para crear un salario base a los Bomberos” a los fines de establecer un salario base para el Cuerpo de Bomberos de $2,500 dólares mensuales.
El senador Ramón Ruiz Nieves, uno de los autores de la medida, sostuvo, que luego de hacer un recuento del tracto sobre la pieza legislativa, que “hemos escuchado a los integrantes del Cuerpo de Bomberos solicitando justicia salarial… Es por ello que pedimos un voto de confianza para avalar esta medida”.
También, fueron aprobados los Proyectos del Senado 229, 598, 631, 636 y 672. Las Resoluciones Conjuntas 159 y 196; las Resolución Concurrente del Senado 11 y las Resoluciones del Senado 360 y 474.INS
P. Rico-Acusan que la JSF busca privar a los exempleados de la AEE de sus derechos adquiridos bajo su Sistema de Retiro
San Juan, 11 feb (INS).- Luego de la presentación y revisión de la resolución conjunta de la Cámara 278, el representante Luis Raúl Torres Cruz afirmó que las intenciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son privar a los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de los derechos adquiridos bajo el sistema de retiro de esta corporación pública.
“Luego de evaluar detenidamente lo expuesto en esta resolución, me resulta obvio que la intención de la Junta es privar a los empleados de la AEE que pasaron a trabajar a otras agencias mediante el proceso de movilidad, de su derecho adquirido para jubilarse del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE (SREAEE). Esto es lo que se puede interpretar de lo que se establece en la sección 11 de la medida 278”, sostuvo el legislador.
Según el presidente de la Comisión De Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara, el proyecto 278, además de disponer la inclusión en el presupuesto general de gastos del gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2022 una asignación presupuestaria de 23,187,805,819 para los pagos establecidos en el plan de ajuste confirmado por el Tribunal Federal de Quiebras bajo el Título III en cumplimiento de las disposiciones del estatuto federal conocido como la Supervisión de Puerto Rico, la Ley Promesa, levanta una alerta referente a lo dispuesto en la sección 11 de esta pieza legislativa.
Torres Cruz explicó que “la sección 11 está relacionada con el SREAEE, ya que dispone que los fondos que tiene la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para ser asignados al fondo de pensiones de los empleados de la AEE, solo serán liberados después de que Aafaf proporcione, a satisfacción de la Junta, una opinión legal formal por escrito que identifique la base legal sobre la cual los exempleados de la AEE transferidos al gobierno central pueden continuar participando en el Sistema de Retiro, en lugar de estar inscritos en el plan de Contribución Definida de la Ley 106 del Estado Libre Asociado, incluida la capacidad u obligación del gobierno de asumir las contribuciones patronales de la SREAEE para los empleados movilizados”.
“Al revisar el lenguaje de la Ley 120 de 2018 resulta claro que los empleados de la AEE que fueron movilizados a otras agencias, así como los que pasen a ser empleados del o los contratantes de las transacciones de la AEE, conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley, a los cuales estuvieren acogidos antes de la aprobación de esta ley. Por ende, no hay razón para que la Junta pretenda atentar en contra de los derechos adquiridos de estos trabajadores”, expresó el Legislador.
Ante esto, Torres Cruz, indicó que “le solicitará al presidente y a los miembros de la Cámara de Representantes que no se le dé paso a la sección 11 de la RCC 278 y que no se le permita a la JSF ni a la Aafaf abrir esta puerta hacia la posibilidad de ir contra la Ley 120 de 2018 y privar a los empleados de la AEE, que fueron transferidos, en contra de su voluntad, a otras agencias del gobierno, más aún cuando su razón primordial para someterse al proceso de movilidad fue precisamente salvaguardar sus derechos adquiridos en el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE. Esto constituiría un acto ilegal en contra de estos empleados”.INS
P. Rico-Múltiples irregularidades en manejo de vehículos oficiales y tarjetas de gasolina en el DRD
San Juan, 11 feb (INS).- La Oficina del Inspector General(OIG) identificó irregularidades que inciden sobre el uso de flota de vehículos oficiales y uso de tarjetas de gasolina en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD).
Como parte de un examen realizado por la OIG, se desprenden once hallazgos en los que se resaltan deficiencias relacionadas con el uso de las tarjetas de combustible y con los informes de consumo de gasolina, diésel y aceite; falta de gestiones de cobro de las reclamaciones pagadas por el seguro por accidentes de tránsito; deficiencias relacionadas con la rotulación y uso de tablilla de los vehículos oficiales, entre otros.
Según se detalla en el informe de examen se encontró que, en la muestra evaluada sobre el uso de tarjeta de combustible asignada a una maquinaria, fue utilizada para comprar combustible por $1,165.11 para un vehículo oficial no autorizado del 1 de mayo al 30 de junio de 2021.
De otra parte, surge que en siete oportunidades se echó combustible a un vehículo en más de una ocasión en un mismo día y que el tiempo transcurrido entre estas transacciones fluctuó entre 2 minutos a 2 horas.
Las transacciones representaron un total de $718.98; además, en dos ocasiones se cambió el aceite dos veces en un mismo día a dos vehículos, lo que ocasionó desembolsos por un total de $187.80.
También se identificaron 27 incidencias en las que no se registró la transacción en el informe de combustible del DRD por un total de gasto de $1,481.16.
De una muestra de diez vehículos seleccionados, cuatro no estuvieron en uso durante el período de examen debido a que tres estaban dañados, y uno estaba detenido porque no tenía marbete por falta de pago de multa.
De los seis vehículos que estuvieron en operación el gerente no preparó los Informes Mensuales de Consumo de Gasolina, Diésel y Aceite.
Surge de los hallazgos se expidieron multas por violaciones a la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por estacionamiento en vías públicas, marbete vencido y luz de tablilla.
El DRD confirmó que el conductor utilizó el vehículo para realizar gestiones oficiales, sin percatarse que tenía el marbete vencido, por lo que le expidieron multas por marbete vencido y estacionamiento.
En otro de los hallazgos surge que, se identificaron deficiencias relacionadas al registro de 110 vehículos de motor del DRD, el cual mostró una diferencia de 15 unidades que no estaban incluidas en el Registro Electrónico de la ASG.
Debido a que la flota de vehículos oficiales se encuentra bajo custodia de la ASG y conforme al acuerdo de colaboración suscrito entre la OIG y la ASG, el informe de examen fue remitido a esa entidad para que se evalúe y proceda de conformidad a los reglamentos y normativas vigentes, respecto a las irregularidades identificadas en el manejo de flota de vehículos oficiales, uso de tarjetas de gasolina, así como la disposición de los vehículos oficiales que se encuentren inoperantes.
Otros hallazgos del informe de examen serán referidos, a la Oficina de Ética Gubernamental para que evalué si se infringieron las disposiciones de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, por parte de funcionarios públicos.
La información se mantiene confidencial en cumplimiento con la Ley y reglamentos aplicables, para no afectar el curso de investigaciones futuras.
El examen cubrió el período del 1 de enero de 2020 al 27 de agosto de 2021.En algunos aspectos se examinaron transacciones, documentos y operaciones de fechas anteriores y posteriores.
El examen fue realizado en conformidad a las facultades conferidas en la Ley Núm. 15-2017, según enmendada y conocida como la Ley del Inspector General de Puerto Rico. El informe OIG-E-22-011, se encuentra disponible en la página www.oig.pr.gov. INS
P. Rico-Tras negarlo tres veces, la Policía admite que hubo heridos graves en 2021
San Juan, 11 feb (INS).- Después de haberlo negado enfáticamente en una moción el martes 8 de febrero, ayer la Policía de Puerto Rico tuvo que aceptar que hay casos de disparos y heridos graves provocados por agentes estatales contra ciudadanos en el primer semestre de 2021.
La Policía tendrá que entregar a Kilómetro 0 los datos de las personas muertas, heridas de gravedad o mutiladas en el año 2021 que, en entregas pasadas, ha insistido en ofrecer en blanco. Esto tras una vista de cumplimiento que el juez Anthony Cuevas citó para ayer miércoles en el caso Kilómetro 0, Inc. versus Pesquera.
Tras haber denunciado públicamente que la Policía insistía en esconder a las personas muertas y heridas por uso de fuerza policial en 2021, Kilómetro Cero presentó el pasado 19 de enero una moción en el Tribunal Superior de San Juan, solicitando se exigiera a la Policía proveer la información como parte de los documentos que ha estado entregando a raíz del pleito.
En dos entregas consecutivas a partir de la decisión del Tribunal Supremo, la Policía había entregado en blanco el documento donde se supone revelase la información básica de los casos de personas que han muerto por uso de fuerza policial en 2021, así como aquellas que sufrieron heridas graves o mutilaciones.
Aunque la defensa de la Policía había insistido en que la tabla estaba en blanco porque en ese período de 2021 no había incidentes de uso de fuerza que hubiesen provocado heridas graves, ayer en el Tribunal dos testigos de la agencia tuvieron que aceptar que sí los hay y que no los incluyeron porque “todavía están bajo investigación”.
“La información sobre a quiénes, cómo y cuándo la Policía ha herido o matado no está sujeta a criterios de confidencialidad por investigación, como lo están los informes de uso de fuerza”, explicó Mari Mari Narváez, directora de Kilómetro Cero, al finalizar la vista.
Agregó que “esta información sobre a quiénes la Policía mata o hiere de gravedad, dónde, cómo y cuándo es información que como regla general se comparte incluso con la prensa al momento en que ocurre, aunque debemos señalar que en los primeros 10 meses del año 2021 la Policía informó sobre heridas, más no así sobre muertes. Eso nos ha preocupado extraordinariamente, pues el promedio anual de muertes es de 10 casos”.
“Nos consterna que, a estas alturas del año 2022, tras haber acudido al Tribunal Supremo y haber ganado este caso, todavía no sepamos a qué personas el Estado mató o hirió de gravedad en el año 2021. Esa información no está sujeta a criterio alguno de confidencialidad. Es información que se nos ha brindado antes y tiene que ofrecerse al momento”, añadió Mari Narváez.
En otra de las controversias actuales en el cumplimiento del caso, el juez Cuevas decidirá si los informes de uso de fuerza que según la Policía permanecen en “investigación”, tienen que ser entregados a Kilómetro 0. La organización argumentó que todos los informes bajo alegada investigación ya cumplieron el término de 45 días que la agencia dispone para este proceso.
Al ordenar la divulgación de los Informes de Uso de Fuerza que preparan los agentes del Negociado de la Policía, el Tribunal Supremo advirtió al Estado que su gestión debe estar “sometida al más estricto escrutinio público, sólo limitado por intereses apremiantes de confidencialidad y no por la conveniencia, el capricho y el deseo de no divulgar información que afecte su imagen pública”. INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias